Opinión

En base a los derechos que nuestra Constitución le confiere a todo ciudadano en el Estado Social y Democrático de Derecho que impera en nuestro país, las libertades públicas y, para este caso, el derecho a la libre asociación y sindicalización, son realidades que se ejercen sin temor a persecuciones o represalias por parte del Estado o gobierno de turno.

En uso abusivo de los referidos derechos, cuatro sectores de la sociedad, libremente organizados, con frecuencia y ante cualquier menudencia o reclamo de supuestas reivindicaciones que no se les complazca con “la rapidez y en la magnitud solicitada” recurren al “sambenito” método de las huelgas temerarias.

Esos huelguistas no valoran las consecuencias o efectos sociales de sus acciones. Tampoco toman en cuenta a los sectores sociales que serán, directamente, los perjudicados.

El sabio y prudente mensaje que nos enseña que “entre las naciones como como entre la gente, el respeto al derecho ajeno es la paz” es totalmente inexistente o ignorado por los autores materiales e intelectuales de las huelgas temerarias.

Sin muchas maromas, todos saben que nos referimos a las prácticas desaprensivas que los dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), las federaciones de sindicatos de choferes y los gremios de profesores y de empleados de la UASD (FAPROUASD y ASODEMU) realizan, cuyas negativas consecuencias impactan, principalmente, contra los sectores sociales más vulnerables y necesitados de nuestro país.

Para esos cuatro sectores, la huelga es el primero y último mecanismo para gestionar sus reivindicaciones. El diálogo y las negociaciones las utilizan como simples propagandas y presencias mediáticas.

Ese uso abusivo e inadecuado de los derechos y libertades que nos concede el sistema democrático que disfrutamos tiene que ser superado. Ya nos tienen hastiados y se corre el alto riesgo que, de no corregirse a tiempo y mediante mecanismos institucionales, la población se vea empujada a asumir la defensa de sus derechos y, por sus propios medios y procedimientos, decida poner un “basta ya” a las huelgas temerarias que, en forma indolente, promueven esos cuatro sectores en la R. Dominicana.

Con una actitud totalmente contraria a las conductas politiqueras de los referidos cuatro sectores, el Poder Ejecutivo cumple con sus compromisos, responsabilidad social, con la Constitución (Art. 128, acápite g), la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12 y la Ley de Educación Nacional No. 66-97 (4% del PIB), al depositar en el Senado de la República, el pasado 29 de septiembre, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2018.

Veamos: Con ese Presupuesto, el Presidente Danilo Medina manifiesta, una vez más, su coherencia política, buena práctica gubernamental y positiva disposición para cumplir con el propósito de seguir motorizando el progreso, la modernidad del país y hacer significativos aportes para saldar la añeja deuda social que, todavía, afecta y excluye a los sectores sociales más vulnerables.

Lo anterior se comprueba al examinar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2018 y la verificación de estos importantes datos:

En el monto de RD$816,565.3 millones de este Presupuesto, un 11.7% superior al del 2017, se incluyen significativas partidas para nuevos ejes del Programa de Gobierno en materia de pobreza, medio ambiente, tecnologías de la información y da continuidad a las políticas de desarrollo en los sectores de educación, salud, seguridad ciudadana y apoyo a los sectores productivos con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresas.

Es digno destacar la asignación de RD$152,765.4 millones para la educación preuniversitaria, lo cual representa un incremento de 9 mil 766.3 millones con relación al 2017. Para el Ministerio de Salud y Asistencia Social se asignan RD$78,381.4 millones, para ampliar la cobertura del régimen subsidiado de la Seguridad Social, incluyendo personas con discapacidad, y se contemplan RD$11 mil millones para continuar la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria.

También en el Presupuesto para el 2018 se contempla el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica mediante la proyección de un crecimiento de 5.0% del PIB real y una inflación promedio de 4.0%, lo cual es de gran trascendencia porque contribuye, real y efectivamente, con el clima de paz social, libertades y estado de derecho que disfruta el pueblo dominicano.