Opinión

Con propósitos no claros ni confesados, desde la Junta Central Electoral (JCE) se filtró a los medios de comunicación un “informe técnico” (sin ser aprobado por el Pleno) sobre los escáneres que fueron adquiridos para realizar el registro de concurrentes y del escrutinio de los votos del proceso electoral del 15 de mayo del 2016.

Las pasadas elecciones, desde el 1994, resultaron ser las más compleja de todas cuantas se habían efectuado. En esos comicios se votó por los candidatos presidenciales, a las cámaras de diputados y senadores y también para escoger a las autoridades de los municipios y distritos municipales.

A los fines de esta breve exposición, es preciso recordar tres importantes acontecimientos que precedieron esta “nueva situación”, creada por los actuales miembros de la JCE en torno a las ejecutorias de la anterior JCE:

Mediante la Resolución No. 02-2017 del 7-2-17 la nueva JCE pretendió anular la Resolución de la JCE anterior que establecía el orden o posición en que quedaron los 26 partidos que participaron en las pasadas elecciones, en especial asignar el tercer lugar al PRSC en sustitución del PRD. Lo cual fue recurrido ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que “desestimó dicha Resolución por improcedente, mal fundada y carente de base legal”.

Quien dirigió la elaboración del informe técnico que cuestiona los equipos tecnológicos adquiridos en la pasada administración de la JCE es el actual titular de la Dirección de Informática de la JCE, que hace seis años tuvo agrias diferencias con la pasada gestión del organismo, por las cuales se tuvo que desvincular de la JCE.

Que, a solicitud de los actuales miembros de la JCE, la Cámara de Cuentas había enviado los resultados preliminares sobre el proceso de adquisición y funcionamiento de los escáneres, a los que la actual JCE presentó réplica en base al “informe técnico” elaborado por el “funcionario” supuestamente humillado por sus anteriores jefes.

Independientemente, de la posibilidad de recurrir ante un arbitraje internacional para determinar la viabilidad de pagar más de 13 millones de dólares que restan por saldar dicha compra, han surgido tres cuestionamientos:

1.- Con este informe, le están dando “base” a la supuesta ilegitimidad que grupúsculos de oportunistas argumentan contra los resultados de los pasados comicios, los que se alcanzaron de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución, con transparencia y respetando los procedimientos democráticos.

2.- La “recomendación del referido informe del técnico” para desestimar el uso de los equipos tecnológicos que costaron 39.7 millones de dólares, porque ya son “inútiles”, significa que “habría la necesidad de hacer otras compras similares” para el escrutinio de los votos del 2020?

3.- Estas escaramuzas e inoportunas bellaquerías serán productos de malquerencias, resentimientos y retaliación de los actuales miembros de la JCE contra sus antecesores?

Ojalá que la JCE electoral comprenda sus verdaderas funciones y asuma con total entereza sus responsabilidades ante el pueblo que les paga y, en lugar de estar tirando piedras contra el pasado, se dedique a cumplir con sus deberes y proceda a trabajar para crear las condiciones que permitan que, en el 2020, los dominicanos vuelvan a ser protagonistas de unas elecciones democráticas, libres y transparentes, para lo cual fueron designados.