Opinión

Sequía y cambio climático

La sequía se presenta como uno de los principales retos derivados del cambio climático, fenómeno definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), en su artículo 1, como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.

De manera general, el cambio climático se manifiesta por el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre y de la temperatura oceánica, la disminución de extensión de nieves y hielos, el aumento de los eventos extremos de la naturaleza (huracanes, tornados, inundaciones, sequías, etc), y la acidificación oceánica.

De acuerdo al documento “Cambio climático 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad”, el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad. Además, el cambio climático ha afectado la producción de trigo, maíz, arroz y soja, comprometiendo la seguridad alimentaria mundial.

Los estragos que causa la sequía, especialmente en la producción de alimentos, ha puesto de manifiesto la necesidad de prestar especial atención a estos eventos climáticos que, aunque históricamente se producen de manera ocasional, ejercen una notable influencia, por la demanda cada vez mayor de agua, alimentos y energía de una población mundial en desordenado crecimiento.

En los Estados Unidos, Bolivia, Brasil, se han registrado fuertes sequías. Las autoridades panameñas, el 8 de septiembre de 2015, establecieron restricciones a los buques para transitar por la ruta interoceánica del Canal de Panamá, debido a la sequía que afectaba la cuenca del canal.

Datos científicos señalan que a partir de mediados del Siglo XVIII (1750), el globo terráqueo se ha estado calentando y que durante los siglos posteriores, este proceso se ha agudizado en la medida en que se han incrementado los gases de efecto invernadero. Estos gases, producidos por las actividades humanas, en especial las labores de la industria petrolera y del carbón, representan la mayor dificultad y amenaza al medio ambiente, ya que causan la erosión de la capa de ozono y el calentamiento de la tierra, lo que contribuye de manera directa con los cambios climatológicos.

Un estudio elaborado por el economista y catedrático británico Nicholas Stern, denominado “La Economía del Cambio climático”, auspiciado por el gobierno británico, señala que si los países no asumen un compromiso para disminuir los efectos del cambio climático, las pérdidas de la producción mundial rondarían el 20% anual. Es decir, las pérdidas económicas serían equivalentes al Producto Interno Bruto (PIB) de la Unión Europea, conformada por 28 países, que en el año 2017 representa el 20.05% del PIB del mundo. “Esto tendría unos impactos económicos más graves que los producidos por la gran depresión de la década de 1930 y las dos guerras mundiales sumadas”, señala Stern.

De su parte, Robert Mendelsohn de la Universidad de Yale y experto en economía forestal, explica en un estudio realizado, a propósito de los efectos económicos del cambio climático, que los agricultores, que necesitan de la lluvia para producir, tendrían pérdidas por el orden de “95 dólares por hectárea por año”, por grados centígrado de calentamiento. En los países ricos, producto del cambio climático, los desastres naturales afectarían a una de cada mil 500 personas; y en los países pobres, a uno de cada 69 habitantes.

La República Dominicana no escapa a estos fenómenos naturales que afectan el uso y consumo de agua y obliga a restringir y adoptar una serie de medidas, para promover el uso eficiente del preciado líquido.

En el año 2015, la sequía generó grandes preocupaciones y la pérdida de alrededor de 200 mil quintales de arroz en la línea noroeste, siendo los municipios más afectados Castañuelas, Villa Vásquez y Mao Valverde.

De igual manera, los productores de la zona sur mostraron preocupación por la falta de agua para el riego de sus cosechas, lo que puso en peligro la producción de una de las zonas más importantes en el cultivo de granos del país. En ese tenor, el Observatorio Nacional del Agua, encabezado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y que agrupa a instituciones relacionadas con el sector como la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y Santiago (CAASD y CORAASAN), el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), informó en el 2015, que aunque la presa de Valdesia experimentó un aumento en la disponibilidad del volumen de agua, continuarían la racionalización a los productores de Bani, quienes se suplen de ese embalse.

La gestión efectiva y responsable del agua debe ser, hoy más que nunca, un tema relevante en la formulación de las políticas públicas con miras a una mejor administración de los recursos naturales. La Constitución dominicana, en su artículo 15 referente a los recursos hídricos especifica que “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.”
En el mismo orden, la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) establece una serie de objetivos, líneas de acción y metas relacionadas con la gestión eficiente del agua. La END se plantea como objetivo garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo como meta que para el año 2020, el 100% de la población cuente con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda.

La END propone dos reformas relacionadas con la gestión del agua: primero, la creación de un sistema de vigilancia sanitaria para la calidad del agua de consumo, que permita actuar de manera preventiva y correctiva sobre los riesgos a la salud asociados al agua, se diseñará y pondrá en operación, en un plazo no mayor de 10 años integrando a todos los acueductos del país, independientemente de la naturaleza del prestador; y, segundo, el diseño, aprobación e implementación de la reforma del sector agua y saneamiento en un plazo no mayor de 5 años.

Actualmente, la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de la República estudia varias propuestas relacionadas al tema de la gestión del agua: Proyecto de Ley de Aguas de la República Dominicana, Proyecto de Ley que Descentraliza la Administración del Agua Potable y el Alcantarillado en la República Dominicana y Proyecto de Ley General de Agua Potable y Saneamiento.

Como bien resaltó el ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon en ocasión de su mensaje en el día mundial del agua el pasado 22 de marzo: “Dependemos del agua para la salud pública y el progreso equitativo, y el agua es esencial para la seguridad alimentaria y energética, y sustenta el funcionamiento de las industrias.”

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