Opinión

La historia define, con muy contadas excepciones, una tradición reformadora de la Constitución, motorizada especialmente por el propósito continuista de quienes detentan el gobierno en un momento determinado.

Desde 1844 en que fue proclamada, la Carta Magna ha sido modificada 39 veces, la primera en 1854 y la última en 2015, la mayoría de las veces para propiciar el ascenso o la prolongación de regímenes de fuerza, o muy cercanos al despotismo, aun sea ilustrado, en medio de un gran culto a la personalidad.

La constitución de Juan Bosch (de 1963) que consignaba la no reelección, fue modificada con el objetivo principal de facilitar lo que ocurrió después de 1966 en un régimen de 22 años de muy cuestionados ribetes democráticos.

Ninguna de las iniciativas posteriores tomaron en cuenta pareceres ni opiniones de sectores nacionales interesados en la ampliación de las libertades y las prerrogativas ciudadanas, a la excepción de la Constitución de 2010, diseñada dentro de un amplio proceso de consultas por todo el país.

Esas reformas constitucionales vinieron junto a denuncias de compra de legisladores, abuso de los recursos públicos e incursiones partidarias en un esquema típico del caudillismo continuista que encarnaron mandatarios como Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux (Lilís), Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer.

Reformas divisionistas

Hipólito Mejía llegó a la Presidencia con la Constitución del año 1994 que recortó dos años al último gobierno de Balaguer y prohibió la reelección tras renovadas denuncias de fraude electoral a favor del caudillo reformista.

Apoyado en el influjo positivo del precedente gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la gestión de Mejía mantuvo su popularidad en los primeros años, lo cual lo entusiasmó en un proyecto desconocedor de su promesa de solo gobernar 4 años.

El invento generó traumas tan severos como la división del PRD y la quiebra del principal banco comercial del sistema, que estalló en una crisis económica descomunal de la que todavía quedan secuelas.

Castración de la democracia interna

La reforma constitucional de Leonel Fernández, que retoma los principios contenidos en la constitución de 1963, se inició con un amplio proceso de consultas populares, referencia para la discusión en la opinión pública y el Congreso, siendo la más amplia en la historia de la República Dominicana.

Como la de Bosch, fue un salto adelante, pues consagró un catálogo mucho más amplio de derechos fundamentales, incluyendo derechos de tercera generación, como los derechos al Medioambiente, de los Consumidores y a la Seguridad Alimentaria.

También se definió por vez primera en el constitucionalismo dominicano un preámbulo de principios y se incluyeron garantías jurisdiccionales que no figuraban en el texto anterior como el amparo, hábeas data y hábeas corpus.

Todo el cuerpo normativo de la Carta Política fue reformado y se redefinió la estructura completa de la administración pública, con ministerios en vez de secretarias de Estado, al tiempo de atar la gestión administrativa a principios de legalidad.

Creó como órganos constitucionales el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional; suprimió la reelección, reintroducida en la reforma del año 2002 y optó por un sistema sin repostulación, con la posibilidad de presentarse transcurrido un período de su sucesor, en un modelo que prevenía el abuso de los recursos públicos a favor de quienes decidieran ser candidatos estando en el poder.

Una reforma íntegral, auspiciadora de la modernización estatal y que consagra mecanismos de democracia participativa como el referendo y el plebiscito; contempla la igualdad de género y la participación popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso y que redefine el Estado como social y democrático de derecho, basado en la protección de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad humana, el trabajo y el perfeccionamiento equitativo.

La reforma de 2015 se salvó mediante un discutido procedimiento constitucional convocado en base a una ley orgánica en un pacto denominado “reelección por reelección”, que aseguró a los legisladores del PLD su repostulación congresual a cambio del apoyo al proyecto reeleccionista, lo cual castró la democracia interna en el partido morado.

La lección de historia

A lo largo de la historia, 15 gobernantes han modificado la Constitución, situándonos en el primer lugar de América Latina por la mayor cantidad de reformas constitucionales, desde que fue votada la primera Carta Magna tras la Independencia en 1844, de acuerdo con estudios comparativos.

Con un total de 39, integramos junto a Venezuela y Haití el trío de países, de un total de 19, con mayor número de constituciones. Venezuela ocupa la segunda posición, con 26, y la tercera Haití, con 24. En promedio, se ha modificado la Constitución dominicana cada 4.1 años.

Con base en los análisis del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se evidencia que, a mayor número de reformas, más altos los indicadores de inestabilidad política y económica de una nación.

Y aunque una correlación no implique causalidad, los países donde ha habido más reformas, como República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador, han tenido mucho menor rendimiento económico en las últimas dos décadas que aquellos, como Brasil, Panamá, Costa Rica, México, Argentina y Chile con el menor número de modificaciones, apuntan.

Desde 1844 hasta 2016 se han hecho 40 cambios o reformas constitucionales, de los cuales el 82% han sido por el tema de la duración y alternancia del poder presidencial, según el boletín del Coloquio Constitucional del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED) adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, con la colaboración de la Facultad de Leyes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Los presidentes dominicanos en ese recuento son Pedro Santana, Buenaventura Báez, Cesáreo Guillermo, Ignacio María González, Ulises Heureaux, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía y Danilo Medina.

Para el PED el dato es significativo para la República Dominicana que ostenta liderazgo mundial y, como tal, entiende que también merece un estudio en términos culturales.

A la luz de todas esas realidades, parece muy razonable que se hable de blindaje constitucional, y de que la Carta Magna no vuelva a ser tocada por ninguna razón.

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