El subsecretario de Asuntos Laborales del Partido de la Liberación Dominicana y secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores –CTU–, Francisco Ramírez, asegura que la propuesta empresarial para implementar una Ley de Primer Empleo, paralela al Código de Trabajo, únicamente beneficiaría a los patronos.
Mediante una legislación de ese tipo, el empresariado lograría que el Estado Dominicano le permita usar las capacidades de los jóvenes profesionales egresados de las universidades, pero sin tener que cumplir con las obligaciones sociales y laborales que estipula el Código Laboral.
Ramírez, observa, además, que con tal fórmula los empleadores conseguirían pagar a esos jóvenes profesionales salarios por debajo del mínimo establecido.
Señala que quienes promueven el estatuto se caracterizan por no permitir libertades sindicales en sus compañías y mucho menos acceden a concertar acuerdos colectivos que beneficien a sus trabajadores y les garanticen conquistas.
En ese sentido, subraya que en los pasados 14 años la cantidad de sindicatos registrados en la República Dominicana no llega a 200, y resulta que una gran parte de estos no son auténticos ni representativos ya que están controlados por los mismos empleadores.
Respetar el 80-20
Antes de reclamar legislaciones más flexibles, los empresarios deben cumplir rigurosamente las leyes laborales de la nación, declara el sindicalista y dirigente del PLD, Francisco Ramírez.
Considera deplorable que desde hace más de 25 años se viola el Código Laboral, que en su artículo 135 dispone que “al menos un 80 por ciento del total de trabajadores de una empresa deben ser dominicanos”.
Califica de penoso que en el momento en que el uso de mano de obra indocumentada sobrepasa los límites, el empresariado nacional presente a la sociedad un proyecto de primer empleo que tiende a reducir las conquistas laborales.
“Se han beneficiado de mano de obra inmigrante e indocumentada, violan el Código de Trabajo y la Ley de Migración y ahora pretenden que se les permita contratar a jóvenes egresados de las universidades e institutos superiores, pero sin reconocerles sus derechos laborales y de seguridad social”, significa.
Enumera entre los principales renglones que ocupan los extranjeros indocumentados a la industria de la construcción, labores agrícolas, el turismo, comercio, transporte, seguridad, telecomunicaciones y otros.
Insiste en que es una prioridad garantizar el que se cumplan las reglamentaciones, a fin de que todo extranjero que trabaje en nuestro territorio lo haga bajo el imperio de la Ley
Asimismo, el sindicalista y dirigente peledeísta llama a las autoridades a propiciar un nuevo sistema de reajuste salarial más equitativo, ya que las discusiones de salarios mínimos dejan fuera a más de la mitad de la fuerza laboral del país.
