Hablan los hechos

Las reglas constitucionales en la economía de América Latina

En las últimas tres décadas, en el contexto de la región de América latina, la historia y la tradición son extremadamente fundamental para interpretar la configuración de la manera cómo funcionan las instituciones en la región. Pero resulta que sin un entendimiento empírico de estos factores, es imposible avanzar con una viabilidad para el fortalecimiento institucional basado en reglas constitucionales sólidas.

Respetar las reglas Constitucionales es fundamental para promover la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido y la equidad en la distribución de la riqueza que se genere en un país determinado.

En América Latina existe el consenso en torno a la importancia de que el fortalecimiento institucional y la capacidad de los Estados de proporcionar bienes públicos indispensables como determinantes esenciales del crecimiento económico. En tal sentido existen razones poderosas para entender que hacer énfasis en que las políticas económicas deben ejecutarse en un marco institucional apropiado ya que su inexistencia tendría consecuencias muy negativas para los diferentes sectores de la economía.

Respetar las reglas Constitucionales es fundamental para promover la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido y la equidad en la distribución de la riqueza que se genere en un país determinado. Pero a su vez, la calidad del funcionamiento de las instituciones y la capacidad de fortalecerlas tiene explicaciones multifactoriales que puede explicar en una alta proporción un impacto negativo y reflejan los intereses de actores importantes en cada sociedad.

Si los criterios de la institucionalidad están ausentes se hacen difíciles de observar y transformar los desórdenes que amenazan las aspiraciones de bienestar de la colectividad bajo la esperanza de un crecimiento económico con inclusión y justicia social.

A pesar de que de que existe en la región de América Latina un consenso sobre la importancia de la institucionalidad para poder alcanzar niveles adecuados en el crecimiento económico y mitigar los altos niveles de pobreza vigentes, sin embargo, está presente la incertidumbre que se deriva de que se ocultan esas debilidades institucionales y sus violaciones. Por igual, tampoco se puntualiza en cuáles son las instituciones más importantes para promover un crecimiento económico sostenido capaz de generar mayor calidad de la democracia económica y la democracia social.

Desde una óptica estrictamente económica, las reglas constitucionales comprenden la formalidad de las instituciones, y el respeto a la misma, con sistemas legales donde las leyes son fundamentales para el sometimiento a la conservación de la propiedad, resolver conflictos y legitimar las decisiones de la comunidad política. Si los criterios de la institucionalidad están ausentes se hacen difíciles de observar y transformar los desórdenes que amenazan las aspiraciones de bienestar de la colectividad bajo la esperanza de un crecimiento económico con inclusión y justicia social.

No obstante, el progreso logrado desvía la atención por los amplios niveles de violación constitucional y escándalos de corrupción que han estremecido la sociedad Latinoamérica derivados del abuso del poder sin límites que se ostentan en alguno de los países de la región.

Aunque se ha establecido una relación empírica entre las instituciones y el crecimiento económico, se sabe muy poco sobre los mecanismos que moldean a las instituciones y las estrategias prácticas y operables que pueden ocasionar un fortalecimiento institucional mediante reformas. En tal sentido, es muy importante que en la región de América Latina examinar los niveles de progreso de la democracia, los obstáculos que existen para su avance, como estos inciden en los niveles de inequidad vigentes y el coeficiente de la calidad de la democracia.

En las últimas dos décadas, hay que admitir que en América Latina se ha avanzado de manera significativa y la economía regional se encuentra en una situación más favorable en relación a las décadas de los setenta, ochenta y la primera mitad de los noventas, fruto de las fuertes reformas económicas que se implementaron y la ejecución de políticas macroeconómicas responsables. No obstante, el progreso logrado desvía la atención por los amplios niveles de violación constitucional y escándalos de corrupción que han estremecido la sociedad Latinoamérica derivados del abuso del poder sin límites que se ostentan en alguno de los países de la región.

Las evidencias empíricas revelan que en América Latina los mayores avances alcanzados en materia institucional es fruto del diseño y ejecución de las políticas monetaria y fiscal, cuya responsabilidad ha recaído en los bancos centrales y los ministerios de Hacienda actuando aferrados a la institucionalidad con objetivos de estabilidad macroeconómica con crecimiento sostenible.

Las evidencias empíricas revelan que en América Latina los mayores avances alcanzados en materia institucional es fruto del diseño y ejecución de las políticas monetaria y fiscal, cuya responsabilidad ha recaído en los bancos centrales y los ministerios de Hacienda actuando aferrados a la institucionalidad con objetivos de estabilidad macroeconómica con crecimiento sostenible. Esta afirmación se sustenta en el hecho irrefutables de que los bancos centrales cubrieron los déficits fiscales a través de emisiones monetarias, lo que condujo a espirales inflacionarias, caídas de monedas, devaluaciones y recesiones cuyas consecuencias de estas irresponsables políticas macroeconómicas fueron devastadoras que frenaron el crecimiento económico y auspiciaron la expansión de la pobreza a niveles vergonzosos.

En la actualidad, América Latina se enfrenta a desafíos no muy diferentes a los finales de la década de los setenta en virtud de que los espacios fiscales se han reducido para enfrentar los déficits fiscales y de cuenta corriente de la balanza de pagos. En adición, están el exceso de endeudamiento público, la especulación financiera y la inestabilidad de los precios de los combustibles en los mercados internacionales que sumado a las ambiciones de la extensión a la pretensión de los periodos constitucionales se convierte un riesgo de alta preocupación e incertidumbre.

Las sociedades modernas disponen de diferentes mecanismos que, en principio, deberían ayudar a limitar el poder del soberano, concentrado en el ejecutivo.

La pregunta frecuente al respeto es ¿porque en muchos países algunos políticos tienden a violentar las reglas constitucionales para ampliar su permanencia en el poder, si estas están diseñadas para limitar sus poderes y constreñir su ámbito de actuación, a los cuales juran respetar? Las respuestas más consensuadas por los estudiosos de este fenómeno es que muchos políticos tienden a violentar la constitución cuando se ven al borde de perder su poder, lo que explica en una alta proporción las debilidades institucionales y la secuela de perturbaciones que distorsionan el desempeño de la economía.

Las sociedades modernas disponen de diferentes mecanismos que, en principio, deberían ayudar a limitar el poder del soberano, concentrado en el ejecutivo. Aunque la mayoría de constituciones de América Latina consagran todas o buenas partes de las reglas constitucionales que pretenden impedir los abusos del poder; sin embargo, las ambiciones del presidencialismo han logrado dañar parcial o completamente el ordenamiento que prevén las constituciones, logrando en algunos casos prolongar los mandatos, crear regímenes vitalicios, o dictatoriales, lo que se ha traducido en un desastre de la economía, expansión de la pobreza y desfalcar el erario público mediante la institucionalidad de la corrupción pública.

últimas Noticias
Noticias Relacionadas