Los derechos de los ciudadanos, en la medida que la humanidad avanza hacia estadios civilizatorios dominados por las complejidades que nos trae el desarrollo científico-técnico en el que la comunicación, en su horizontalidad, atiborra a todos con información, se han vuelto confusos, al punto que, la amoralidad marca la dinámica de la sociedad y conceptos nuevos, como el “derecho a mentir”, el “derecho a olvidar” y hasta el de “amar a los niños” (exigencia pedófila que para los estructurados a la vieja usanza de la moral occidental resulta escandalosa), nos invaden.
En ese contexto de cambios inusitados y replanteamiento de la conducta social, antiguas formas de manipulación se hacen de los nuevos instrumentos sofisticados para que la distracción, manipulación y absoluto engaño, encuentren vías más fáciles para embaucar y enajenar a un público que, víctima de retorcidas urdimbres, comienza a actuar en contra de sus propios intereses convencidos de estar actuando a favor de sus derechos.
El espectáculo y la consigna huera se han vuelto elementos indispensables para la distracción y la anulación de la capacidad crítica; todo se sirve de los enlatados que la clase dominante prepara a manera de cóctel ideológico que tiene como ingrediente principal la desideologización de las fuerzas organizadas, y aderezos “equilibrados” con toques de verdades, medias verdades y mentiras sueltas al aire sin sonrojo, repetidas de mil formas hasta que la percepción se convierta en una falsa realidad que permita poner en marcha los planes gestados en la bruma de una solapada conspiración como la que vive Nicaragua en estos momentos.
La propalación de la voz “autogolpe” pareció ser el tiro de arrancada en la carrera por desestabilizar el gobierno electo del presidente Daniel Ortega, cuando congresistas renunciantes de un partido perdieron sus curules al amparo de la ley que establece que los espacios legislativos no son propiedad del legislador sino del partido. La manipulación fue tan efectiva que incluso líderes definidos como progresistas, sin investigar y actuando por la influencia propagandística de los medios corporativos, se precipitaron a “condenar” una acción que nunca ocurrió.
El “Nica Act”, una iniciativa de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, que procuraba condicionar las aprobaciones de préstamos por parte de los organismos financieros al país de Sandino, formó parte de estos primeros eslabones de acoso para minar la autoridad del gobierno nicaragüense.
El incendio forestal que amenazó con devorar la reserva Biológica Indio Maíz, se convirtió en otra pieza del entramado conspirativo, pues el siniestro que fue provocado por personas que invadieron la reserva y realizaron quemas de manera indiscriminada, sirvió de pretexto para iniciar una campaña contra las autoridades de la administración de Ortega acusándola de incapaz y dando inició a protestas que la disminución del fuego apagaron, a pesar de que EE.UU había dicho que controlar las llamas tardaría meses.
La ansiedad colmaba la paciencia de la oligarquía nica y sus titiriteros extranjeros, que encontraron pie de amigo en la reforma previsional, propuesta por el Gobierno tras rechazar una del FMI de extender la edad de retiro y eliminar las pensiones a los veteranos de guerra e incrementar el aporte de los trabajadores en apenas el 0.75 y a los empleadores a 2 por ciento, cuestión que rechazaron estos últimos provocando “protestas” que continuaron, a pesar de que el gobierno dejó sin efecto el decreto, hasta desembocar en el pedido de adelanto de elecciones por parte de una minoría que no ha sido favorecida con el voto popular.
Con sus particularidades, como en todos los casos, en Nicaragua se ha puesto en marcha el Plan Atlanta, razón por la cual, con la pacificación de las protestas no termina el acoso que procura sacar del poder a un gobierno instalado con la legitimidad que le dio más del 60 por ciento del voto popular, para instalar en el poder a las minorías que no han sido capaces de conquistarlo por la vía del sufragio como el instrumento de la democracia que ha adoptado Occidente.
Es bueno no olvidar que todo viene ocurriendo en un país que viene creciendo económicamente en los últimos diez años de manera sostenible y que al momento del estallido de los actos violentos era el tercer país latinoamericano con mejor incremento del PIB; que mostraba los mejores números en materia de seguridad ciudadana y un flujo importante en la inversión extranjera directa.
