Hablan los hechos

Desigualdad social como fenómeno de indignación global (2 de 2)

Durante los últimos 20 años, el incremento de la desigualdad a nivel mundial se convirtió en una constante que terminó por despertar el interés de la población, sobre todo porque conforme las economías tendían al crecimiento, las clases medias fueron tornándose cada vez más precarias, con ingresos que ya no le aseguraban los estándares de vida a los que estaban acostumbradas décadas atrás. De hecho, ha sido evidente que en este caso, el amplio acceso al crédito sirvió para amortiguar o al menos maquillar dichas debilidades, pero a la vez comenzó a hipotecar el futuro económico de este importante segmento de la sociedad.

Junto a ese espejismo de bienestar producto del dinero prestado, el estancamiento de los salarios ha evitado compensar las tasas de inflación, dificultando el acceso a servicios como educación privada, que ha comenzado a verse como un privilegio solo disponible para los más acomodados. Todo esto ocurre al tiempo que se ventilan datos alarmantes, como el que indica que desde el 2009 el 95% de la riqueza producida en Estados Unidos ha ido a parar a las grandes industrias, en manos del 1% más rico.

Si el dato anterior luce desconcertante, entonces deberíamos prestar atención a otro tipo de brecha que se está gestando con especial énfasis en nuestra región, donde poseemos el desafortunado privilegio de tener dos de los 3 países más desiguales del mundo, donde Haití y Honduras comparten el pódium con Sudáfrica. Lo lamentable para nuestra región, es que no son los únicos casos, pues a la lista le siguen Colombia, Brasil, Panamá y Chile, en 4to., 5to., 6to. y 7mo. lugar respectivamente.

A todo esto, es preciso reflejar la situación de la República Dominicana, que aunque no figura en dicha lista, en el país se evidencian fuertes brechas salariales que han incrementado la desigualdad entre ejecutivos y empleados medios, donde los primeros ganan hasta 11.5 veces más que los segundos. Sumado a esto, pese al gran crecimiento económico en los últimos 14 años, que nos llevó a triplicar el PIB, la economía local es muy susceptible a variables del mercado internacional, puesto que un 42% del PIB depende de tres sectores en específico, que son la construcción, minería y el turismo. Dicho esto, es preciso agregar los datos vertidos por la Oxfam, la cual señala que en términos de repartición de las riquezas, el 20% de los dominicanos más acaudalados posee el 50% de los recursos del país, mientras que el 20% más pobre apenas alcanza un 5% de la tajada.

Habiendo puesto en evidencia algunos casos donde se hace patente la desigualdad social, en especial la económica, es preciso reflexionar sobre cuáles consecuencias tiene esta realidad sobre los gobiernos y la sociedad.

Lo primero que se ha evidenciado es un claro descontento de la población, en especial las clases medias y bajas, que ha llevado a cuestionar la idoneidad de la democracia representativa, pero sobre todo al sistema neoliberal.

Dichas reacciones son dirigidas en especial hacia las autoridades de turno, quienes son cuestionados por no establecer suficientes controles y régimen de consecuencias sobre quienes han sacado provecho de la falta de regulación en los mercados. Estas reacciones, que normalmente se desprenden de la inmovilidad social en el resto de la población, suelen evolucionar a su vez hacia cierta forma de frustración general por el aumento del desempleo, marginalización y fallas en los servicios básicos, que aumenta los niveles de violencia e inseguridad.

En cuanto a la elite política, ésta ha sido penalizada socialmente con un rechazo que ha dado cabida al auge del populismo, que la acusa de ser beneficiaria de privilegios que no se corresponden con la realidad económica de la sociedad. Ante estos cuestionamientos, han surgido interesantes medidas económicas aplicadas por políticos progresistas, y la anunciada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha planteado colocar topes a los salarios y supresión de ciertos privilegios de los funcionarios públicos, en aras de recuperar la credibilidad del ejecutivo.

Sin embargo, cuando del sector privado se trata, ha resultado cuesta arriba establecer consensos que permitan acordar un tope a los ingresos de altos directivos, ya que el capitalismo a los fines de premiar el esfuerzo, éxito e innovación, debe admitir cierto grado de desigualdad que distinga a los mejores. De hecho, estudios comprueban que si pese al esfuerzo, las personas no son compensadas a diferencia de quienes no ejercen el mismo sacrificio, esto degenera en frustración y se pierde el espíritu competitivo dentro de los sectores productivos. En cuanto a lo último, algunos analistas destacan que al confrontar la desigualdad como una lucha de ricos contra pobres desviamos la atención de lo más importante, que es la justicia distributiva.

Ahora bien, existen medidas tendentes a reducir la brecha de desigualdad que puede generar consenso, como es la progresividad tributaria, igualdad de oportunidades, medidas contra la evasión fiscal, aplicación de salarios justos y proporcionales, y una redistribución de las riquezas más justa por parte del Estado, que ayude a los menos afortunados. En cuanto a esas medidas, existen cinco naciones que llevan la delantera a nivel mundial, que son Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega y Alemania, las cuales poseen sistemas sociales bien estructurados, que se nutren de impuestos progresivos que llevan a ricos y pobres a tributar de modo proporcional.

A fin de cuentas, a pesar de los datos vertidos y estadísticas que día a día continúan poniendo en contraste las brechas sociales, lo cierto es que seguimos sin comprender del todo las causales, y los medidores disponibles (índice Gini y el PALMA) se limitan a confirmar lo que la auditoria visual hace evidente.

En lo adelante dependerá de cómo los gobiernos gestionen la desigualdad, de modo tal que se procura primero reconocer la problemática, socializar las consecuencias de continuar sin establecer medidas, y crear consenso hacia un modelo tributario justo sin sacrificar las compensaciones de la meritocracia.

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