“Un Gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y proporciona información de sus planes de actuación. Toda Administración debería permitir el acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta forma que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración. También incluye la implementación de herramientas que permitan a los ciudadanos el acceso a los datos públicos”.
El anterior, es una traducción del Memorando promulgado el 21 de enero del 2009 por el entonces novel presidente Barack Obama, titulado “Transparencia y Gobierno Abierto”. Como es de percibir, el mismo engloba un principio idealista de los deberes de todo gobierno de cara al manejo responsable de la información, y su apertura respecto a compartir oportunamente los pormenores de su gestión.
Al igual que el citado memorando, hoy en día a nivel mundial abundan estas muestras de compromiso gubernamental para con la ciudadanía, caso que no es ajeno a nuestra nación, donde contamos desde el 2004 con una Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, conocida como Ley 200-04. A propósito de estas políticas de manejo diáfano, cuyos principios se pueden rastrear hasta el siglo XVIII en Suecia, sería verdaderamente a partir de la Ley de Libertad de Información publicada en 1966 en Estados Unidos, en el gobierno de Lyndon B. Johnson, cuando tomaría más cuerpo estas políticas.
Cabe destacar que la naturaleza de estas políticas de transparencia, no se limitan únicamente a reducir casos de corrupción, tráfico de influencia o abuso de poder, sino que el interés debe ser el compartir de manera proactiva información que permita a todo ciudadano saber la calidad del gasto y manejo de sus impuestos.
En esencia, la transparencia gubernamental se sostiene en los principios de una democracia participativa, donde el empoderamiento ciudadano esté garantizado por derecho y la rendición de cuentas sea un deber constitucional. Ahora bien, existen casos como son los de países que han pasado por regímenes dictatoriales en los últimos 60 años, donde la opacidad y discrecionalidad en el manejo de la información, se han convertido en una cultura administrativa dentro del tren gubernamental de difícil solución. Tal comportamiento ha contribuido a un aumento de la desconfianza de la ciudadanía respecto a sus representantes, aun los escándalos de corrupción resulten en casos aislados. Esto a fin de cuentas, no hace más que contribuir a un mayor desprestigio de la clase política.
Ahora bien, a pesar de la importancia que engloba la creación de una base de datos a disposición de la población, donde las autoridades comuniquen de manera responsable y proactiva todo por cuanto realiza el gobierno en el ejercicio de sus atribuciones, no menos cierto es que existen excepciones. Tal es el caso de aquellas informaciones sensibles, que pueden comprometer la seguridad nacional y afectar el desempeño económico del Estado.
Esto último aún resulta un tema de debate, dado la repercusión que han tenido a nivel mundial y especialmente dentro de la primera potencia global, Estados Unidos, los casos de filtraciones de Wikileaks, Edward Snowden, Los Panamá Papers, etc. Todos ellos han puesto en tela de juicio la legitimidad de varios gobiernos occidentales, partiendo del hecho de que han puesto a prueba la credibilidad social de la que depende la autoridad.
Actualmente, tras la crisis económica global de finales de la pasada década, la ciudadanía a nivel mundial ha comenzado a exigir cada vez más un manejo pulcro y responsable de los recursos del Estado, teniendo la transparencia como una de las principales garantías ante la corrupción. Esto va de la mano con una participación más activa en la toma de decisiones y la evaluación periódica del desempeño de las autoridades.
En este punto han sido claves los avances tecnológicos, que han revolucionado la forma de interacción entre representantes y representados, además de brindar un acceso directo y gratuito. Lo elemental del acceso a plataformas digitales de información gubernamental, adherido al auge de las redes sociales, es que optimiza el proceso de rendición de cuentas y monitoreo de gestión.
De ahí que tome relevancia los principios de transparencia, que responda a: Derecho a saber; publicación proactiva; formatos abiertos; acceso gratuito y libre reutilización. Todo lo anterior a su vez responde a una necesidad de que el libre acceso a la información sea la regla, mientras el secreto de Estado solo sea una excepción.
No obstante lo abordado respecto a la transparencia gubernamental, lo cierto es que el factor cultural juega un papel primordial en el modo en que se aborda este tema, y sobre todo en el grado de conciencia ciudadana a la hora, no solo de exigir rendición de cuentas, sino también de estar dispuestos a hacer de la transparencia un estilo de vida.
En efecto, la transparencia constituye una rama de la honestidad y la integridad, que comprende una responsabilidad social, no así exclusivamente gubernamental. Bastaría mencionar ejemplos de países nórdicos como Noruega, donde los gobiernos locales publican los ingresos y aportes impositivos de todos los ciudadanos en sus portales digitales, a los fines de transparentar los aportes de cada ciudadano, para tener una idea del abismo existente en materia sociocultural respecto al tema.
A fin de cuentas, tener una mejor sociedad es un compromiso de todos, y la transparencia debe constituirse en un valor que trascienda lo político y abarque un compromiso nacional.
Actualmente resulta cuesta arriba en nuestro país lograr, por ejemplo, que se transparente el aporte a campañas políticas por parte de la clase empresarial, ni pensar de exigir que se transparenten las fortunas y se establezcan impuestos progresivos en base al capital.
Es mucho lo que queda por hacer en torno al manejo transparente del Estado, toda vez que la responsabilidad sea exclusivamente de las autoridades y la clase política, mientras se desaprovecha la oportunidad de que una ciudadanía bien informada se comprometa cada vez más con el desarrollo del país.
