Opinión

¿Integración frenada?

Los procesos de integración en la región latinoamericana y caribeña atraviesan una fase no tanto de estancamiento como de deterioro de sus perfiles económico-políticos que siembra de incertidumbre el terreno de sus metas productiva, comercial y financiera.

¿Serían factores externos a la región los que podrían explicar el frenazo que ha experimentado la marcha de la integración económica desde mediados de la segunda década del siglo XXI? ¿Obedecerían a causas externas o ajenas a las economías latinoamericanas y caribeñas los cambios de velocidad que registran los diversos procesos de integración que desde los inicios del presente milenio han aflorado dentro del panorama económico-político regional?

Suele hablarse de razones exógenas (fuera del fenómeno objeto de estudio) que giran sobre el desempeño de la economía mundial a través del comportamiento de los precios de importantes productos básicos de exportación (materias primas agropecuarias o mineras, para sólo citar algunos tipos); caída de la demanda en los mercados internacionales debido a la ralentización (lentitud) del desempeño productivo en polos de crecimiento global, tales como China, Brasil, India y Vietnam, entre otros países calificados como emergentes.

Desde los años sesenta del pasado siglo se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), así como al nacimiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tras la firma del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969.

La ALALC dio paso a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) nacida en el marco del Tratado de Montevideo, suscrito el 12 de agosto de 1980, haciendo énfasis en el acercamiento de las economías sudamericanas, aunque países de la subregión centroamericana y caribeña se incorporaron posteriormente a esos esquemas de integración regional.

Durante décadas el uso recurrente de la expresión integración económica devino en el pan nuestro de cada día dentro de la literatura económica regional, restando importancia a la incidencia del factor político dentro de los esfuerzos por avanzar en los niveles de cooperación e interdependencia entre las economías latinoamericanas y caribeñas.

Pero la subregión centroamericana y caribeña gestó en 1960 el Mercado Común Centroamericano (MCC) evolucionando el 13 de diciembre de 1991 al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). También está desde el 1973 la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Hemos de pensar también en la creación en el 2010 de la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños (CELAC), un oportuno esfuerzo de concertación política que al final del 2018 luce, lamentablemente, muy debilitado en sus fines estratégicos debido a las grandes fisuras políticas existentes entre gobiernos de la región.

Podríamos seguir enumerando un conjunto de siglas que identifican esquemas de integración regional, lo que evidencia la atomización y dispersión de los esfuerzos institucionales por recorrer la ruta hacia los intercambios productivos, comerciales y financieros. Además, la gravitación de intereses geopolíticos externos mantiene frenada la marcha regional hacia una efectiva integración latinoamericana y caribeña.

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