Opinión

Novedades de la Ley de Violencia de Género (II)

Lograr la igualdad entre hombres y mujeres, implica crear las condiciones para que disfruten de los mismos derechos y libertades. Múltiples instrumentos internacionales consagran el principio de igualdad: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, expresa la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

En igualdad de condiciones, hombres y mujeres deben ser agentes y beneficiarios del desarrollo. Deben tener garantizados su ejercicio pleno de ciudadanía, en virtud de la máxima enarbolada por el filósofo francés Claude Lefort, “el derecho a tener derechos”. El Estado es el responsable de garantizar la máxima de Lefort.

La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Es una violación al derecho a la vida, a la libertad, a su seguridad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de tránsito, a la identidad, al afecto, a la paz, a su desarrollo personal y a su salud física y mental. Cuando el Estado asume el rol de proteger los derechos de las mujeres, contribuye con el fortalecimiento de la familia y la sociedad.

La propuesta de ley denominada “Ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, de mi autoría, aprobada por el Senado de la República el miércoles 21 de noviembre de 2018, tiene la finalidad de implementar acciones para proteger la vida de las mujeres y sancionar a sus agresores.

En ella se tipifican los siguientes tipos de violencia: feminicidio, con una pena de 40 años de prisión; feminicidio conexo, sancionado con la pena inmediatamente inferior a la impuesta al feminicidio; violencia física, emocional o sicológica, sexual, económica y patrimonial, con las penas establecidas en el Código Penal.

Además, se contempla la violencia ginecobstétrica, sancionada con multa correspondiente de 10 a 30 salarios mínimos y pena alternativa de asistencia obligatoria a charlas. La propuesta prescribe la violencia mediática, sancionada con prisión y multa de 5 a 10 salarios mínimos, en caso de las personas físicas; y de 10 a 20 salarios mínimos a las personas morales. Se instituye además la ciberviolencia, con las penas establecidas en la Ley Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Para la aplicación de la ley, se ofrece un enfoque interinstitucional, congregando en el seno del sistema integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, distintas y variadas instituciones del Estado. A saber: el Ministerio Público quien lo coordina; el Ministerio de la Mujer; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; el Ministerio de Interior y Policía; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de la Juventud; el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación; el Poder Judicial; el Defensor del Pueblo; el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre otras.

El proyecto propone un novedoso sistema de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, presentando mayores y amplias vías de acceso a los servicios que en este sentido se ofrecen y que responden a los principios de accesibilidad, celeridad, especialización, transparencia y publicidad, que deben caracterizar todo sistema de justicia. Se da prioridad al área de prevención, que hasta ahora se veía relegada a un segundo plano.

El abordaje de los problemas de posibles conductas agresoras y el desaprendizaje de las mismas en edad temprana, es fundamental para acabar con todas las manifestaciones de violencia. La inclusión en los programas educativos de un enfoque de género y de respeto a los derechos fundamentales de las personas, es clave para la consecución de los objetivos presentados en toda política de erradicación de la violencia contra las mujeres.

Además, se incluyen programas especiales de protección como las casas de acogida para albergar mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica; programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, huérfanos a causa de feminicidio; programa de intervención para hombres con conductas agresoras, con la finalidad de lograr la concientización y responsabilidad de los hombres frente a la violencia y el cambio de las relaciones hacia las mujeres y el programa de recuperación para mujeres víctimas de violencia.

La Constitución Dominicana, establece la paz como un valor supremo y principio fundamental que rige el Estado. En su artículo 63, numeral 13, instaura que la enseñanza de los principios de convivencia pacífica es parte de una formación integral de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

No hay nación que haya alcanzado el desarrollo y la prosperidad en ausencia de la paz. No hay familia que progrese en ausencia de paz. No hay matrimonio que alcance la felicidad anhelada en ausencia de paz. Y es que la paz no es solamente ausencia de violencia, es mucho más que una aspiración legítima que toca la soberanía personal. Es un proceso dinámico, multidimensional y transversal que exige la colaboración del Estado y de la gente. Se sustenta en el respeto y la efectividad de los derechos humanos.

Construir una cultura de paz fundamentada en valores, sólo es posible a través de la educación. Es indispensable que las escuelas y universidades públicas y privadas, a todos los niveles, promuevan la enseñanza enfocada en aspectos variados como la promoción de la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de consensos y la no violencia; el respeto de los derechos humanos; la igualdad, la tolerancia y la solidaridad.

En mi condición de legislador, he sometido a consideración del Senado de la República, un proyecto de ley que busca la inclusión en el currículo del sistema educativo dominicano en los niveles inicial, básico, secundario y universitario, una asignatura centrada en la enseñanza de los principios y valores de convivencia pacífica y el fomento de la cultura de paz, esencial para reducir los niveles de violencia contra las mujeres.

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