Las Empresas Públicas son entidades creadas a través de un Decreto Presidencial, regidas en su mayoría por un Consejo Directivo que es el encargado de velar por el buen funcionamiento de las mismas y aprobar sus presupuestos, no obstante, pueden ser propiedad exclusiva o mayoritaria del Estado y estar controladas por éste (recordado que casi la totalidad reciben transferencias como subvención o subsidio para sus operaciones). Se dividen en Empresas Públicas No Financieras (EPNF) e Instituciones Públicas Financieras (IPF) subdividiéndose las últimas en Monetarias y No Monetarias.
Actualmente en el Clasificador Presupuestario existen 17 EPNF y 6 IPF (4 Monetarias y 2 No Monetarias), es necesario puntualizar que a pesar de los grandes esfuerzos, no todas las Empresas que contempla el Clasificador actualmente están transparentadas por la DIGEPRES. Estas a diferencia de los demás ámbitos del Estado, poseen personería jurídica y fondos propios (recursos por captación directa) provenientes de los bienes y servicios, o de la venta de mercancías que prestan a la ciudadanía o al mercado a un menor costo, teniendo la potestad legal de gestionarlos y administrarlos a discrecionalidad.
Es importante acentuar que no todas las Empresas reciben transferencias por parte del Gobierno Central ya que algunas son autosuficientes. Actualmente forman parte del Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF, sólo en el proceso de formulación, ya que las mismas no están dentro del ámbito de gestión y envían sus presupuestos aprobados por el Consejo, para luego ser registrados con la asistencia técnica de los Analistas Sectoriales de la DIGEPRES en el SIGEF.
La mayoría desarrollan proyectos aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, de igual modo, envían las informaciones de sus Ejecuciones Presupuestarias mensualmente y las mismas son registradas en el Sistema Presupuestario para las Empresas Públicas (SIPREPUBLI). Las informaciones del presupuesto, así como las de las Ejecuciones, son publicadas en el portal de la DIGEPRES a través de los libros correspondientes. Todas ellas al igual que el Gobierno Central, realizan un presupuesto Físico con las metas institucionales programadas en base a la Estrategia Nacional de Desarrollo END.
Aunque las EP sostienen actividades productivas, “no rentables”, pero con beneficio social y un impacto económico significativo sobre los bienes y servicios públicos esenciales para los ciudadanos, está claro que se demanda una redistribución del ingreso por parte del gobierno. Evidentemente, muchas de esas Empresas no necesitan el subsidio del Estado por los miles de millones de pesos que producen cada año y las oportunidades de financiamiento que obtienen a través de los bancos y Organismos Internacionales.
Indudablemente se requiere una férrea voluntad política y un marco legal apropiado con el que se pueda regular el manejo que las EP le dan a los recursos, porque aunque el grueso de estos sean provenientes por captación directa, no dejan de ser dinero de todos los dominicanos y dominicanas. La claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, siempre deberá ser la premisa para el desempeño profesional de todos los servidores públicos.
