Para comprender la gobernabilidad a plenitud se debe entender que una democracia es tal cuando esta es apoyada por la mayoría del soberano, no por grupos dominantes o corporativos, ya que cuando estos se consideran mayoría, eso se tipifica como coerción. Pero resulta que la gobernabilidad reside en la capacidad de los Estados y los gobiernos democráticos para aprobar, poner en práctica y mantener decisiones necesarias para resolver los problemas sociales de un país; pero cuando esto no sucede, el descrédito de la política se hace presente.
En tal sentido, la falta de credibilidad en los gobernantes y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, inhabilitan al régimen político y debilitan su capacidad para la gobernabilidad, lo que se traduce en una reducción de los espacios democráticos. Por igual, cuando la violencia, la crisis económica y el deterioro social afectan a amplios sectores sociales, el malestar ante la política aumenta, y surge la posibilidad de desbordes impetuosos, lo que a su vez, coloca a la gobernabilidad en una situación de riesgos por su fragilidad.
A la luz de la razón, se entiende que las políticas de Estado y los pactos entre las fuerzas sociales y políticas, deben permitir que la gobernabilidad y competencia por el poder dejen de ser inconciliables. Pero es que resulta inaceptable la posibilidad de éxito en la atención de los problemas de la pobreza, el deterioro social y la inseguridad si no está blindada la gobernabilidad ya que no se resuelve el malestar de raíz, y para que esto sea posible se requiere la existencia de partidos y Estados fuertes, pues ambos son la plataforma de la democracia y, por ende, de la buena gobernanza.
En América latina, y a escala mundial, se ha construido la percepción negativa hacia los políticos fruto de la incapacidad política para responder a las demandas ciudadanas, pero también por prácticas corruptas y promesas incumplidas, lo cual se ha traducido en el hecho de que los políticos gocen de un evidente desprestigio. Esa es una razón muy poderosa que ha provocado que la gobernabilidad siempre haya sido un problema en América Latina, y que se refleja en la inestabilidad de las democracias, en la fragilidad institucional y en la falta de continuidad de las políticas públicas, sumatoria esta que explicada en una alta proporción la inestabilidad macroeconómica y la volatilidad en el crecimiento económico.
El efecto multiplicador del cuadro negativo que se ha construido en la gobernabilidad de la región ha sido muy perjudicial para la calidad de vida de la gente, cuya prosperidad y tranquilidad debía ser el objetivo primordial de la política y del gobierno. El malestar derivado de esa realidad desconcertante predominante son los retos que enfrentan la región de revertir las desigualdades, superar las vulnerabilidades, diseñar políticas integrales de seguridad ciudadana y fortalecer la gobernabilidad democrática, y la brecha entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas de las políticas públicas.
Para que América latina alcance una buena gobernabilidad necesariamente debe promover la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la rendición de cuentas, el estado de derecho, el respeto a las normas Constitucionales, mayor respeto a los derechos humanos de una manera efectiva, eficiente y duradera, aunque esto sigue siendo una ilusión en muchos de los países del hemisferio. No obstante, hay que observar que los procesos de reforma del Estado en América Latina, iniciados a mediados de los años ochenta, han cambiado el escenario político regional que ha construido un nuevo, complejo y cambiante entorno, con múltiples actores, y en el cual el Estado, como garante del bien público, no puede por sí solo solucionar los problemas de la sociedad actual.
Hay que poner de relieve que en América latina, el debate sobre la gobernanza ha sido muy escaso en el ámbito académico y en los partidos políticos, pues solo se coloca en el debate cuando esta forma parte de la agenda y es difundida por los organismos de cooperación internacional. Sin embargo, si se parte del hecho de que la buena gobernabilidad es el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para gestionar los asuntos de un país a todos los niveles de gobierno, entonces, estos tienen la responsabilidad de promoverla conjuntamente con las Universidades y la sociedad en su conjunto de manera sistemática y de esa manera asegurar que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso en la sociedad.
En la actualidad, la región de América latina está asistiendo a un proceso de transformación gradual derivado de una serie de cambios asociados a la democratización del régimen político, persistente por un cambio de modelo socioeconómico, que ha migrado de un modelo de desarrollo Estado-céntrico a un modelo centrado en el mercado. Para comprender estos cambios que se han efectuado en la región, es preciso profundizar en los casos de políticas públicas más significativas y analizar el impacto que ha tenido la transferencia de los formatos de gobernanza en el Estado latinoamericano donde en toda la región el papel del Estado y su esfera de acción disminuyó considerablemente, teniendo lugar un incremento gradual de la participación del sector privado y las ONG, en provisión de bienes y servicios públicos.
Las evidencias empíricas han demostrado que en América latina la transferencia de los formatos de gobernanza, por parte de los organismos internacionales, fue una total frustración ya que los resultados esperados en términos de lograr políticas públicas más eficaces, eficientes y democráticas fracasaron. En la región, los gobiernos aceptaron como válidos las recetas externas, ya que se partía del supuesto de que se pueden transferir recomendaciones de un país o región a otro u otra, de una manera irrefutable, sin considerar los procesos históricos y las relaciones de poder en que se sustenta la toma de decisiones colectivamente vinculantes que adopta un Estado en relación con una comunidad, lo cual se ha convertido en la mayor debilidad para el anhelado salto al desarrollo económico, social e institucional.
La gobernabilidad continúa siendo la asignatura pendiente en América latina, lo cual se expresa en el escenario turbulento de la economía y la política debe responder a este reto en un momento en que se han estado registrando cambios de ciclo electoral en varios países de la región, crisis desencadenada en otros, y la extensión de los escándalos de corrupción. En adición, en Latinoamérica el esquema del presidencialismo mantiene a un alto número de gobernantes en situación de cierta debilidad fruto de la llegada al poder de candidatos sin experiencia política previa, la precariedad de los partidos políticos y la desinstitucionalización de sus sistemas de partidos, realidad esta que resulta difícil para llevar a cabo pactos o implementar políticas que reviertan el actual panorama económico y el fortalecimiento de la gobernabilidad.