Hablan los hechos

La corrupción: Un monstruo de erosión en América latina

El fenómeno de la corrupción es un flagelo que data desde hace siglos; sin embargo, este no era parte del debate público y hasta hace tres décadas atrás y, en los hechos, se convertía en una palabra con cierta prohibición en la agenda internacional de desarrollo. No obstante, el tema adquiere relevancia desde la segunda mitad de los años 90 y la primera década del presente siglo XXI cuando se gestó un sostenido empuje de acogida de propuesta anticorrupción con medidas para enfrentar el problema.

Con el auge del debate y la acogida anticorrupción, surgió la necesidad de fomentar también la demanda anticorrupción, fruto de la generación de conciencia y reconocimiento de que la corrupción nos afecta a todos, destruye la institucionalidad y erosiona la economía. La preocupación por el tema de la corrupción impulsó la medición de diversas encuestas regionales y nacionales, las cuales expresaban como hallazgo la dimensión y el rechazo social del problema de la corrupción, siendo este fenómeno generalmente uno de los trascendentales problemas que los latinoamericanos identificaron como los grandes temas nacionales.

El rechazo a la corrupción, en América latina en la práctica se ha expresado con mayor contundencia a la hora del ciudadano ejercer su derecho votar en las elecciones por políticos que son conocidos por sus vínculos con la corrupción y los sobornos a funcionarios, mediante el rechazo de la sociedad para aquellos que se benefician del dinero público. Pero también resulta que en la región se ha hecho conciencia de la importancia que representa poner un freno a la corrupción, así como la disposición de hacer algo en contra de ella, y no solamente ser víctimas pasivas del problema.

La combinación de una mayor conciencia del problema, un conjunto de instrumentos anticorrupción, una ciudadanía que demanda más anticorrupción y el castigo a los corruptos, es lo que está haciendo que día a día se escuche el clamor en contra de más casos de corrupción en América Latina y el malestar de la impunidad. Es tal situación que explica en una alta proporción que haya menos tolerancia contra este flagelo y que se descubran y publiquen los casos más bochornosos que da la sensación de mayor corrupción cuando desde el Estado se promueven prácticas de negocios promovidas por una estructura que se cree con patente de corsos.

En América latina lo que se está observando en la actualidad es que muchas personas han penetrado a los diferentes estamentos de los gobiernos de los países, vía el sistema de partido político, con el objetivo expreso de realizar todo tipo de negocios sin importar las consecuencias de esta práctica malsana. Las evidencias de grandes escándalos de corrupción en Brasil, Guatemala, México, Argentina, Panamá, Perú, honduras, básicamente con los casos de Petrobras y los contratistas de Odebrecht y políticos en Brasil, con repercusión en toda la región han puesto al descubierto que se opera con una estructura mafiosa público-privado que destruye las aspiraciones de bienestar de los ciudadanos latinoamericanos y la institucionalidad.

Una reflexión detenida sobre el flagelo de la corrupción, permite interpretar que no existe una relación directa entre esta con ideologías políticas ni con el nivel de desarrollo económico de los países. Lo que sí se puede asumir como una constante irrefutable es que la presencia del flagelo de la corrupción de los países de la región está íntimamente vinculada con la debilidad o fortaleza de las instituciones.

Las mediciones del fenómeno de la corrupción en los últimos 10 años permiten observar que países con institucionalidad débil, explicada por situaciones multifactoriales, son percibidos como los más corruptos, lo cual se diferencia de manera abismal de aquellos donde las democracias son institucionalmente más sólidas. En el caso concreto de América Latina, llama la atención que países como Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Perú, Guatemala, El Salvador, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, entre otros, aparecen en los primeros lugares del ranking de corrupción de los últimos años, lo que guarda una correlación con el deterioro institucional y la fragilidad de la Democracia en estas naciones.

Los casos de corrupción aparecen como muy habituales en las crónicas sobre América latina, situación que se comprueba hasta con la construcción de un vocablo que a los latinoamericanos no le resultan extraños como son Chanchullo, mordida, palanca, enchufe, coima, guiso, etc. Sin lugar a dudas, estas son una expresión que describe la tendencia a la corrupción que se ha convertido en el orden cultural de la región, como síntomas de la compleja y profunda enfermedad que se ha carcomido la estabilidad institucional y democrática en tantos países de América Latina.

Hay que poner de relieve que la incompetencia institucional, la inestabilidad jurídica y la corrupción en las altas esferas de la política latinoamericana han creado históricamente un terreno extremadamente fértil para los actos de corrupción a escala hemisférica. Aunque no ocurre en todos los países por igual, en los últimos años, la corrupción se ha vuelto un asunto transcontinental en Latinoamérica, fruto de las revelaciones de casos, auténticos entramados, de corruptores y corrompidos que traspasan las fronteras nacionales como es el caso específico de la constructora Brasileña Odebrecht.

La corrupción es uno de los mayores riesgos a los que se expone la economía y la democracia de América latina ya que esta supone el equivalente al 5% del PIB mundial y 25% del PIB de los países en vía de desarrollo, el cual resulta de la firma de contratos logrados por sobornos entre funcionarios del gobiernos y los lobistas. En el caso de América Latina, la mayoría de los casos de corrupción correspondían a sobornos, un 44%, y el resto en auditorias, tanto externas como internas y en revisiones de la gestión de direcciones y documentos, en la actualidad los sobornos desbordan la tolerancia de las leyes.

El malestar de la corrupción es el lado más oscuro de América latina ya que este flagelo no se enfrenta con exhortaciones morales ni con leyes más severas, que estas son medidas desproporcionadamente débiles frente a la magnitud de la tentación. Por tales razones, es justo entender que el propio ordenamiento legal debe estar construido para que resulten menos frecuentes los casos de corrupción, que debe diseñarse de tal modo que se exija en todo momento transparencia y responsabilidad al funcionario público, pues este es la única manera de frenar la destrucción de la democracia y la economía de la región.

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