Los resultados de las elecciones generales de 2016, en el Perú, trazaron una ruta crítica de una crisis que ha llegado a su máxima expresión, pues esta se incubó cuando la oposición de orientación fujimorista logró la mayoría parlamentaria. Esta composición congresual planteó un enfrentamiento abierto entre el gobierno y el congreso de la República, a lo que se incorporó la sombra del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que en 2018 le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
A pesar de la interrupción del mandato Constitucional, las tensiones entre el presidente y el congreso de la República no han bajado, sino que lo que ha ocurrido es un aumento de las discrepancias, lo que se ha traducido en una mayor incertidumbre en lo político y en lo económico. Pero la situación ha traspasado los límites prudenciales luego de que el 30 de septiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del congreso, fruto de meses de confrontación entre este y poder ejecutivo que procuraba alcanzar un voto de confianza, cuyo precedente es el año 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori lo disolvió.
El 2018 puede calificarse el año en que se profundizó la crisis peruana, la cual se agravó a partir de la gran corrupción promovida por la empresa Odebrecht, lo que impulsó la desconfianza en las instituciones, los partidos, los políticos de esa nación y el poder judicial. Es en tal contexto en el que se ha deteriorado la confianza empresarial, el gasto privado se contrae, las presiones inflacionarias están al borde de la explosión y relativa fortaleza de la moneda local envía señales de desaparecer, lo que plantea un escenario lleno de interrogantes para el crecimiento económico al cierre del 2019.
En Perú se han hecho grandes esfuerzos por orientar a ese país por los carriles de la institucionalidad en todo lo que va del presente siglo XXI, lo cual se ha reflejado en el desempeño de la economía a través de un crecimiento del PIB que, en promedio, registró una expansión del 6,1% anual durante el periodo 2002-2013. Este comportamiento del PIB provocó que Perú se colocara como uno de los países de mayor dinamismo en América latina, fruto de la adopción de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales amplia y de un entorno externo favorable, que implantaron un escenario de alto crecimiento y baja inflación.
El crecimiento económico peruano tuvo un impacto trascendental en la generación de empleo y los ingresos de tal magnitud que esto redujo considerablemente las tasas de pobreza. En efecto, la pobreza registró una contracción desde un 52,2% en 2005 a 26,1% en 2013, lo que se tradujo en que 6,4 millones de personas que abandonaron la pobreza durante ese periodo, en tanto que la pobreza extrema cayó de un 30,9% a 11,4% en ese mismo lapso.
Cuando la debilidad institucional comenzaba aparecer en el Perú la economía fue la mayor perjudicada, lo cual se expresó en el hecho que durante el periodo 2014- 2017, la la economía entró en una fase de desaceleración en promedio por el orden del 3,0% anual, como resultado de la caída del precio internacional de las materias primas, concretamente el cobre, principal rubro de exportación peruano. Sin lugar a dudas, tal situación generó una contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una reducción significativa del consumo.
Es en ese contexto que la economía peruana no registra tasa de crecimiento al ritmo que estableció como patrón, por tanto, ha perdido dinamismo desde 2017 frente a los escándalos de corrupción y la crisis política desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski Pero resulta que en un contexto de crisis y desconfianza, la economía peruana conserva un crecimiento considerable en la línea del promedio de la región, de 2,7%. Por tales razones, el banco de inversión JP Morgan ha proyectado que la incertidumbre política se encuentra perjudicando el crecimiento económico del Perú, por lo que si tal factor no logra despejase en el corto plazo, ese país no lograría avanzar de manera significativa en su PIB potencia, el cual es entre 4 % y 5 %.
También resulta esperanzador que las calificadoras de riesgos han ponderado el hecho de que los modelos tradicionales de la política económica y su implementación no cambiarán los escenarios de su economía. En adicion, se parte del hecho de que los eventos e incertidumbres políticos, y dado el historial de políticas económicas estable del Perú en todos los gobiernos y sus sólidos perfiles económicos y financieros son los únicos elementos a considerar para evitar el colapso proyectado en un escenario del trastorno institucional.
Con el debilitamiento institucional, Perú transita por una ruta que podría perjudicar las perspectivas de crecimiento económico, lo que conduce de manera irreversible a una estrepitosa caída del PBI per cápita, y afecta los esfuerzos del país para mantener las finanzas públicas de manera sostenible, el cual provocaría una baja en las calificaciones de riesgo en el futuro inmediato. En Perú predomina de manera sostenible una incertidumbre fruto de una situación política inédita que refleja una inestabilidad que envía señales de no tener un final agradable.