En la actualidad, América Latina enfrenta grandes desafíos fruto de que se transita por un proceso de profundas transformaciones políticas y económicas, lo cual se observa en que se ha llegado a un punto de inflexión con la presencia de situaciones de crisis y tensiones sociales en la mayoría de los países, básicamente por los procesos electorales y los déficit de la democracia. El balance mostrado por la región al finalizar el 2018 evidencia que la exposición al riesgo fue de mayor intensidad política y convulsión superior al registrado en las últimas décadas.
América latina se caracteriza por ser una zona con características muy heterogénea, la cual se evidencia a través de que existen países con un desempeño económico muy favorable, y que cohabitan con otros con una fase de crisis profunda que deteriora la economía y la calidad de la democracia. En tal sentido, también existen Gobiernos que apuestan por una mayor integración regional, en tanto, otros procuran el fomento de políticas de corte neoliberal y de reducción de los espacios democráticos conquistados, lo que se traduce en un shock entre modelos adversos que solo desfavorecen las aspiraciones de progreso y auspician la brecha de la desigualdad.
En los países de América latina parece que nada funciona bien, ni los mercados, ni las instituciones, ni los sistemas de orden público que se caracterizan por la eficiencia y acorde con el entorno global. Pero es que los problemas de América Latina cuando son inventariados lo que primero resalta son las carencias, los obstáculos existentes para avanzar y alcanzar como democracia y adecuado crecimiento del PIB para un desarrollo económico y social pleno.
En la actualidad, existe una inocultable crisis de la democracia en la región latinoamericana, la cual enfrenta grandes desafíos e incógnitas, los cuales, si no surgen respuestas creativas, colocan en alto riesgo el proyecto democrático del hemisferio. La democracia es un proceso dinámico y frágil que para fortalecerla ha de estar vinculada íntimamente con un proceso virtuoso de desarrollo, mejor relación entre democracia y la globalización, hacer más amigable la democracia y las nuevas tecnologías, colocar en primer plano el valor de la preservación del medioambiente, elementos a los que se le da la espalda de manera frecuente.
A la Luz de lo que está ocurriendo en la región, lo que se observa de manera muy puntual es que Latinoamérica se está quedando cada vez más rezagada en la competitividad económica y tecnológica mundial, sus instituciones democráticas son más débiles y enfrenta problemas de seguridad pública que alimentan discursos autoritarios. En America latina todo parece indicar que nada funciona bien ya que en sentido general existe una marcada ineficiencia y ausencia de la universalización del beneficio social, pues se carece de todo y los ciudadanos cada vez están creyendo menos en la democracia que se parece más al autoritarismo y la exclusión, colocando a la población en un dilema entre el pesimismo paralizante y el optimismo ingenuo.
Desde principios del siglo XXI múltiples organismos globales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han puesto la mirada en América latina con la finalidad de diagnosticar la situación de la democracia de la región. En efecto, uno de los hallazgos más relevante que se ha identificado es el bajo nivel de desarrollo político democrático y la pésima calidad de la democracia en todas las naciones latinoamericanas.
Estos hallazgos relevantes son fruto de que el panorama político en América Latina tiende a caracterizarse por la existencia de partidos políticos débiles, indiferencia respecto a la democracia, un sistema judicial débil, bajos niveles de interés político y bloqueo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo». Por igual, es muy notorio que la democracia en la mayor parte de los países de América latina es insatisfactoria en el marco de las expectativas de los ciudadanos, donde estos interpretan como factor primario la prevalencia de la corrupción, la delincuencia y la violencia, generando esto desengaños e inestabilidad social y económica, lo cual se expresa en que solo el 35% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia y el resto muestra un agudo desencanto con esta.
Estos desencantos por la democracia, que afecta a los países de América latina, se observa en Ecuador donde la población se siente impactada por el paquete de ajuste económico del gobierno y la eliminación del subsidio a los combustibles lo que ha provocado violentas protestas en todo el país, lo cual ocurre en un contexto de déficit fiscal que lesiona el desempeño de la economía. Situación esta que ha conducido a Ecuador por una grave crisis política y económica, lo cual ha tenido como respuesta las protestas callejeras por la eliminación de los subsidios a los combustibles, poniendo fin a 40 años de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las gasolinas y el diesel.
La situación económica y política de Ecuador coloca la estabilidad de ambas en una situación de incertidumbre, máxime si se pondera que esto tiende a profundizarse con la venta previa de petróleo, incremento de la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional a tasas de interés sumamente altas, 10%, la utilización del Banco Central como prestamista del gobierno, pese a tratarse de una economía dolarizada. En adición, se pondera que el detonante de la crisis política y económica de Ecuador es el rol que está jugando el FMI cuyas recetas provocarán una contracción en el crecimiento del PIB, mayor desempleo y mayor inestabilidad macroeconómica.
Tan solo mirar el denominado «el paquetazo» recomendado por el FMI, que además de la eliminación de los subsidios a los combustibles, implica una serie de medidas tributarias y laborales agresivas y lesionadoras al bienestar colectivo. En efecto, entre las medidas de ajustes se destacan la baja salarial de hasta 20% en los contratos temporales en el sector público, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos, aporte de un día de salario mensual de los empleados públicos al fisco, contribución especial de las empresas con ingresos de más de US$10 millones anuales a las arcas fiscales, medidas todas que tienen efectos impopulares en la población, debilitan y destruyen la democracia.
