Hablan los hechos

Ecuador: El poder de la movilización

Cual si estuviéramos ante un proceso de normalización del estado de crisis, a lo largo y ancho de las democracias latinoamericanas se han estado desatando distintos focos de conflictos, con movilizaciones sociales que afectan notablemente la gobernabilidad en la región.

Desde Haití hasta Chile, un creciente descontento social se va apoderando de las calles, poniendo en jaque algunos gobiernos de turno, cuyo margen de maniobra parece cada vez más reducido y de difícil capitalización. Esto explica en parte el por qué la capacidad de persuasión para emprender reformas, sin afectar la imagen y autoridad gubernamental, parece casi nula, en especial cuando se trata de medidas económicas que trastocan los intereses populares.

Entre los ejemplos más recientes podemos citar el caso de Ecuador, país suramericano acostumbrado a las altisonantes movilizaciones populares, compuestas esencialmente por agrupaciones indígenas, que han logrado acabar con el mandato de tres presidentes en los últimos 25 años.

Así lo refleja el caso de Abdalá Bucaram, quien luego anunciar un “paquetazo” compuesto por recortes económicos, así como el aumento del precio de bienes y servicios, vio cortado su período presidencial cuando, luego de sendas protestas, el Congreso le destituyó en 1997. La misma suerte correría Jamil Mahuad, cuando la presión de oficiales e indígenas terminaron con su mandato a principios del 2000, luego de haber autorizado drásticas medidas económicas, entre las cuales estuvo la dolarización de la economía ecuatoriana y consiguiente extinción de la moneda nacional.

Tras la salida de Mahuad, y la culminación del mandato constitucional por parte de quien fuera su vicepresidente, en el 2002 asumiría Lucio Gutiérrez, un oficial militar que a su vez fue depuesto tres años más tarde por la denominada “rebelión de los forajidos”, encabezada principalmente por los mismos grupos indígenas.

Como se podrá notar, la estrecha vinculación entre medidas económicas y movilización social, parece ser una constante que no falla en la política ecuatoriana, y que no distingue de gobiernos. Sin embargo, lejos de esto constituir un precedente que permita afinar las medidas de futuros mandatarios, lo cierto es que parecen no haber aprendido la lección.

En efecto, semanas atrás el actual presidente Lenin Moreno hizo público el anuncio de un nuevo paquete económico, destinados a palear el déficit fiscal y la creciente inflación que afecta a Ecuador, una medida que recibió el rechazo inmediato de la población. Su origen yace en el desbordamiento del gasto público, que según hace constar el gobierno, se produjo durante los años de bonanza económica en el periodo 2007-2014, donde se contrajeron compromisos que comprometieron a futuro las finanzas del país.

Como medidas paliativas, inicialmente el ejecutivo ecuatoriano había convenido emitir bonos soberanos en el mercado internacional sujetos a elevadas tasas de interés, realizar venta a futuro de petróleo, y adquirir préstamos internos de la mano del Banco Central. Posteriormente, la imposibilidad de sostener los compromisos adquiridos con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), llevó al actual gobierno a renunciar a dicho organismo internacional, e incluso llegar al punto de acudir al Fondo Monetario Internacional.

Sería precisamente esta última movida, la que traería consigo las causales que han detonado la crisis más reciente, cuyos efectos no tardaron en sentirse en todo Ecuador. En esencia, la necesidad de acceder a un crédito internacional por US$4,209 millones por parte del FMI, llevó a Lenin Moreno a aceptar odiosas condicionantes económicas, que le han enfrentado a una enardecida población.

Medidas en el sector público como la reducción de salarios, recorte de periodos de vacaciones y supresión de empleos, se alinean de manera inquietante con otras que van dirigidas a los sectores productivos, tales como la creación de impuestos especiales a empresas que generan más de US$10 millones al año, y la eliminación del subsidio a los combustibles. De hecho, tras la eliminación del subsidio a los combustibles, el precio de la gasolina pasó de US$1.85 a US$2.30 por galón, para un alza del 80%.

No cabe dudas de que dicho “paquetazo”, como le han llamado los ecuatorianos, implica acabar drásticamente con una dinámica política de Estado, que durante más de una década permitió reducir la pobreza en un 38%, mientras atenuó la desigualdad social y garantizó la gobernabilidad. En fin, ha constituido una decisión políticamente costosa, para la cual el gobierno pareció no prever su impacto.

La reacción no se hizo esperar, por lo que al poco tiempo de conocerse las medidas a implementar por el gobierno, miles de indígenas junto a otros movimientos sindicales se dirigieron a la capital de Ecuador, en franca oposición a la nueva política de austeridad, por la que muchos llegaron incluso a reclamar la renuncia del presidente Moreno. Tal como ha sido tradición en las movilizaciones populares previas, los choques entre protestantes y los organismos de seguridad fueron de carácter violento, llegando a su clímax al momento de que un grupo logró irrumpir en el Congreso.

Para el ejecutivo no valió los llamados al orden, la invitación al diálogo, ni la posterior detención de unos 500 manifestantes, para evitar que el avance de los indígenas provocara el traslado de emergencia del presidente desde Quito a Guayaquil, por razones de seguridad. Evidentemente la magnitud de las protestas han repercutido de manera negativa en la economía nacional, afectando desde la producción petrolera, hasta el precio y suministro de alimentos en algunas provincias del país.

A pesar de señalar directamente al expresidente Rafael Correa de estar detrás de las protestas, lo evidente es que el gobierno ecuatoriano pronto tuvo que reconocer lo impopular de las medidas económicas adoptadas. Una muestra de ello fue la publicación de un paquete de propuestas alternativas, para lograr reducir el malestar social, sin embargo no fue suficiente.

En conclusión tras un pulso que no prometía mayores progresos, el presidente Lenin Moreno se vio obligado a derogar el “paquetazo” sugerido por el FMI, y dar apertura a un proceso de negociación.

Nuevamente el descontento ciudadano y movilización social demuestran ser una fuerza indetenible para hacer valer sus derechos, Chile y Haití siguen inmersas en sus propios procesos, pero, ¿habrá alguna nueva crisis en la región?.

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