Con un escándalo tras otro, que han puesto rancio un gobierno de menos de tres meses de instalado, han pasado debajo de la mesa sucesos espeluznantes que ponen en entredicho la institucionalidad o quizás las instancias que deben velar por ella.
Esta misma semana el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra 17 acusados en la red criminal que borró registros de antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República a cambio de sobornos.
Según la acusación del Ministerio Público, se trató de una red criminal a nivel nacional que eliminó casi 17,000 antecedentes penales.
Es decir que los involucrados, quizás con un clic, borraron expedientes con acusaciones desde simple policía hasta crímenes horrendos.
Esas operaciones beneficiaron a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, así como a personas involucradas en la adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros.
El órgano acusador en justicia operando una mafia interna para borrar investigaciones de delitos y crímenes
Nos preguntamos también sobre la cacareada reforma policial que no hemos visto sus resultados con más de cuatro años sazonando ese tema y encontrándonos cada día con una institución arcaica, respondiendo a esquemas superados, distante de una institución moderna.
Reformar la Policía Nacional no es presentar un nuevo uniforme de los agentes, es algo más allá de esa medida cosmética.
Pero donde la puerca retuerce el rabo es con la alerta de la misión de la Organización de Estados Americanos (ONU) en Haití y una investigación de organismos de inteligencia del Estado dominicano que detectó una red delictiva que operaba al interior de la Policía Nacional, dedicaba a la extracción irregular de municiones desde los depósitos de la entidad, con el fin de venderlas a particulares.
Un hecho escandaloso, que solo se ha hecho el anuncio de que la Procuraduría General de la República interroga a agentes de la Policía sobre esta red delictiva.
Se deduce que si se ha confirmado el trasiego de municiones, también ha sucedido con armas y vestimentas, porque recientes atracos han sido denunciado por persona con uniformes de la policía nacional y de la DNCD.
Una Policía Nacional hundida en el atraso, un cuerpo de vigilancia y orden de donde salen municiones para la venta, suponemos a delincuentes o bandas en Haití y una Procuraduría General de la República con funcionarios y servidores que borran expedientes criminales es para espantarse. Que lástima.
