La sucesión de cambios operados en la sociedad dominicana durante las
últimas décadas nos lleva a la necesidad de redefinir el rol del Estado, y su
relación con la sociedad, reivindicando el papel de la administración pública
como herramienta al servicio del desarrollo económico y social de la Nación.
La construcción de un nuevo tipo de Estado y el desarrollo de un modelo
de administración pública más apto para instrumentar políticas públicas que
nos conduzcan verdaderamente a un desarrollo sostenible e inclusión social, y
que, a la vez, restaure la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar la paz y
estabilidad, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los
derechos fundamentales y la ejecución de políticas públicas efectivas que
impacten en la mejora de la calidad de vida de los dominicanos.
Los funcionarios públicos deben expresar, con sus acciones, el
pensamiento solidario del Estado, procurando siempre que su trabajo sea útil
para la sociedad, haciendo que resurja el orgullo de ser servidores públicos.
Se precisa de reformas que nos conduzcan a la reconstrucción de un
aparato estatal eficiente y modernamente gestionado, que pueda dar respuesta
a los problemas que angustian a la sociedad dominicana. Reformas que,
lamentablemente, por falta de voluntad y liderazgo político, nunca son llevadas
plenamente a cabo, o en el mejor de los casos, son dejadas a medias.
Debemos apostar a un Estado como instrumento fundamental para el
desarrollo sostenible, orientado primordialmente hacia el área social,
asegurando la universalidad de los servicios de salud y educación, diseñando
herramientas que ayuden a promover el desarrollo integral de las personas.
Para lograrlo el Estado debe eficientizar su gestión, mediante la
formulación de políticas públicas sólidas que impacten en la mejora de la
calidad de vida de todos los dominicanos, atrayendo a la comunidad, a las
empresas o al sector público no estatal, para compartir la responsabilidad en la
ejecución de los servicios públicos, principalmente los de salud, educación y
asistencia social.
Es preciso fortalecer las formas democráticas de relación entre el Estado
y la sociedad, aumentando el grado de participación y responsabilidad de parte
de los actores del sistema, capacitando a los ciudadanos para controlar las
actividades públicas, pudiendo hacerlas, simultáneamente, más eficientes y de
mejor calidad.
De conformidad con la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana
en la Gestión Pública (CLAD, 2009) “la participación ciudadana en la gestión
pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un
derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos
tradicionales de representación política.”
Si bien el concepto ha sido definido de forma clara en esta Carta, la
participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida
y consolidada en nuestra región. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía
deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas
públicas: Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y
Evaluación.
Hay que dedicar los recursos necesarios para implantar la administración
digital plena y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las
diferentes instituciones públicas por medios electrónicos cuando así lo decida.
Facilitar los trámites en línea a través de medios que utiliza la ciudadanía
en su día a día, tales como el teléfono, tarjetas bancarias, entre otros.
Igualmente, utilizar las redes sociales para promover y educar sobre el uso de
servicios públicos en ciertos ámbitos, a través de la tecnología.
Impulsar procesos de transformación cultural en las organizaciones
públicas basados en la ética y los valores públicos, incluyendo la formación de
los futuros cuadros profesionales en estos valores.
Políticas reales de gobierno abierto, transparencia y lucha contra la
corrupción administrativa, combinadas con procesos participativos,
deliberativos y evaluables en su rendición de cuentas.
Convertir a las instituciones públicas en plenamente accesibles, de un
modo simple y ágil, cercana a la gente, en el contexto de una transformación
tecnológica, organizativa y jurídica que permita simplificar al máximo sus
actuaciones y requerimientos.
Poner en marcha planes de desburocratización pública, reduciéndose al
mínimo imprescindible en la Administración, prestando atención especial a los
programas de simplificación administrativa.
En fin, dignificar el servicio público, dar ejemplo, y superar la barrera que
sigue distanciando aún a la ciudadanía de la Administración Pública.
