En declaraciones públicas, representantes de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han venido denunciando el incremento de la nómina de empleados públicos como una muestra del manejo irresponsable de las finanzas del Estado.
Desde instancias gubernamentales se ha intentado responder a estas contundentes denuncias argumentando que se trata de declaraciones enmarcadas meramente en la competencia política.
Sin embargo, una postura muy distante a la del PLD es la del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), un centro de pensamiento e investigación privado y sin fines de lucro, que presenta en su portal web una nómina pública notablemente abultada.
Bajo el título “La nómina pública suma 35,273 nuevos trabajadores en un año”, su equipo especializado describe los hallazgos de un gráfico de barras basado en los últimos datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
El informe del CREES indica que, a enero de 2026, se registraron 773,025 empleados en el sector público, lo que implica un aumento del 4.8% frente a enero de 2025; es decir, en solo un año se sumaron 35,273 nuevos servidores.
“A pesar de las medidas anunciadas por las autoridades en septiembre de 2024 para restringir la contratación, desde ese mismo mes hasta enero de 2026 la nómina pública aumentó un 6.4%, equivalente a 46,538 empleados”, señala el portal crees.org.do.
Según el presupuesto en ejecución para el año 2026, el gasto en remuneraciones representaría el 23.2% del gasto público total, convirtiéndose en el componente más elevado según la clasificación económica del gasto.
Esta revelación del CREES demuestra que, al Gobierno y a su partido, parece interesarles más la rentabilidad política basada en el dispendio del dinero de los contribuyentes que la eficiencia administrativa.
Mantener una nómina abultada, junto a un «festival» de pensiones inmerecidas y otras formas de gasto ineficiente, confirma que no se trata de decisiones económicas, sino de naturaleza política. Es, en esencia, una “politización de la economía”, un esquema totalmente distanciado de la austeridad que debe predominar en tiempos de limitaciones y crisis.
“El costo real de una creciente nómina pública no es únicamente el monto que se gasta en mantenerla, sino todo aquello en lo que la sociedad tiene que dejar de invertir en la economía”, concluye el informe del CREES, cita que sirve como colofón perfecto para este análisis.
