La politización de la justicia o la
judicialización de la política son fenómenos
utilizados como arma para degradar,
desprestigiar, inhabilitar y perseguir
adversarios, mediante falsas acusaciones.
Denuncias infundadas, en muchos casos en
complicidad con medios de comunicación
para instalar una condena social antes de
que haya un juicio justo oral y contradictorio.
En las últimas décadas en América Latina la
judicialización de la política se ha convertido en parte de la realidad
latinoamericana y como mediante este uso indebido de los sistemas
judiciales se cometen abusos en los procedimientos legales, como la
fabricación de acusaciones, la violación de la presunción de inocencia
y el uso excesivo de la prisión preventiva, causando daños
irreparables en su reputación.
En la región el uso indebido de la justicia conocido por Lawfare, tiene
muchos ejemplos como en Brasil con el presidente Lula, Paraguay
con el ex presidente Fernando Lugo, Argentina con la ex presidenta
cristina Fernandez de Kirchner, Ecuador con el ex presidente Rafael
Correa y con el ex vicepresidente George Glass, Perú con el ex
presidente pedro Castillo y otros casos que vulneran las garantías
fundamentales.
La República Dominicana en estos casos no ha sido la excepción,
aquí también se aplico el Lawfare en contra de dirigentes políticos del
Partido de la Liberación Dominicana PLD, quienes han sido víctimas
de amplios expedientes de corrupción, que corresponden a una
estrategia de persecución política orientada a inhabilitarlos y dañar su
imagen de cara a los procesos electorales.
Durante años muchos dirigentes del PLD enfrentaron medidas
restrictivas, procesos judiciales, afectaciones económicas y graves
daños a su reputación personal, todo esto mediante sometimientos
abusivos, destinados a hacer daños o destruir al partido y que lo
único que han hecho es poner en riesgo la democracia mediante una
grosera utilización política de los mecanismos de justicia.
El PLD al fijar su posición sobre el no ha lugar que favoreció a los
compañeros Gonzalo Castillo y José Ramon Peralta y al reflexionar
sobre todos los compañeros que han sido absueltos por los
tribunales, después de años de procesos judiciales, medidas
restrictivas y exposición pública, señalo que,” ninguna decisión
judicial puede devolver completamente el tiempo perdido”.
En declaraciones públicas el secretario general del PLD Johnny Pujols,
expreso que,” el tribunal reconoció lo que durante años sostuvieron el
partido, familiares y sectores de la sociedad dominicana en el sentido
de que las acusaciones formuladas en su contra carecían de
fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo”, lo
que constituye también una reivindicación moral.
Agregando que, “El PLD cree en su inocencia, pero además la
Constitución de la República lo garantiza, es un principio
constitucional la presunción de inocencia”, al referirse a dirigentes de
esa organización, quienes durante años fueron sometidos a prisión
preventiva y a campañas de descrédito público. “La justicia no solo
debe sancionar cuando corresponde, sino también reconocer y
proteger los derechos de quienes resultan inocentes”.
La declaracioón del PLD es bien clara, “La Justicia debe servir a la
Verdad y no a la Política”, proponiendo que la sociedad dominicana
asuma el compromiso de que nunca más la justicia sea utilizada como
instrumento de competencia politica, las ruedas de prensa sustituyan las
decisiones de los tribunales y la filtración selectiva de expedientes se
convierta en un mecanismo de condena anticipada.
La utilización selectiva de la justicia con fines politicos y convertir los
tribunales en espacios de confrontación partidaria, en nada
contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático, el lawfare o
guerra juridica como arma politica con acusaciones que carecen de
pruebas sólidas, es una práctica que socava los derechos
fundamentales de los ciudadanos, haciendo peligrar no sólo la
estabilidad política y económica de un Estado, sino también las
libertades de los individuos.
La justicia no debe ser usada como un instrumento de competencia
politica, por sectores inescrupulosos , que buscan desgastar la
imagen pública y desligitimar dirigentes, movimientos o partidos,
impedir candidaturas o participación electoral de las fuerzas
progresistas, lo que hace que la justicia sea vista como actor politico,
cuyas decisiones pueden sustituir el debate democrático.
El momento es adecuado para una profunda reflexión de la sociedad,
sobre los graves daños de la judicialización politica, la igualdad de
todos los sectores politicos en la aplicación de justicia, una verdadera
independencia institucional y un transparente y real combate a la
corrupción, con procesos legales efectivos, sin impunidad selectiva,
con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
