Para nadie es un secreto que República Dominicana tiene un problema serio con el manejo de la basura. En algunos lugares, casi ni se recoge. En otros, se recoge, pero no se gestiona correctamente. Al final, terminamos con vertederos improvisados, peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las comunidades cercanas, especialmente las más pobres, que muchas veces viven junto a los vertederos o puntos de acumulación de desechos.
Por tanto, el país sí necesita una política seria, moderna y responsable de gestión de residuos sólidos. Este problema histórico requiere una solución con carácter de urgencia.
En ese sentido, la Ley 176-07, que regula las alcaldías del país, establece que el manejo de los residuos sólidos es una competencia exclusiva de los ayuntamientos. También lo define como un servicio municipal mínimo. Dicho de manera sencilla: si un ayuntamiento no hace otra cosa, por lo menos debe recoger la basura y gestionarla correctamente.
Pero durante años, muchas alcaldías y distritos municipales no han podido cumplir adecuadamente con esa responsabilidad.
Una parte de la explicación está en las bajas transferencias que históricamente han recibido, muy por debajo de lo que establece la ley. Pero esa no es toda la historia. También hay que decir que muchos gobiernos locales han manejado mal los recursos disponibles, privilegiando el gasto corriente, el asistencialismo político, los nombramientos innecesarios y las estructuras clientelares.
En buen dominicano: mucha gente cobrando y poca basura recogiéndose. Y la que se recoge, muchas veces termina tirada en un vertedero a cielo abierto sin que nadie haga nada al respecto.
Para enfrentar ese fracaso, se creó el fideicomiso de gestión integral de residuos sólidos. La idea, en principio, puede tener elementos interesantes. Si los gobiernos locales no han podido resolver solos el problema, un mecanismo especializado podría ayudar a financiar proyectos, lograr economías de escala, organizar inversiones y empujar soluciones más modernas.
El problema está en cómo se financia ese fideicomiso. Sus ingresos dependen de una llamada “contribución especial obligatoria” que deben pagar las empresas. En palabras simples: un impuesto.
Pero lo peor de todo es que es un impuesto muy mal diseñado.
¿Por qué? Porque no se cobra en función de la cantidad de residuos que genera una empresa, sino en función de sus ingresos. Tampoco es un impuesto a las ganancias, sino a las ventas. Y ahí comienza el absurdo.
A modo de ejemplo, una empresa industrial que genera grandes cantidades de residuos altamente contaminantes puede terminar pagando bajo una lógica parecida a una empresa de servicios que básicamente desecha papeles y la borra del café que se toman sus empleados.
Pero el problema es todavía mayor porque se cobra sobre los ingresos, no sobre las ganancias. Eso afecta especialmente a empresas que venden mucho, pero ganan poco por cada peso vendido. Pensemos en supermercados, distribuidores o negocios que operan con grandes volúmenes y márgenes bajos. Estas empresas pueden tener ingresos altos, pero también costos elevados.
Es decir, este impuesto no es proporcional ni a la generación de residuos ni a la rentabilidad de las empresas, sino al tamaño de sus ventas.
Tal como suele pasar, el Gobierno toma una causa correcta y la convierte en una mala solución fiscal. En este caso, una recaudación con disfraz verde.
Este impuesto fue creado en 2020 y, aunque desde sus inicios ha estado mal diseñado, el monto era tan bajo que nadie le prestó demasiada atención. Simplemente fue asumido por las empresas como otro costo más dentro de la larga lista de cargas que enfrenta quien decide operar formalmente en República Dominicana.
Pero es ahora cuando viene el verdadero problema. El Congreso conoce de urgencia un incremento importante de ese impuesto. En algunos casos, el monto a pagar podría multiplicarse hasta por diez.
Dicho de otra forma: lo que antes era un impuesto mal diseñado, pero relativamente pequeño, ahora puede convertirse en una carga mucho más pesada para empresas, comerciantes y emprendedores. Y lo peor es que este aumento llega en un momento en que el país ya acumula incrementos importantes en los costos de producción y operación.
Primero, se mantiene una gasolina cara, aun cuando el petróleo ha bajado. Después, se aprobó una reforma fiscal que aumenta impuestos sobre la renta y transacciones electrónicas. Y ahora se pretende incrementar el impuesto para residuos sólidos.
Tres golpes seguidos, uno tras otro, en apenas pocas semanas. Desde el punto de vista de las empresas, cuando aumentan sus costos, tienen pocas opciones: reducen márgenes, frenan inversiones, limitan contrataciones o suben precios. Y en una economía como la dominicana, una parte importante de esos costos terminará trasladándose al consumidor.
Eso significa comida más cara, productos del hogar más caros, servicios más caros y más presión sobre un presupuesto familiar que ya está bastante golpeado.
Y si está mal el fondo de la reforma a la ley de residuos sólidos, peor es la forma. Todo esto se conoce de urgencia en el Congreso, sin la debida discusión, sin análisis suficiente, sin escuchar con calma a los sectores afectados, sin evaluar el impacto sobre los precios y sin pensar en alternativas. Como si aprobar impuestos fuera una carrera de velocidad.
Antes de aprobar una nueva reforma fiscal disfrazada de “verde”, deberíamos hacernos algunas preguntas básicas.
¿Cuánto de este incremento se transferirá a precios? ¿Qué sectores serán los más afectados? ¿Cómo impactará a supermercados, colmados, industrias, restaurantes, hoteles y pequeños comercios? ¿Qué se puede hacer para mitigar el golpe sobre los hogares? ¿Existen mejores formas de financiar la gestión de residuos sin castigar aún más a las empresas formales?
Todo esto se podría discutir con expertos, sectores productivos, alcaldías, ambientalistas y representantes de la sociedad civil, a fin de encontrar mejores soluciones. Pero eso es imposible si el Congreso decide conocer y aprobar reformas fiscales en tiempo récord, logrando así la categoría de “aprobación históricamente rápida”, dado que a este Gobierno le gusta tanto la palabra “histórico”.
Si la urgencia de la reforma fiscal pasada era la crisis en Medio Oriente (crisis que por cierto terminó antes de aprobada la reforma), ¿que crisis justifica la urgencia en este incremento del impuesto para el fideicomiso de residuos sólidos?
Si queremos una política moderna de residuos sólidos, hablemos en serio y con el debido tiempo de debate. Si queremos instrumentos eficientes para manejar la fluctuación de los precios del petróleo, discutamos opciones como los fondos de estabilización. Pero nada de esto ocurre con la celeridad de un Congreso que al parecer ha desarrollado un “sello gomígrafo express”.
Más que leyes aprobadas con carácter de urgencia, lo único verdaderamente urgente debería ser mejorar la calidad de las políticas públicas en nuestro país.
