De 1844 a 1858, o sea de la primera constitución dominicana, votada en San Cristóbal, a la constitución del gobierno santiaguero, votada en Moca, transcurrieron catorce años. La primera se puso en vigencia por el dominio de la fuerza santanista que impuso el célebre artículo 210, teniendo a Bobadilla como vocero y propulsor de los intereses políticos de Pedro Santana.
La constitución de Moca de 1858 nunca pudo sostenerse en pie. Santana seguía originando situaciones cargantes para impedir que su poder fuese afectado. La de San Cristóbal no fue una mala constitución. Muchos hombres honorables la configuraron. Pero, la amenaza del gobernante hizo trizas con el primer intento constitucional después de proclamada la República. Apenas, tres meses antes había declarado traidores a la Patria justamente a quienes la habían creado. O sea, seis meses después del grito de Independencia, los padres fundadores eran anatemizados por Santana y la Junta Gubernativa –acólitos pusilánimes y viles- que él manejaba a su antojo. Comenzando la Patria su andadura, ya la primera dictadura estaba servida.
No hubo más constituciones de valía, hasta la reunión de la asamblea constituyente de Moca en 1858, gracias a la decisión de los revolucionarios que en Santiago de los Caballeros tuvieron el coraje de formar gobierno el año anterior, para contrarrestar la decisión de Báez de apertrecharse en la ciudad intramuros de Santo Domingo con su propia artillería militar y política. Todo intento por crear una Carta Magna no pasó de ser más que juegos políticos, mamotretos sin objetivos, decisiones mutiladas por la personalización de los mandatarios de turno. Al propósito constitucionalista de Moca, Santana le cerró el paso, y entre guerras, montoneras, debates políticos, y el sube y baja de los hombres de paja que buscaban sin éxito gobernar al país (o abandonaban o los hacían abandonar) el país no volvió a conocer una Carta Magna bien concebida hasta 1963, o sea 105 años después de la Constitución de Moca.
Sabemos el destino de la Constitución de Bosch. Cinco meses después era igualmente echada al zafacón al ser derrocado su gobierno. No hubo constitución que valiera la pena luego de la de 1963. Si contamos alrededor de 26 constituciones desde la de Moca hasta la de Trujillo, podemos darnos cuenta de la falta de conciencia constitucional existente en el país durante ¡103 años!. Todos tenían la suya y la misma que diseñaban la transformaban a su antojo varias veces, casi siempre –y sin el casi- para la perpetuación en el poder, para acomodarla a la visión y práctica continuistas. En los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer sólo hubo una, que el mandatario se apresuró a delinear en cuanto asumió el mando en julio de 1966. Estuvo lista cinco meses después en una asamblea revisora que estuvo encabezada por el higueyano Rodolfo Valdez Santana. No hubo necesidad de modificarla porque la reelección indefinida quedó consagrada en la misma. Los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco la dejaron intacta, porque el principio de la no-reelección era tema sagrado en la dirección partidaria comandada por José Francisco Peña Gómez. Los perredeístas de entonces no les importaba lo que dijese la Constitución. El PRD –con Peña y Hatuey de Camps a la cabeza- era antireeleccionista y esa norma se respetó, aunque fuese sin querer queriendo. La vino a contradecir Hipólito Mejía, que llegó a lograr la expulsión de Hatuey del PRD por oponerse a su propósito continuista
Recordemos que el padre de Hatuey, Miguel Ángel de Camps Cortés, fue de los constituyentes de 1963, representando a su natal Cotuí y uno de los fundadores de ese partido. Su hijo, Hatuey, apenas tenía 16 años de edad cuando se proclama la Constitución de Bosch.
Es en el 2010 cuando se realiza por tercera vez un intento serio de crear una Constitución que respondiese a las necesidades del momento histórico dominicano. Habían pasado 47 años desde el segundo intento que fue la Constitución de 1963. El país requería de una Carta Magna bien concebida, que concluyese tan largo periodo de ausencia de una Ley Fundamental que rigiese la conducta gubernativa y ciudadana. Para democratizar de modo efectivo, sin palabreríos, a la nación dominicana; para promover su desarrollo, garantizar el progreso sostenido y consolidar sus instituciones, era necesario tener una Constitución que no sirviese al juego político y personal de más de un siglo de contradicciones y recambios. Diversos sectores, todos cuanto quisieron, expresaron sus opiniones. Juristas y expertos constitucionales participaron en su redacción. Sectores políticos, profesionales, empresariales, sociedad civil, religiosos, manifestaron sus aspiraciones para que la nueva constitución las incluyese. No puede negarse que no todas las sugerencias fueron recogidas en el texto constitucional definitivo. No es, tampoco, nada que asombre. Es lo normal en cualquier latitud. Pero, la letra final de la Constitución de 2010 condensó las principales conquistas y postulaciones de los sectores nacionales, como el régimen de seguridad y desarrollo fronterizo, los recursos naturales, los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, los derechos culturales, deportivos y medioambientales (una auténtica novedad que figura en pocos textos constitucionales del mundo), el estatuto de la función pública, la figura del Defensor del Pueblo, el control constitucional, entre otros muchos. Es hasta lógico entender que no pocos ámbitos de la vida nacional mostraron temores y dudas. La hechura de las constituciones dominicanas siempre ha sido un albur, una amplia interrogación. ¿Valdrá la pena? ¿Se respetará? ¿Tendrá el alcance a que se aspira? ¿Volveremos de nuevo a desobedecerla y a malograrla?
En el 2015, cinco años después, ocurrió. La reelección de nuevo. Una modificación y un transitorio que ha generado fuertes debates políticos y controversias en la misma organización gobernante y fuera de ella. No hubo Constitución de 2015 como erróneamente se hizo publicar. Lo que ocurrió fue una enmienda a la de 2010. Las constituciones no se hicieron para ser eternas. Tampoco, para modificarlas por situaciones personales o coyunturas intrapartidarias. La Constitución de Estados Unidos, redactada luego de largos debates en Filadelfia en 1787, fue finalmente puesta en vigor en 1789, hace 230 años, justo cuando George Washington se inauguraba como el primer presidente de la unión norteamericana. Durante ese amplio periodo de más de dos centurias, la constitución norteamericana ha sufrido 27 enmiendas, la casi totalidad referida a derechos humanos, abolición de la esclavitud, sufragio racial, de ciudadanía, posesión de armas, sufragio femenino, entre otros. Sólo en 1947, cuando la constitución tenía 158 años se modificó la misma para limitar el periodo presidencial a ocho años y nunca más, en la presidencia de Harry Truman. Fue la 22ª enmienda. Esta medida afectó al presidente Dwight David Eisenhower, quien no pudo presentarse a un tercer periodo, a pesar del gran prestigio y respeto de que gozaba por su participación activa en la Segunda Guerra Mundial. Setenta y dos años tiene Estados Unidos sin la preocupación de que uno de sus mandatarios decida repostularse por tercera vez. No importaba que se llamase Bill Clinton y saliese de la presidencia con un 76% de popularidad y un superávit de 559 mil millones de dólares. No importaba que se llamase Barak Obama que bordeó el 78% de popularidad al momento de su salida del poder.
En el maremágnum que han significado en nuestra historia los numerosos textos constitucionales concebidos –algunos sin uso alguno, otros tantos para vigencias temporales o como instrumentos de cambio- sólo tres han de figurar como logros indiscutibles de nuestra vida republicana. El primero, la Constitución de Moca de 1858. El segundo, la Constitución de Juan Bosch, de 1963. Y el tercero, la Constitución de Leonel Fernández, de 2010, con nueve años de vigencia y lista para cumplir su décimo aniversario justo en el año en que han de celebrarse nuevas elecciones presidenciales, legislativas y municipales en 2020. Son los tres grandes momentos del derecho constitucional dominicano, al margen de partidismos, de simpatías políticas o de intereses particulares. De las tres grandes constituciones liberales dominicanas, la del 2010 es la única que ha tenido vigencia real. Las tres fueron redactadas y aprobadas libérrimamente, para que cumplieran un fundamental destino: servir al desarrollo social y político del país y fomentar el respeto a la carta sustantiva de la Nación como proveedora de los derechos y deberes que todos estamos llamados a cumplir. Y, sobre todo, como lo especifica la única de estas constituciones que la incluye como aspecto central: crear y consolidar un Estado Social y Democrático de Derecho. Ojalá seamos capaces de sostener esta Constitución de 2010 por largo tiempo y celebrar con ella el bicentenario de la Nación Dominicana.
