Por: Carlos Manzano
Desde principio de siglo hemos sido testigos del auge que ha venido teniendo
el uso del lawfare como instrumento de combate político interno en algunos países,
principalmente de Latinoamérica, es decir, como arma que algunos actores políticos,
desde el Poder, utilizan para conseguir, con frecuencia de forma ilegítima, objetivos
que no podrían conquistar políticamente por la vía democrática.
El concepto de lawfare hace referencia al uso de “procesos legales” para
inhabilitar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país.
Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución
política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario
político.
La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’,
‘conflicto’), y se traduce del inglés como “guerra jurídica”.
Mediante esta modalidad se procura usar el sistema judicial de un país
con fines partidistas (politización de la justicia)., contrario a la tradicional
separación e independencia de poderes, y de las provisiones que otorga y garantiza
el Estado de derecho en una Nación.
Casos como la persecución jurídica de Lula o Dilma Rousseff en Brasil, como
la de Fernando Lugo en Paraguay, la de Rafael Correa en Ecuador, la de Evo
Morales en Bolivia, o la de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se han
presentado como ejemplos de lawfare.
Entre las tácticas más habituales del lawfare están la manipulación del
sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre
la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las
acusaciones y defender sus derechos.
Hay que decir, con mucho pesar, que en la última década los tribunales han
adquirido un rol protagónico en la política de varios países de América Latina,
particularmente en períodos electorales. Las causas “anti-corrupción” abiertas
contra ex funcionarios y líderes de peso han marcado la agenda politica y mediática
en algunos de los países latinoamericanos.
El lawfare combina acciones aparentemente legales con una amplia
cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares
cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
El objetivo: logar que pierda apoyo popular y mermen sus posibilidades de éxitos
electorales.
La expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado
como un actor partidario (politización de la justicia), para desprestigiar la carrera
política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
A decir verdad, la guerra jurídica o lawfare implica un gran retroceso en los
procesos de fortalecimiento de la democracia en los países de América Latina.
Conviene siempre que el Poder Judicial se mantenga al margen de la
confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que
le causaron graves crisis de legitimidad y el descredito en la población.
Esta injerencia de la politica en la justicia supone la anulación de la
independencia judicial por su evidente politización, y provoca irremediablemente la
desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho.
Es por ello que todos estos razonamientos nos conducen a pensar que el
‘lawfare’ se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en
todo el mundo y en especial en América Latina.
