Opinión

Por: Temistocles Montás | Desde su primer mandato en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump comenzó a presionar a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que elevaran el gasto militar. Ha reclamado que los países de dicho bloque destinen el 5% del PIB a defensa y ha amenazado con abandonar la organización si no cumplen ese objetivo. Estas exigencias, combinadas con presiones arancelarias, descalificaciones a dirigentes aliados, amenazas con asumir el control de Groenlandia —territorio perteneciente a Dinamarca— y reproches a los países de la OTAN por, según él, haber dejado solo a Estados Unidos en la guerra contra Irán, están afectando los cimientos de la alianza atlántica.

Ante este escenario, los países de la OTAN están acelerando el aumento de sus presupuestos militares y han asumido el compromiso de alcanzar la meta del 5% para 2035. Surge una pregunta inevitable: ¿De dónde obtendrán dichos países los recursos necesarios, considerando los elevados niveles de presión tributaria que ya soportan?

La cuestión remite a uno de los cambios más profundos de la política internacional desde el fin de la Guerra Fría. No se trata únicamente de una discusión sobre presupuestos militares. Lo que está en juego es la redefinición de la relación entre Estados Unidos y Europa y, en un sentido más amplio, la transición hacia un sistema internacional más competitivo, militarizado y menos cooperativo.

Durante décadas, la mayoría de los países europeos construyeron un amplio Estado de bienestar, financiado mediante una elevada carga fiscal. En muchos casos, la presión tributaria supera el 40% del PIB y, en los países nórdicos, se aproxima al 45%-50%. De esos recursos, los países de la Unión Europea destinan, en promedio, el 54.1% del gasto público total a salud, protección y seguridad social, equivalente aproximadamente al 27.3% del PIB.

Respecto del total de ingresos gubernamentales, la proporción dedicada a fines sociales se sitúa generalmente alrededor del 55%. Esa estructura ha permitido consolidar en Europa la red de bienestar social más robusta del mundo.

Contrariamente, el gasto militar promedio de la Unión Europea se sitúa alrededor del 2.1% del PIB, luego de haber promediado un 1.9% el año anterior. Elevarlo hasta el 5% representaría un esfuerzo gigantesco: significaría aumentar el gasto en defensa en aproximadamente un 150%.

Ese incremento obligaría a escoger entre varias alternativas, todas políticamente difíciles: aumentar impuestos, incrementar el endeudamiento, reducir el gasto social o combinar las tres opciones. La posibilidad más preocupante es que una parte considerable de los recursos destinados durante décadas a salud, educación, pensiones, subsidios familiares o transición energética termine siendo transferida al financiamiento de la defensa.

Surge entonces una segunda pregunta: ¿Podrá mantenerse el Estado de bienestar europeo? La respuesta es que será cada vez más difícil. El llamado modelo social europeo se desarrolló bajo condiciones muy particulares: protección militar estadounidense, bajos niveles de gasto en defensa, fuerte crecimiento económico, globalización relativamente estable y acceso a energía barata.

Hoy, prácticamente todo eso ha cambiado. Estados Unidos intenta reducir parte de la carga asumida desde la Segunda Guerra Mundial, transfiriéndola hacia Europa. Pero si ese proceso se produce demasiado abrupto, puede terminar debilitando a sus propios aliados.