San Salvador, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció que el gobierno, en el contexto de su lucha contra la violencia, presentará a la Asamblea Legislativa varias reformas legales para combatir a los extorsionistas.
Dentro de ellas, la confiscación de los bienes que acumulen como producto de ese delito, precisó durante su programa Gobernando con la gente, transmitido desde Panchimalco, 17 kilómetros de San Salvador.
«Vamos a garantizar que los extorsionistas sean perseguidos de oficio, pero además que se le aplique la ley de extinción de dominio», explicó el jefe de Estado quien está al frente de la batalla por la seguridad en El Salvador.
Se les confiscarán los bienes, como las propiedades, que hayan acumulado como parte de su actividad delincuencial, detalló Sánchez Cerén.
El gobierno conoce que una inmensa parte de la sociedad salvadoreña es sujeta de extorsión, afirmó.
Al mismo tiempo, agradeció a la Asamblea Legislativa por el apoyo a las reformas al Código Procesal Penal encaminadas a endurecer las medidas contra los criminales que atenten contra policías, soldados, jueces, fiscales y cualquier personal que trabaje en labores de seguridad.
La reciente reformas permitirá realizar «procedimientos rápidos» contra estos delincuentes y se les confinará en cárceles de máxima seguridad, «donde estarán totalmente aislados de la sociedad», afirmó el mandatario.
Añadió que el Consejo de Ministros aprobó declarar como proyecto de urgencia la construcción de una nueva etapa del penal de Izalco, donde serán resguardados delincuentes que se encuentran en las cáceles de la Policía Nacional Civil (PNC).
La medida permitirá liberar a unos mil policías del resguardo de los reos que están en las bartolinas para dedicarse a labores de seguridad con las comunidades, afirmó el mandatario.
Para el gobierno de Sánchez Cerén, la lucha contra la inseguridad es una de sus prioridades.
Se han relanzado iniciativas como la Policía Comunitaria y creado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en el cual participan representantes de partidos políticos, iglesias, empresa, privada y medios de prensa, entre otros.
En el Consejo se construyen propuestas para frenar la criminalidad en El Salvador, país considerado el cuarto más violento del mundo, según un informe de Nacionales Unidas.
