Es un tanto difícil mantener a la población alejada de los medios de comunicación Social, en un mundo con tanto acceso a la información que, en el ámbito judicial, genera dificultades con los llamados juicios paralelos.
La situación muchas veces llega a constituir un atentado contra la honra y el honor de las personas, violando su presunción de inocencia y poniendo en duda la mayoría los veredictos de los tribunales.
En algunos países desarrollados no se permite la participación de los medios en los procesos judiciales, y menos a los jueces emitir veredictos influenciados por los medios de comunicación social, pues deben apegarse a las leyes, así como a principios éticos y morales.
De esa manera se busca evitar que un proceso penal se convierta en un espectáculo de opinión pública difamatorio e injurioso, encaminado influir en la ciudadanía mediante la desinformación.
Nuestra Constitución en su artículo 69, numeral tres (3), establece el derecho del ciudadano a que se presuma su inocencia y a ser tratado como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.
En ese mismo sentido, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez en su libro: Justicia y Medios de Comunicación, pag.81, advierte sobre el peligro que enfrentan las víctimas.
Dice la honorable magistrada, “precedentemente, hicimos mención de los peligros que correrían determinados derechos del imputado con la difusión masiva de los procesos penales, a través de los medios masivos de comunicación, pero se presentan también aspectos negativos en torno a la víctima, incluyendo a sus familiares.”
Al mismo tiempo establece “que es un hecho innegable que la incidencia de los medios de prensa, cuando hacen públicas informaciones de hechos penales, afecta sensiblemente también a las víctimas, por cuanto se incrementan en forma innecesaria los efectos del delito sobre la mismas, razón por la cual entra en juego la protección de los derechos e intereses de estas.”
Dice la magistrada “que no solo se perjudica al imputado, al debido proceso, al sistema judicial, sino que igualmente las coberturas informativas inadecuadas sobre casos judiciales o hechos infraccionales repercuten en los derechos de las víctimas”.
A modo propio, entendemos que la prensa en algunos casos tiene razón cuanto hace denuncias por actos de corrupción, pone en alerta a la ciudadanía y a las autoridades para que actúen, sin pasar los límites que permiten las leyes y la Constitución.
Con la publicación de un proceso judicial se produce en segundo un daño a la imagen de una persona, que jamás podrá ser reparado, y peor aún, nadie responde por ese daño al honor, a la vida, y hasta a la intimidad del individuo, pese a estar revestido de la presunción de inocencia.
Con frecuencia vemos como los jueces son sometidos a presión para que conversen sobre algún caso que en el momento acapare la atención pública, olvidándose que los magistrados hablan por sentencias.
Se entiende el rol que deben juzgar los comunicadores para mantener informada a la ciudadanía, amparados en la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero estos pueden ser penalizados si el mensaje transmitido tiene aviesa la intención de injuriar y difamar.
El contenido de la información debe ser preciso, claro, sin distorsión de los hechos, ya que la verdad es la mayor garantía del derecho de información.
Los avances tecnológicos han dado en la actualidad a los medios de comunicación colectiva un poder social y político de alcance mundial que algunos no alcanzan a medir, y que otros siendo conscientes de su impacto, los utilizan para hacer daño.
La información relativa a los procesos judiciales debe estar pautada por la objetividad, para no confundir a la población, no influir de manera negativa en el proceso de investigación, ni poner en tela de juicio la presunción de inocencia que ampara a los acusados, obviando con esto el derecho de defensa contemplado en nuestro Código Procesal Penal.
También hay que tomar en cuenta que, en muchos casos se ven afectados los derechos de las víctimas en situaciones de riesgo, al presentarlos ante la población sin el menor cuidado.
La publicidad de los procesos judiciales debe estar siempre fundamentada en la verdad, garantizando sobre todo el respeto a los derechos humanos, para evitar el descrédito de la función judicial y daños innecesarios a la honra de las personas.
