La violencia de género, en sus múltiples manifestaciones, constituye una problemática de dimensión epidémica en República Dominicana, según el informe Mujeres, Participación y Ciudadanía en la República Dominicana, Logros, Desafíos y Apuestas, realizado en marzo de este año por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Área de Ciencias Sociales y Humanidades Centro de Estudios de Género, (CEG-INTEC).
El estudio destaca que la cifra de feminicidio es de 200 mujeres al año, según datos de la Procuraduría General de la República Dominicana. Entre el 2007 y el 2013 alrededor de 1,400 mujeres fueron asesinadas, el 52% de éstas por sus parejas. Mientras que cifras preliminares del Ministerio Público estimaban el número de muertes de mujeres en hechos violentos a agosto de 2014 en 127 mujeres.
De acuerdo al estudio “De la anécdota a la evidencia; investigación sobre acoso sexual y acoso moral en el trabajo”, realizado en 2010 por Ministerio de la Mujer y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la tasa global de acoso sexual que padecen las dominicanas es de 31.7%, sin diferencias significativas entre el sector público y el privado.
La “Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA, 2013)”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) da cuenta de que un 26% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrió violencia física en algún momento de su vida y en el 7% de los casos la experimentó durante el embarazo.
ENDESA 2013 recogió también que una de cada 10 mujeres había sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida, y que en general, 35% de las mujeres había sido víctima de algún tipo de violencia física, emocional o sexual perpetrada por su pareja.
El embarazo adolescente constituye otra grave problemática en el país, dice el informe de CEG-INTEC. Durante el 2013 una de cada 5 mujeres de 15 y 19 años ya había tenido hijos o había estado embarazada, según ENDESA 2013.
“En esto, el inicio de la vida sexual temprana y sin educación sexual integral juega un rol importante”. La Encuesta Demográfica y de Salud 2013 estimó que un 48% de las mujeres de 25 a 49 años ha tenido su primera relación antes de cumplir los 18 años y que un 20 por ciento de las mujeres de 15 y 19 años que había abandonado la escuela lo hizo por estar embarazada”.
El índice de embarazo adolescente de República Dominicana es 92 por cada 1.000 mujeres, lo que nos coloca entre los cinco países de la región de las Américas que encabezan esta lista. Solo 7% de la población estudiantil nacional tiene acceso a educación sexual integral en el sistema educativo nacional.
En lo relativo a la mortalidad materna, República Dominicana también les lleva ventaja a los demás países. Para 2013 estaba estimada en 109.7 por cada 100 mil nacidos vivos según los “Indicadores Básicos de Salud, 2013”, elaborados por Ministerio de Salud Pública y OPS-OMS. Esta cifra por encima del 85 por 100 mil nacidos vivos que promedia la región, mucho más que la meta de 47 por 100 mil nacidos vivos establecidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
“La mayoría de estas muertes son evitables en la medida en que son consecuencia de la baja calidad de la asistencia médica y hospitalaria”, dice el informe de CDEG-INTEC.
En cuanto al aborto, la República Dominicana era uno de los seis países del mundo donde la interrupción del embarazo estaba prohibida constitucionalmente mediante el artículo 38 de la Constitución del 2010, y era penalizada en todas las circunstancias, a pesar de que 8 de cada 10 personas dominicanos/as favorecían el aborto ante riesgo de la vida de la madre.
En diciembre del 2014 fue promulgada la Ley 550-14, sobre el Código Penal de la República, despenalizando el aborto en casos en que la vida de la madre esté en peligro debido a complicaciones del embarazo, ante embarazos resultados de una violación, o cuando el embrión presente malformaciones incompatibles con la vida.
“Queda pendiente la redacción de las regulaciones específicas al respecto en la legislatura del 2015, lo que constituye una amenaza que pende sobre el logro del derecho a decidir y hace obvia la necesidad de mantener vigilancia respecto al tema ante la sensibilidad que este despierta y la cercanía de las elecciones de 2016”.
A finales del mes pasado, la sociedad dominicana pudo sentir los efectos de no tener esta ley aun con el caso de Mercedes (llamada con ese nombre para proteger su identidad). La mujer, con cuatro hijos, está embarazada pero presenta un feto polimalformado, con probable síndrome de la banda amniótica, gastrosquisis y extrofia vesical, al igual que un posible teratoma pélvico u tumor que puede afectar a la mujer.
La joven de 26 años se acercó al Ministerio de Salud Pública donde fue referida por el especialista que la trataba, debido que consideró que su situación es de alto riesgo y requería asistencia especial por el hecho de que dicho procedimiento aún no ha sido ejecutado. Sin embargo, a falta de esta ley especial, el Ministerio de Salud Pública se declaró incapacitado para ayudarla en su decisión de optar por un aborto terapéutico.
Según señala el estudio, la participación de las mujeres en el ámbito de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres “constituye uno de los ámbitos de concreción de la autonomía física a través del poder de decisión sobre el propio cuerpo”.
El CEG-INTEC en su informe considera oportuna y necesaria una mayor participación activa y propositiva de la ciudadanía organizada en el proceso de elaboración de las regulaciones específicas respecto al aborto en circunstancias especiales en el marco de la nueva legislatura del 2015.
Propone además desarrollar programas sistemáticos de concienciación ciudadana desde el sistema escolar y legislar para establecer un sistema integral de protección contra la violencia hacia las mujeres.
Así mismo, propugna por el reforzamiento de la prevención y tratamiento a mujeres, sobre todo a las jóvenes; el fortalecimiento de la información y concientización sobre embarazo adolescente, así como del acceso gratuito a métodos y servicios de salud sexual y reproductiva.
Se hace necesario además el reforzamiento de la capacitación de los recursos humanos y los servicios médicos con miras a la disminución de la mortalidad materna.
