Julio César Santana
Somos testigos de cómo personas que asumen con mucho entusiasmo y determinación una función pública terminan decepcionados y con el sabor de que los esfuerzos y el sacrificio no valieron mucho la pena. Con más razón, si no se cuenta con la comprensión por parte de las altas instancias políticas de la importancia social y económica de las obligaciones y roles de ciertas direcciones o instancias públicas.
Los temas de calidad y de la defensa de los derechos de los consumidores constituyen un buen ejemplo. Cientos de violaciones se observan en establecimientos comerciales, empresas y lugares de expendio de los más diversos productos, incluidos en primer lugar los alimentos. Esto, con pleno conocimiento mortificador de que, para imponer el orden en el caos, existen cientos de normas y reglamentos, leyes y decretos, la mayoría formulados sobre las firmes bases del consenso internacional. En el caso de los reglamentos técnicos, llamados a salvaguardar la salud humana, animal y vegetal, evitar prácticas engañosas y proteger el ambiente, las violaciones son flagrantes, evidentes e irritantes. Estos documentos definen los “objetivos legítimos del Estado”, o lo que es lo mismo, todos los gobiernos del mundo tienen el derecho soberano de legislar libremente sobre estos asuntos bajo determinados criterios de consenso multilateral, porque se trata de la seguridad y la salud de las personas, la protección del ambiente y, ahora también, de la buena imagen del país.
A nosotros nos tocó dirigir una de las instituciones del Estado con más competencias en materia de calidad, inocuidad, normas, reglamentos, certificaciones y mediciones. En efecto, la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) en sus últimos años era el epicentro de un sistema nacional de la calidad que no funcionaba. Al tomar las cosas en serio desde el primer momento, nos enfrentamos a un aluvión de problemas sin resolver, tan viejos como primarios. En torno a ellos el clamor de soluciones era general y las pretensiones era que debíamos presentar evidencias de avances en el corto plazo.
Descubrimos decenas de casos de empresas en materia alimentaria que violaban las normas; otras más que estafaban descaradamente a sus clientes; cientos que no respetaban las reglas más elementales de la seguridad industrial y que nunca calibraban ni verificaban sus equipos; productos sujetos a reglamentos técnicos que no exhibían sus certificaciones de conformidad; manipulación de alimentos de alto riesgo sin entrenamiento básico adecuado; productores de embutidos cárnicos que se burlaban de las más elementales normas de seguridad alimentaria; agua embotellada para consumo humano con trazas de gérmenes peligrosos para salud; presencia de elementos químicos en alimentos prohibidos a nivel mundial; tipos de gasolinas mezclados y dispensadores manipulados; aceites lubricantes de mala calidad y considerados obsoletos a nivel mundial; cisternas residenciales con elevados niveles de contaminación; leche cruda de vaca de mala calidad y con recuento de células somáticas tres y cuatro veces por encima del mínimo aceptado regionalmente, además de la detección de residuos de antibióticos; venta de un producto por otro y falsificación etiquetas y modificación contenidos declarados; utilización masiva de pesticidas e insecticidas de alta peligrosidad para la salud humana y el ambiente, entre decenas de hallazgos que no podíamos publicar ni explicar “para no causar revuelos de connotaciones políticas dañinas”.
Los temas sobre el bromato de potasio (redactamos la resolución ministerial), el engaño con el pan integral (reformamos la norma), el comercio de embutidos sin registro sanitario (formulamos un plan de acción conjunto con Salud Pública que nunca fue respondido), la prohibición de la venta del agua “de camioncitos” (redactamos la resolución de la Comisión de Normas y Calidad), los serios problemas de seguridad en las envasadoras y gasolineras (hicimos un diagnóstico cuyos hallazgos causaron un gran revuelo), fueron algunos de los temas ventilados públicamente que calaron en la conciencia nacional.
Cuando comenzamos a reclamar más recursos, salarios decentes para los técnicos, mejores condiciones de trabajo y de espacio físico, al mismo tiempo que planteábamos con la mayor franqueza la dimensión e importancia de los retos que enfrentaba el país en materia de calidad, acudieron en tropel a nuestras oficinas los más prestigiosos representantes de los grupos empresariales del país: unos ofreciendo apoyo irrestricto al organismo público; otros solicitando prórrogas y trato diferenciado, reformas o revisión de normas, y concesiones reglamentarias y prohibiciones de productos equivalentes importados. Muchos de ellos entendieron la importancia de estos asuntos desde la perspectiva de sus intereses y otros más concibieron que resultaría más provechoso “guerrear” contra quien los exponía en los medios de comunicación. Pocos comprendieron que eran importantes para el país y sus propios intereses empresariales.
El reclamo de más recursos ocurría en el contexto de serios planteamientos hechos desde la Dirección.
Cuando planteábamos en aquel momento que el reglamento técnico sobre etiquetado de alimentos preenvasados tenía de vigencia 12 años y que nunca se había aplicado, la recomendación fue que debíamos comenzar con los productos extranjeros. No obstante, logramos que fueran los productos nacionales los que se colocaran en la vanguardia en este asunto, tan importante para una elección correcta de los productos en los establecimientos comerciales. Como en este país de cada peso gastado, más de 70 centavos corresponden a productos importados, recurrimos a la solución del etiquetado complementario, utilizado en decenas de países.
Cuando señalamos que no teníamos la infraestructura necesaria para garantizar mediciones confiables, nos señalaron como confabulados con los gaseros y los comerciantes que pesan, miden y declaran unidades de medida. Ignoraban que no es posible garantizar un peso o una medida correcta en ausencia de un sistema nacional de metrología legal instalado cuyos patrones de trabajo, en las magnitudes de medida correspondientes, estén debidamente referenciados a patrones nacionales de medición de la mayor exactitud y calidad metrológica, los cuales deben ser trazables al sistema internacional de unidades (SI). En este punto, y en medio de intrigas y chismes públicos y privados, ocurrió el primer desencuentro con la directora de Pro-Consumidor, Altagracia Paulino.
Cuando afirmamos que la planta productiva nacional debía introducir serias reformas en sus “sistemas” de aseguramiento de la calidad y de las mediciones, nos calificaron de enemigos públicos de empresas que producen empleos, pagan impuestos y son “competitivas”. Fue entonces cuando dos o tres grupos empresariales se amotinaron contra DIGENOR y pidieron al Presidente mi destitución, esto, luego de haber formulado o revisado todas sus normas industriales, visitado sus empresas y hecho recomendaciones provechosas para su supervivencia, y plantearles, además, que era imposible, dados nuestros compromisos en el marco de los acuerdos comerciales, evitar la entrada de productos de calidad certificada al país.
Luego de mi salida de esa institución, los hechos me dan la razón. Se importan más productos industriales acabados y alimentos, en cantidad y calidad, de los que son capaces de producir los industriales dominicanos, con la salvedad de que gozan de una gran aceptación de parte de los consumidores nacionales, salvo unas cuantas excepciones de marcas dominicanas de reconocida tradición en el cumplimiento de los más altos estándares de calidad e inocuidad. Estas pocas entendieron los cambios en los mercados, ajustaron sus estrategias, introdujeron buenas prácticas y cambiaron algunos componentes de conducta perniciosos, heredados del modelo de “industrialización por sustitución de importaciones” de los años sesenta y setenta.
Con muchos frentes abiertos (cualquier intento de ordenamiento del desorden provoca apasionadas resistencias) avanzamos en muchos ámbitos de trabajo.
Se organizó el proceso de normalización y se logró que fuera más participativo; con muchas precariedades, se fortaleció el sistema de fiscalización de empresas y productos en todo el territorio nacional (dos camionetas funcionales y 8 inspectores para esos fines); el sello de calidad y las certificaciones se extendieron a productos, servicios y sistemas; se inició el proceso de etiquetado de los alimentos preenvasados sobre la base de un gran consenso entre las partes; se hizo más riguroso el control de la calidad de los productos lácteos; se dieron los primeros pasos para el establecimiento del Sistema Nacional de Metrología Legal del país con el apoyo de Brasil, Alemania y Cuba; se restablecieron todas las membrecías internacionales a organismos competentes en normalización y metrología, lo cual nos abrió las puertas a importantes eventos de actualización y capacitación; se organizaron los primeros laboratorios de mediciones (metrología) con el concurso público y el apoyo de organismos internacionales; se celebraron foros regionales y talleres de formación técnica con el apoyo de organismos equivalentes de avanzada; funcionó durante siete años un programa de TV de divulgación de los temas y conceptos de la calidad; se lanzó la página web y la revista “Hablemos de Calidad”; entre muchas otras conquistas que en este momento logro recordar de memoria.
Cabe mencionar que la DIGENOR logró traer al país las más connotadas autoridades mundiales y regionales en las materias de sus competencias, entre ellas a dos secretarios generales de la ISO, directores regionales de normalización, expertos y consultores. Con ellos se organizaron conferencias y encuentros muy productivos con el sector productivo nacional. No es casual que la entidad fuera elegida por primera vez como miembro del Consejo Directivo de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), celebrándose en el país una de sus asambleas generales y una de su Consejo Directivo. Se olvida ahora que fue Digenor la entidad que inició los primeros programas de certificación de los sistemas de gestión de calidad de decenas de empresas y fue la primera divulgadora nacional de los conceptos de acreditación y de infraestructuras de calidad.
Sin dudas, el logro de más relevancia fue la propuesta, aprobación en el Congreso y promulgación de la Ley No. 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), una verdadera revolución institucional cuya relevancia en materia de competitividad, organización y calidad todavía no se entiende a cabalidad. Todo ello con un presupuesto ejecutable que no alcanzaba los 50 millones de pesos anuales. Para entender el carácter pírrico de esa cantidad, digamos que un juego de patrones metrológicos de alta exactitud puede costar más de dos millones de pesos, sin incluir las recalibraciones periódicas a las que deben estar sujetos con la mayor rigurosidad. Por eso entiendo perfectamente los planteamientos que hace doña Altagracia Paulino en torno al presupuesto aprobado para la institución que dirige.
Entendemos y conocemos muy bien las limitaciones de recursos que enfrenta la Administración Medina y las grandes metas que se ha propuesto, sin hablar de la relevancia de las que actualmente ejecuta y ha concluido. La información disponible revela claramente que el año 2016 será de importantes aprietos financieros. Sin embargo, ¿cómo asignar a Pro-Consumidor 127 millones de pesos para afrontar sus enormes retos en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios?
Recordemos que, al margen de sus atribuciones como organismo de defensa de los derechos de todos nosotros, la Ley No. 166-12 otorga a Pro-Consumidor competencias adicionales de gran calado:
“Art. 109.- Sin perjuicio de las atribuciones legales de los organismos reguladores de los Ministerios del Estado Dominicano, se reconoce al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en adición a las atribuciones legales que le confiere la Ley 358-05, como autoridad nacional reguladora o de inspección y, en tal virtud, se establece que podrá realizar cuantas actividades de confirmación sean necesarias para determinar si los reglamentos técnicos y otras disposiciones oficiales se cumplen, en relación con: a) la calidad de los bienes y servicios. b) La inocuidad y seguridad alimentaria; c) el cumplimiento de normas y reglamentos técnicos en materia de seguridad de las instalaciones, sistemas y procesos; d) la existencia de las certificaciones o marcas de conformidad emitidas por el INDOCAL para los fines que correspondan; e) cualquier otra que pudiere ser establecida mediante Reglamento”.
¿Entendemos la dimensión y los alcances del inmenso trabajo que se esconden detrás de estas solas atribuciones adicionales?
¿Tenemos idea del personal técnico de alta calificación, los entrenamientos y actividades de formación que se requieren?
¿Hemos evaluado el costo de los equipos e instrumentos que se necesitan para hacer un trabajo como Dios manda?
¿Se estimó el costo de las actividades de divulgación y educación ciudadana a los fines de crear conciencia en torno a los derechos legítimos que nos corresponden como consumidores y usuarios?
Uno a veces dice: “No renuncio, seguiré sirviendo a la Patria”. Pero así como el gran Libertador Bolívar decía que “un ser sin estudios, es un ser incompleto”, un organismo de evaluación de la conformidad sin fondos suficientes termina convirtiéndose en algo así como un político tradicional para el que “cada promesa electoral resulta luego en una estafa”, como me comentaba alguien hace unos días.
Los ordenamientos que requiere este país son urgentes, necesarios y pertinentes porque tienen que ver con la salud, el ambiente, los engaños dolosos y las infamias contra los derechos. Los esfuerzos implicados tienen un costo que no puede evadirse, por más determinación y buena voluntad que los responsables de las direcciones públicas tengan. Sin embargo, debemos no solo tener los fondos suficientes, sino también la autoridad moral para hacer correctamente lo que nos corresponde, en estricta conformidad con las leyes y normas. También la visión, la cual adorna las perspectivas de la praxis de doña Altagracia.
A Doña Altagracia, a pesar de todas nuestras diferencias del pasado respecto a las cuales no albergo absolutamente ninguna aversión o resentimiento, le digo algo: “no renuncie de sus obligaciones; no tiene recursos suficientes, pero tiene una reputación y un reconocimiento en buena lid ganados”. Estos atributos, cada vez más raros en nuestro medio, son su más grande tesoro. ¡No renuncie, siga sirviendo con la integridad, determinación y transparencia que les caracterizan!
