Al menos 12,007 víctimas por percances de tránsito se cuentan en los sub registros estadísticos de AMET al finalizar el año 2014, en aumento en lo que va del año que transcurre.
Ello no quiere decir que esa cifra sea el total general correspondiente a la República Dominicana para los períodos señalados, debido a que existen muchas instituciones depositarias de datos que no son conciliados.
Las fatalidades que se estiman de esta información, lamentablemente nos colocan entre los países del mundo con mayor factor de riesgo de muerte en las vías públicas.
En lo que respecta a la morbilidad, se experimentó un crecimiento del 51%, también en el 2014 con relación al año anterior.
Pero la República Dominicana no implementa políticas públicas tendentes a revertir los resultados mencionados.
Los costos en vidas, bienes, servicios, en salud y en daños ambientales son incuantificables por el momento, pese a que FundaReD y CNSS con informaciones primarias estiman costes entre 2.21% y 4% del PIB, en tanto, la OMS advierte que algunas naciones alcanzan el 5% del PIB, lo cual hace pensar en el gran costo social que se está acumulando en el Estado.
Si nos preguntamos ¿Cómo resolver este fenómeno epidémico?, sin lugar a dudas podemos afirmar:
– En primer lugar, entendiendo que se trata de un problema complejo: socio-económico-cultural y jurídico; con un impacto muy negativo en lo referente al medio ambiente y a la salud. Algo todavía no comprendido en su totalidad porque es generado por el desplazamiento humano.
– En segundo término, identificando los factores de riesgos que predominan, para el diseño de estrategias integrales que puedan ponerse en marcha armoniosamente con todos los actores de la vida nacional.
-Tercero, teniendo el concepto claro del problema, planteando soluciones que tomen en consideración las experiencias de buenas prácticas de políticas públicas de otras latitudes y las recomendaciones de los organismos especializados en seguridad vial, para que basados en los diagnósticos objetivos y confiables, empecemos a tomar decisiones a partir de que la Seguridad Vial debe ser un tema de Estado, con su propia identidad.
Por estas razones, nunca estaríamos de acuerdo con el proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados, y que reduce la Seguridad Vial a un plano secundario, supeditándola a un Instituto, con funciones de Organismo Rector, controlador de las políticas normativas de los aspectos que originan la inseguridad en la circulación.
