Opinión

Una retrospectiva a los niveles de progreso en América Latina en las últimas tres décadas arroja en lo inmediato que la región ha logrado dar un salto apreciable de avance en todos los órdenes, tanto en lo económico como en lo político y social. Sin embargo, cuando se observa un alto grado de lentitud en el progreso del área legal y en la aplicación de políticas macroeconómicas que transformen la calidad de vida de la población y una reorientación hacia el desarrollo, podemos encontrar una explicación objetiva sobre el porqué se hace tan difícil superar la etapa del subdesarrollo y de los gérmenes que reproducen la desigualdad.

En ese contexto podemos identificar tres elementos que son desfavorables al progreso de América Latina y que la conjugación de los mismos se ha convertido en la raíz de la destrucción del progreso sostenido, la igualdad social y la democracia económica y política. Estos tres elementos son la debilidad institucional, el círculo vicioso de la pobreza y las barreras al acceso del crédito, los cuales perforan las aspiraciones de progreso social y económico, así como una democracia económica y política incluyente. En América Latina en las últimas dos décadas muchos gobernantes han interpretado que la democracia como el simple hecho mediante el cual se legitima a un gobierno en las urnas, y que ese poder del ciudadano es lo que se acepta como democracia. Pero resulta que en la teoría económica encontramos que este simplismo se reduce a una democracia electoral, o política, y que en términos plural una democracia implica la combinación de esta con la democracia social y la democracia económica.

Hay que destacar que en la historia política el término democracia está asociado a la forma de Estado y de gobierno imperante, sin embargo, ésta en la actualidad se entiende con mayor profundidad si se incorpora la democracia social y la democracia económica. Pero es que en la democracia social se apuesta a que los miembros de la sociedad han de ser socialmente iguales, donde está ausente la discriminación y la inequidad, o igualdad de los status. En lo concerniente a la democracia económica, es obvio que esta se refiere a la igualdad económica en el cual la brecha de la riqueza y de la pobreza no estén situadas en los extremos.

Ahora bien, en sentido más global, las democracias económica y social se complementan con la democracia política de lo cual tienden a existir una mejor autenticidad de la democracia legitimada, lo cual favorece la calidad democrática.

En la región de América Latina ese enfoque no está siendo interpretado por los gobernantes ya que las evidencias empíricas ponen de manifiesto que la preocupación por el combate a la pobreza y la desigualdad se queda en la retorica política ya que en la agenda de prioridades se colocan la violación a la Constitución, la concentración de poder y la exclusión lo que ha venido provocando la ira en la población que ante la insatisfacción de sus aspiraciones rechazan en poco tiempo gobiernos que han sido legitimados en las urnas.

En la década de los 80s, los países de América Latina fueron sacudidos por fuertes crisis que estremecieron el Estado y que se manifestó a plenitud con la explosión de la crisis de la deuda externa, cuando para 1982 México declaró una situación de impago de sus obligaciones financiera, fruto de problema fiscal y la crisis de funcionalidad del aparato administrativo del Estado, como resultado del agotamiento de las fuentes financieras en que se sustentaba, cuyas consecuencias fue una crisis de legitimidad política y que hoy tiende a reproducirse.

Pero es que el deterioro institucional, político y social en que ha caído América Latina, tiene mayor contundencia cuando se incorpora lo económico ya que al ponderar la baja en la proyección del crecimiento del PIB se observa que al finalizar el 2015 la región terminará con una desaceleración que oscilará entre un 0,5% a -0,3%, y para el 2016 será alrededor de 0,7%, explicada por múltiples factores como un entorno global desfavorable de las economías desarrolladas, combinada con una volatilidad sistemática en los mercados financieros y una sustancial caída de los precios de los bienes transables. En adición, se observa que el impuesto promedio a los ingresos personales para los multimillonarios en la región es de alrededor del 37.5%, los más bajos del mundo, y una población que será superior al 13% al final el 2015, siendo la segunda región con mayor crecimiento con un 9% de la población mundial, equivalente a 628 millones.

En América Latina se hace exigente la implementación de políticas económicas con énfasis en política social que promuevan una mejor distribución de la riqueza capaz de desacelerar la desigualdad, fortalecer la institucionalidad y desactivar la tiranía económica y la tiranía social. En tal sentido, el profesor Juan Bosch llegó a interpretar que “la democracia latinoamericana tiene numerosos enemigos, y sin duda los más fuertes están en la debilidad intrínseca de sus estructuras sociales, en la falta de respeto propio de estos pueblos y la carencia de fe en su destino”. Situación que sigue vigente y se convierte en la raíz de la destrucción de la región.