13 de abril de 2016.- En resumen, el panorama que matizó el año 2015 en materia de seguridad vial en la República Dominicana sigue cada vez más crítico, pues las políticas públicas implementadas siguen siendo deficientes e insuficientes, manteniendo al país en el ranking mundial de los de mayor riesgo de muerte en la red viaria, al alcanzar una tasa de mortalidad de 40.77 muertes por cada cien mil habitantes, aumentando 3.6% respecto a la tasa del año anterior.
Nuestro más reciente estudio, muestra que el crecimiento en las víctimas por movilidad humana fue para ese mismo año de un 19%, pese a los esfuerzos de algunas instituciones gubernamentales, por falta de planificación a los fines de adherirse al Plan de Acción Mundial que promueven los organismos multilaterales de seguridad vial, así como de los organismos nacionales especializados en el tema, y en particular del caso nuestro.
A consecuencia de las malas políticas de desplazamiento, los factores de riesgo continúan haciendo estragos en los usuarios de las vías a todos los niveles y estamentos etarios sin que se ponga freno al aumento del campo vehicular obsoleto que experimentó una variación respecto al 2014 de un 6.3%, sobre todo de motocicletas, que conforman actualmente el 54% de nuestras unidades a nivel nacional.
Los costos promedios de la inseguridad en el tránsito, sujetos a debates profundos, nosotros los estimamos ascenderían en la República Dominicana a alrededor de 128 mil millones de pesos años, lo cual representa una escalada descomunal que afecta los planes de desarrollo sostenible de la nación y de disminución de la brecha de la pobreza si pretentemos lograr los objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030.
14,279 víctimas en el pavimento en el 2015 representan una cifra inaceptable para el mundo, si pensamos que de forma directa quedan afectadas por las tragedias más de 28,000 familias. Este hecho debiera ser motivo del diseño de un nuevo paradigma que se fundamente en estrechar la relación Estado – Sociedad.
Ya no solo una ley integral sería parte fundamental de la solución al problema como hemos venido promoviendo desde hace muchos años, sino que el tema exige, que necesariamente sea parte de la Agenda Nacional de Desarrollo, cuya ley fue promulgada en el 2012 con la finalidad de impregnarle a la seguridad vial, sostenibilidad y sustentabilidad como eje transversal, acogiendo nuestra sugerencia de convertirlo en un tema “Objetivo País”.
Podemos concluir, que la falta de políticas eficientes en seguridad vial, apoyadas en una ley integral, práctica, inclusiva y dinámica, impide que avancemos en el tema, con planes ejecutados por un organismo único, autónomo, autárquico, con autoridad y sobre la base de evidencias científicas proporcionadas por un Observatorio Nacional de Datos, fiable y transparente, además de no estar subordinado a ninguna institución con intereses creados, contrario a como lo propone el nuevo proyecto de Ley de Movilidad.
Se hace inminente una reforma a la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo que incorpore el tema como un eje transversal, para que la seguridad vial sea sostenible y sustentable.
