Opinión

La presión tributaria es un indicador que mide la capacidad de recaudación de impuestos que tiene el gobierno, ya que resulta del cociente que se obtiene al dividir el total de las recaudaciones tributarias y el Producto Interno Bruto para un período determinado, sin tomar en consideración otros ingresos parafiscales que los contribuyentes suelen pagar. Con frecuencia, se confunde la presión tributaria con cualquier figura impositiva; sin embargo, esta no es un impuesto, sino un índice para cuantificar que parte de la riqueza generada se transfiere al Estado bajo el marco obligatorio establecido en el espíritu de la Ley.

La obligación de pagar impuestos tiene su origen con el surgimiento de los Estados, aunque se entiende que la figura del diezmo que aparece en la santa Biblia es hasta cierto punto el inicio de la aparición de la figura impositiva. Hoy en día, la monetización de los impuestos modernos tiene una vocación y jurisdicción con cierto grado de libertad ya que los individuos y el Estado se relacionan de tal manera que los impuestos no se tipifican como algo obligatorio.

Para lograr sus objetivos financieros de recaudar, el Estado se sustenta en una inmensa variedad de impuestos, que definen el sistema tributario de un país, los cuales van desde los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas, hasta el comercio exterior y las transferencias a terceros y sucesorales. Es en ese contexto que los impuestos tienden a clasificarse en directos, los cuales recaen sobre las personas físicas y las sociedades y los impuestos indirectos que recaen sobre una amplia variedad de bienes y servicios, aunque al final es al que contribuye que le asiste la obligación de pagarlos, por lo que Winston Churchill tenía razón cuando reflexionó que “lo que es seguro en la vida son los impuestos y la muerte”.

Por tales razones se entiende que los impuestos son inexcusablemente dolorosos, fastidiosos, abrumadores, desoladores y perturbadores para el ingreso disponible de los contribuyentes; sin embargo, representa todo lo contrario para el Estado, en virtud de que la solvencia de éste está en función de su capacidad recaudadora para lograr la ejecución de su política económica, en particular la social. Es en tal sentido que un buen sistema tributario debe tener como características inherentes, la eficiencia económica, la sencillez administrativa, la flexibilidad, la responsabilidad política y la justicia.

Un esquema tributario bajo ese enfoque ha de sustentarse en los principios de no ser distorsionador sino eficiente económicamente, que los trámites administrativos deben estar rodeados de bajos costos, que promuevan la flexibilidad acorde al entorno económico y social, ha de ser transparente y responsable, así como ha de ser justo, esto es, que la carga tributaria recaiga sobre quien más la puede pagar. Pero es que invocando el principio de la equidad vertical ha de entenderse que quienes disfrutan de un bienestar mas espléndido, por tanto, mayor capacidad de pagar, son quienes tienen que asumir la mayor cuota de pago, en vez de ser los que menos bienestar tienen para el disfrute.

La inequidad de la tributación tiene su origen en la estructura del sistema tributario; es decir, en la presencia de un sistema tributario regresivo y otro progresivo. En el primer caso se trata de que las recaudaciones se sustenten en impuestos indirectos por ser más fácil de cobrar, como el ITBIS, y donde los que menos tienen pagan igual al que más tiene, en el segundo caso, es un sistema tributario donde se paga según se es más rico, este es un sistema tributario más justo y que mas recaudaciones de ingresos le suministra al Estado, aunque sabemos que ninguna de estas estructuras tributarias, por los instrumentos en que descansan, no mejoran el bienestar de ninguna persona sin que afecte a otras.

Es en tales circunstancias que se ha de ponderar la incidencia de los impuestos en una economía, ya que se trata de un tema muy controversial, dado los efectos distintos que los mismos tienen sobre el contribuyente, tanto por la tasa aplicada, así como la base imponible sobre la cual recae. Sin embargo, hay que destacar que la incidencia de un determinado impuesto está en función de diversos factores, entre los cuales resalta el grado de competitividad de la economía, es decir cómo afecta el mercado. Por igual, se ha de considerar la estructura tributaria y el efecto sobre el capital de las sociedades y como estas trasladan los mismos al consumidor, los subsidios y las exenciones.

Es en tal contexto que al tratar de impulsar una reforma tributaria, no importa la modalidad que se aplique, lo primero en valorar es el impacto que la misma tiene sobre la Economía, lo que obliga a una reflexión profunda de la dinámica de todas las actividades productivas que realizan los agentes económicos. Esto sugiere no tan solo observar el coeficiente de presion tributaria y hacer una comparación simple con otras economías, ya que cada país tiene leyes tributarias diferentes, por tanto, incrementar la presión tributaria no es tanto una variación numérica, sino, que implica migrar a un sistema tributario progresivo, abandonando gradualmente el injusto sistema tributario regresivo.