Opinión

Valorar lo acontecido en Turquía la noche del 15 de Julio de éste 2016, como el punto de inflexión de una nación que se avoca a un profundo proceso de transformaciones políticas, de las cuales el presidente sale fortalecido, con su autoridad intacta y socialmente “legitimada”, es una conclusión a la que se arriba con cierto consenso. Ahora bien, ¿Cómo se llega a tal conclusión? Y ¿qué hizo de éste intento golpe Estado militar un acto fallido, y con notables errores de ejecución? Son interrogantes que invitan al análisis.

Los golpes de Estado son conocidos históricamente como acciones encaminadas a suplantar la autoridad vigente, imponiendo un relevo que rompe con las reglamentaciones constitucionales, al tiempo que altera el orden social establecido. Dichas características hacen que desconozca la legitimidad que reviste al gobierno de turno, por lo que su objetivo primario es retener a los organismos representativos del poder.

El acto subversivo que tuvo lugar en Turquía, comenzó con la salida de tanques militares y ocupación de dos puentes en el Bósforo, Estambul, capital simbólica del país euroasiático (la capital política es Ankara), y conocida por su alto valor comercial, histórico y cultural, que data de siglos atrás cuando era llamada Bizancio y luego Constantinopla. En principio los militares golpistas tomaron el control de una de las cadenas de televisión Turca, dando el mensaje a la nación de que el Estado estaba bajo el mando de “Un consejo de paz”, estableciéndose un toque de queda para luego aplicar la Ley Marcial.

Sin embargo, hubo medios que siguieron transmitiendo, en uno desde los cuales (CNN Türk), tras dos horas de paradero desconocido, el mandatario Recep Tayyip Erdogan difundió un mensaje en respuesta a la tentativa militar, mientras se dirigía en un vuelo hacia Estambul. He aquí donde comienza a evidenciarse la falta de coordinación y planificación poco habituales en esta clase procesos.

Tras las primeras medidas adoptadas durante el inicio del golpe, una parte de la población salió a las calles a enfrentar a los militares, lo que evidenció la falta de apoyo popular.

A esto se sumó el escaso apoyo militar, en especial de altos mandos, por lo que desde el inicio se habló de la insurrección de una facción del ejército perteneciente a la Primera Armada, con sede esta en Estambul. Estos a su vez intentaron hacerse con los cuarteles policiales, pero los miembros del cuerpo del orden turco, quienes son leales a Erdogan, resistieron a los ataques.

Es incuestionable que para garantizar el éxito de un intento de golpe de Estado, en especial en Turquía, una nación con tradición de lucha y expuesta a un contexto regional convulso en la actualidad, los golpistas requerían del respaldo del pueblo y de las fuerzas armadas a nivel nacional. Pero no resultó así. Según los acontecimientos iban tomando forma, los principales altos mandos se desvincularon de la trama, entre ellos el Jefe del Estado Mayor, luego el Jefe del ejército en Estambul, el Jefe de la Armada y el Comandante de las Fuerzas Especiales.

Incluso les falló el requerido apoyo político, debido a que el partido de oposición, CHP, estimaba que el país no estaba en condiciones de sufrir otro golpe de Estado como en el pasado, por lo que “no aspiraban a que se repitieran esos hechos”.

Erdogan tildó las acciones desde el primer momento como un “acto de traición y rebelión”, señalando como responsable a Fetulá Gülen, un clérigo musulmán antiguo aliado del presidente, quien desde el 17 de diciembre del 2013, tras denuncias de corrupción que señalaban directamente a la gestión del entonces primer ministro, pasó a ser el principal enemigo del gobierno. Dicha acusación generó tensiones inmediatas con Estados Unidos, pues Gülen reside en Pensilvania desde 1999, al punto de que un funcionario turco alegó que los estadounidenses podrían estar detrás de la trama golpista, colaborando con el “Gobierno paralelo” que lidera el clérigo.

Se especuló bastante de la posibilidad de una trama dirigida por los servicios secretos de Estados Unidos, resueltos a implantar un gobierno títere en Turquía que fuera completamente a fines a sus intereses. Pero hasta el momento esto quedaría en especulaciones. Estados Unidos no tardó en condenar el intento de golpe, a la vez que, en tono de protesta, ha pedido al gobierno turco que presente públicamente las pruebas de su vinculación.

Gülen por su parte rechazó las acusaciones, además de acotar que “Si lo hubiera sabido de antemano les habría dicho que no lo hicieran”. Sin embargo, el gobierno turco pide su extradición.

Las represalias no se hicieron tardar, y tras retomar el control o, mejor dicho, reafirmar el control del Estado, comenzó una purga que dejó entrever las posibles respuestas ocultas de un intento de golpe tan pobremente ejecutado. En efecto, han sido suspendidos o destituidos un aproximado de 8,000 agentes del orden; 6,000 entre militares y miembros del poder judicial; y unos 15,000 funcionarios públicos.

En cuanto al balance, la insurrección militar, tras un estimado de 5 horas de enfrentamientos, fallecieron 265 personas y hubo 1,440 heridos (cifras incluyen civiles y militares). Durante el proceso fueron detenidos aproximadamente 3,000 insurgentes, incluyendo algunos exmilitares que fueron acusados de alta traición.

Al llegar a éste punto, donde han sido evaluados los acontecimientos, nos preguntamos ¿ciertamente se pretendía derrocar a Erdogan? Y de ser así ¿Por qué?

Poniendo en perspectiva la evolución del actual gobierno, instaurado en el 2003, podemos ponderar que cuenta con logros electorales, políticos y sociales destacados. En tal virtud el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha obtenido la mayoría parlamentaria en cuatro ocasiones consecutivas (49.35% en las últimas elecciones), y se adjudicó la victoria en los primeros comicios presidenciales celebrados el 28 de Agosto del pasado año. A su vez, es valorado socialmente por contribuir a crear las bases de una sociedad más equitativa, a través de políticas económicas dirigidas a nutrir las regiones pobres del país.

El problema ha estado en que, a expensas de esas cualidades, Erdogan ha acumulado cada vez más poder sobre la base de un evidente régimen autoritario de corte islamista, que rompe con el sistema secular vigente en Turquía desde que Mustafá Kemal Ataturk fundó la actual República en los años 20´s. Dicha peculiaridad choca con los militares, guardianes del carácter laico del Estado y promotores del legado de Ataturk.

Bajo esa consigna, en el pasado siglo se habían producido en Turquía unos cuatro golpes de Estado, siendo el primero en 1960, donde se ejecutó al entonces Primer Ministro; el segundo en 1971; el tercero en 1980; y el ultimo en 1997, que obligó al primer político islamista Necmettin Erbakan, a salir del poder.

En la actualidad el ejército turco es considerado uno de los 10 más grandes del mundo, contando con alrededor de 400,000 soldados activos y 185,000 reservistas. Con un ejército de tal magnitud se puede inferir que solo la falta de consenso, sumado al conocimiento previo de los aprestos por parte del presidente, podía impedir un nuevo golpe de Estado. Y parece ser una hipótesis que se acerca a la realidad.

Según fuentes turcas, los aprestos para un golpe habían estado en la mesa de discusión, debido a los acosos y cambios que se estaban produciendo en los últimos seis meses dentro de las fuerzas armadas. La estrategia de Erdogan ha girado en torno a eliminar cualquier foco de oposición que, desde lo interno del gobierno, pudiera representarle una obstrucción a sus planes, por lo que ha venido optando por colocar a sus hombres cercanos en el ejército y funciones claves de gobierno, como el Primer Ministro.

Siendo enterado por los servicios secretos afines al gobierno, el presidente había ordenado arrestar a los militares envueltos en la trama y acusarlos de espionaje, por lo que quizás en un ambiente de arrinconamiento, un grupo de militares decidió jugársela anticipando los planes, amén de no contar con el apoyo de los principales jefes militares. En definitiva, tal posible decisión no hizo más que intensificar la purga sistemática que estaba teniendo lugar en Turquía, desde que Erdogan decidió concentrar cada vez más su autoridad.

A pesar de que el mandatario lo niegue, se evidencian coincidencias que llevan a pensar en la realización de un “Autogolpe”, mientras él lo llama “un regalo de Dios” que le ha dado “la razón para limpiar el ejército”. Gülen vaticina que se podría estar ante tácticas como las usadas por Hitler en 1933 (con el incendio del Parlamento), para eliminar rivales y suspender las libertades públicas, lo que pudiera tomarse en cuenta a sabiendas de que Erdogan baraja la instauración de la pena de muerte, abolida desde el 2004 en el marco de las negociaciones para poder entrar a la Unión Europea.

Al pasar balance de los hechos, tenemos un presidente fortalecido, y un ejército que se encamina a ser diezmado y reencauzado en su misión. Esto de seguro representará una incógnita para los aliados estratégicos de Turquía, como los países de la Unión Europea y la OTAN, centros de poder internacional, que ahora ven con estupor la consolidación en la región de un nuevo Sultán.