La literatura económica es abundante en la construcción de figuras que expresan la intención y acción de hacia dónde se quieren orientar las decisiones económicas ante la sociedad y los sectores y agentes económicos. Una de esas figuras que resaltan tienen que ver con el impacto que implica para las finanzas publicas el uso de los recursos financieros que manipula el Estado, un ejemplo de esto son los denominados subsidios que en la mayoría de las veces generan conflictos intersectorial, pero a la vez, sirven para atenuar situaciones desagradables que suelen presentarse en los sectores más vulnerables de la sociedad.
En efecto, los subsidios se convierten en una especie de ayuda pública en el cual el Estado protege la vulnerabilidad socioeconómica de un sector de la población que su situación económica es afectada por acciones de política económica, o que la coyuntura económica y su entorno es desfavorable a esa segmentación poblacional que pone en riesgo su existencia y actuación. Por igual, el Estado puede utilizar la figura del subsidio como un mecanismo de estimular el consumo, la producción o el asistencialismo, el cual se concede por un periodo determinado, esto es que se convierte en una ayuda económica pública con un plazo determinado, cuya finalidad y duración permanecerá hasta que se logre superar los momentos críticos que justificaron su aplicación.
Por tales razones, la literatura económica sugiere que los gobiernos han de utilizar esta tipología de ejercicio de política pública con la finalidad de alcanzar metas sociales, como es el caso de la canasta de alimentos básicos, estímulos a la educación, a la vivienda, la salud o el transporte colectivo. El objetivo primario del subsidio, en consecuencias, es hacer que la carga presupuestaria de las familias más vulnerables se hagan más liviana, por ende ese segmento poblacional sea beneficiada, pero también el gobierno dentro del marco de sus actuaciones, puede proteger a las empresas para lograr su permanencia en el mercado y con ello evitar alzas de precios de los alimentos inaguantables y cuyo impacto sea mitigar problemas en el consumo y en la economia de manera frecuente.
El enfoque sobre la aplicación de los subsidios ha generado conflictos entre los economistas desde tiempos inmemorables, donde se ponen en evidencias la interpretación económicas, según la creencias filosóficas donde se ubiquen estos profesionales y donde los pontífices del neoliberalismo económico rechazan que el gobierno aplique subsidios, en cambio, existen otros enfoques apegados a la participación del Estado en la economia que propugnan que el Estado debe de ir en auxilio de aquellos sectores desprotegidos para evitar su colapso, incluyendo el segmento de la población excluido de la riqueza.
Es por tales razones que el tema del subsidio es conflictivo e incomprensible en ocasiones, sin embargo, se reconoce que existen situaciones en que los gobiernos adoptan el subsidio para evitar consecuencias económicas desagradable, que tienen su explicación en la aplicación de políticas económicas pasadas, pero que en el tiempo esas justificaciones desaparecen de manera gradual. Pero resulta que al Estado le asiste la facultad de solucionar dificultades económicas coyunturales recurriendo a los subsidios para evitar alzas de precios y escasez en determinado momento y de esa manera preservar la producción en el cual la economia mantiene su ritmo de actividad sin dificultad, o también garantizar la oferta de servicios los básicos.
En el caso de la economia dominicana, los subsidios encontraron su mayor esplendor a raíz del deterioro brutal registrado en todos los indicadores macroeconómicos para el año 2003, cuyo impacto fue la expansión atroz de la pobreza obligando a impulsar un conjunto de subsidios ascendentes que ha amparado a más de un millón de dominicanos, pero que al cierre del 2015 representó un monto total de subsidio de la significativa de RD$79, 717, 325 para cubrir alrededor de diez programas de subsidio, lo que tiene un impacto muy específica en las finanzas publicas. Otro subsidio apreciable para las finanzas publicas dominicana, lo constituye el subsidio eléctrico que en ese mismo año absorbió RD$83.60 millones, pero su acumulación ha representado la suma de RD$2,045.20 millones.
Es en ese marco y realidad financiera que el Estado dominicano ha ponderado la prioridad y permanencia de los subsidios, dado que los mismos no tienen carácter duradero y que ha de desmontar aquellos que han cumplido su rol que lo justificaron. En efecto, el gobierno, vía el ministerio de industria y comercio, ha tomado la valiente decisión de eliminar el subsidio de combustibles a los empresario del transporte urbano, interurbano, turístico, de pasajeros y de carga, incluyendo 3,800 galones de gasoil mensuales para los de carga y pasajero.
Es razonable entender que si en marzo del 2011, mediante decreto 183-11 se aplicaron esos subsidios, fruto de que el barril de petróleo rondaba los US$115 dólares, en tanto, que en la actualidad el precio del mismo gira alrededor de los US$50 dólares el barril, se entiende que han desaparecido las razones que justificaron la aplicación del subsidio por un largo periodo de 5 años, provocando esto una pérdida de RD$2 mil millones dejado de percibir por el Estado, en razón de que no se recibía RD$40.00 por cada galón. Entonces es más que justificado la eliminación del subsidio a los transportistas, en cambio que ese monto ha de ser utilizado por el gobierno en otras áreas de ejecución de su política pública para beneficiar a otros sectores que lo requieren.
