Opinión

Todo proceso de negociación basado en el diálogo constructivo, parte de la necesidad sustancial de procurar la búsqueda de un punto intermedio donde converjan los interese de las partes, a sabiendas de que la estabilidad de toda una nación depende de que sus conclusiones lleguen a buen término.

Es precisamente en la falta de esta lógica o fundamento para la debida concertación, donde radica gran parte de la crisis política venezolana. Los recurrentes intentos de alcanzar algún tipo de resultado favorable por medio del diálogo responsable, se han visto entorpecidos debido a la postura intransigente de ciertos actores del proceso, así como maniobras políticas y legales que dejan entrever la gran lucha por el poder que se gesta en La República Bolivariana de Venezuela.

De ahí que las tensiones entre el gobierno y la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), se volvieran a elevar tras la suspensión del proceso revocatorio mediante un referendo a inicios de octubre, lo que eliminaba cualquier posibilidad de que el Presidente Nicolás Maduro pudiera ser relevado del cargo con la finalidad de que se llame a elecciones. En todo caso, la decisión del Consejo Nacional Electoral pospondría tal posibilidad de consulta popular hasta el próximo año, lo que equivaldría a que un eventual retiro de la investidura presidencial al actual mandatario, haría que el mando del Estado pase a manos del vicepresidente.

Justamente en esta coyuntura es que se da la intervención de la iglesia católica representada por su máxima institución, el vaticano, y con la voluntad expresa del Papa Francisco, de unir esfuerzos en la mediación del conflicto gobierno-oposición. En todo caso, el llamado al ¨Diálogo Nacional¨ que se llevó a cabo en Isla Margarita el 30 de octubre, no es más que un restablecimiento de los esfuerzos emprendidos hace ya unos siete meses por UNASUR, de la mano de connotadas figuras políticas de Iberoamérica.

El actual proceso cuenta con la voluntad y visto bueno de las partes, las cuales a pesar de las reservas de la oposición, han mostrado interés en mitigar el impacto social de la actual crisis política, que a su vez se ve potenciada por el impacto de una ralentización económica sin precedentes desde el 2014. Dicha característica se desprende de la particularidad de una economía plenamente rentista, sobre la cual, durante la última década se basó el Estado venezolano para impulsar sus programas sociales y políticos, quedando a la merced de factores geopolíticos externos, como en efecto pasó con las implicaciones de la caída de los precios del crudo.

El ambiente de polarización política, el problema de abastecimiento, las continuas protestas y el deterioro de la seguridad como consecuencia de los factores anteriores, constituyen un gran desafío para los mediadores del proceso de dialogo, toda vez que la presión internacional ha venido surtiendo efecto sobre la necesidad de buscar una salida oportuna y apropiada. Bajo esa premisa los exmandatarios iberoamericanos Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y José Luís Rodríguez Zapatero (España), así como el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, han unido esfuerzos con el vaticano para elevar un llamado a la convivencia.

Tras acordar organizar diferentes mesas de trabajo para el proceso de diálogo, se ha convenido tratar en lo inmediato las deficiencias en aspectos sociales, en especial con el sector salud con el abastecimiento de medicinas, a la vez que se establecieron condiciones mínimas de discusión para lograr impulsar las negociaciones, tomando como punto de partida lo que Ernesto Samper citaría como temas de ¨verdad y justicia¨. Basado en ello, la oposición ha exigido la liberación de los presos políticos, lo que estará por verse.

Llegado a este punto, resulta curioso como la oposición, a pesar de los esfuerzos por lograr impulsar las negociaciones, procede a apelar a su mayoría en la Asamblea Nacional venezolana, para invocar una figura jurídica perniciosa para la gobernabilidad y precaria estabilidad política, el ¨abandono de cargo¨.

Lo que en primer lugar comenzó como un llamado a ¨Juicio Político¨, proceso inexistente en la constitución venezolana, por cuanto sus implicaciones incluyen la posibilidad de separar al mandatario del cargo por medio de procedimientos constitucionales que delegan su suerte a la interpelación y potestad del congreso, llevó a la oposición a apelar al ¨Juicio de Responsabilidad¨. Sin embargo, tal figura tampoco tendría mayores efectos, debido a que su alcance constitucional es más parecido a un juicio moral y amonestación del mandatario, por posibles malas prácticas en el ejercicio de sus funciones.

Tal afán explica la invocación al ¨Abandono del cargo¨, en un afán de deponer el gobierno constitucional del PSUV por todas las vías posibles, relegando la vía electoral a un último plano. Afortunadamente y debido en primera instancia a la oportunidad brindada a los aprestos de diálogo que encamina el vaticano, de la mano con UNASUR y los mandatarios que intervienen en el proceso, las gestiones parlamentarias se encuentran pausadas.

Como era de esperar, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho énfasis en que no renunciará a su cargo, a la vez que no se someterá a figuras políticas no previstas en la Constitución Nacional. Siendo uno de los principales abanderados de una salida consensuada, el presidente ha mostrado una actitud que contrasta con las continuas amenazas de boicot de la oposición a pesar de los esfuerzos emprendidos por el vaticano.

A la fecha, los acuerdos prevén enfrentar el sabotaje económico y comercial, boicot, agresión a la economía y propiciar la concertación. La experiencia nos lleva a mantener reservas respecto a la posibilidad de éxito de los actuales aprestos, sin embargo los continuos cambios que se ciernen en la región invitan a que se imponga el raciocinio y el diálogo constructivo entre las partes.

Entre los acuerdos logrados se resalta el trabajar de manera conjunta en el campo económico – social para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Cabe destacar que la comisión económica de este diálogo es encabezada por el expresidente dominicano Leonel Fernández, quien tiene vasta experiencia internacional, además de ser un gran promotor en la búsqueda de soluciones a través de la promoción del diálogo, como ocurriese en 1998, quien bajo su gobierno creó y promovió la realización del Diálogo Nacional, con la realización de los concejos populares, que fue un diálogo directo con el pueblo, y sobretodo, la solución al conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela, a raíz de la muerte de Raul Reyes en territorio Ecuatoriano por parte del ejército colombiano. En dicho evento, el Dr. Fernández jugó como mediador un papel fundamental.

Auguramos el mayor de los éxitos al proceso de diálogo, en el cual estamos más que seguro que el gran ganador será el pueblo.