Recién se dio a conocer el balance oficial de fatalidades de tránsito en el territorio de España, tras verificarse un alza de 29 víctimas mortales en las estadísticas.
Ello significa un rompimiento definitivo de la luna de miel del modelo de seguridad vial que se ha estado implementando desde hace más de una década, luego de un estancamiento en sus avances que pone en entredicho los planes y el sistema de lo que fuera un paradigma mundial.
En el último cuatrienio las cifras de muertes en carretera experimentaron un freno inusitado, lo cual predijimos en función a análisis publicados en nuestros indicadores de Siniestralidad Viaria 2014, que traería consecuencias impredecibles a la Península Ibérica.
Desde antes de ocurrir este fenómeno, y confirmado posteriormente por expertos y autoridades que también dan seguimiento a lo que está ocurriendo allí, advertíamos de los posibles malos resultados, por la contaminación en los datos del desaparecido Observatorio, la politiquería en el manejo de las informaciones y la corrupción administrativa en su estructura, aflorada en los pasados meses.
La razón fundamental de nuestro interés por la seguridad vial en España ha sido por los logros alcanzados en el desarrollo del tema tras la orientación del Ing. Pere Navarro en la Dirección General de Tráfico, organismo responsable de la seguridad vial.
Pere Navarro gravitó en España en las más importantes decisiones durante ocho años, experimentándose el formidable decrecimiento en la tasa de mortalidad por traumatismos en la circulación, como se muestra en el gráfico anterior, y al mismo tiempo se convirtió en un líder interesante en el tema de la seguridad vial para Iberoamérica, siendo hoy día un referente.
Calificamos en el 2014 de posible estancamiento el progreso de la seguridad vial en España, porque sus estadísticas en decesos mostraban una baja insignificante que resultó ser promedio actual de 0.24%, tras reflejar al finalizar el 2016 un aumento de 29 muertes por encima del período anterior.
1,160 fue el saldo de fallecidos en el desplazamiento en la red vial española en el 2016. Estos resultados obligarán a la Comisión Europea a ejercer cierta presión para que se revisen las políticas de buenas prácticas en la región.
