Según informes del Banco Mundial, en décadas recientes el país ha transformado su base económica y ha diversificado sus exportaciones; ha mejorado el clima de negocios, facilitando el comercio internacional y fomentando el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, se hacen necesarias reformas futuras para que el país mantenga su competitividad en la región y más allá de los logros actuales.
No me canso de afirmar en forma reiterada, que mejorar la calidad hasta alcanzar un sitial preponderante en América, debe ser el reto básico del Sistema Educativo Dominicano, porque esa mejora es la que podrá servir de sustento fundamental para lograr vencer los desafíos del crecimiento, facilitando el desarrollo inclusivo.
El crecimiento para un desarrollo inclusivo, sustentado en una mejora de la calidad en educción, traerá mejores vías para adecentar en forma sustentable el clima de negocios, para de ese modo ayudar a impulsar la inversión nativa y extranjera, en procura de lograr un régimen de puestos de trabajo decentes.
Los sectores tradicionalmente generadores de empleo, como las manufacturas, han crecido en los últimos veinte años más lentamente –por ejemplo- que telecomunicaciones y minería, que tienden a generar menos puestos de trabajo. Gran parte de los puestos de trabajo que se crearon desde el 2000 han sido poco cualificados, en industrias menos productivas, y en el sector informal. A consecuencia de la crisis del 2003 y el declive de los textiles, el salario real promedio disminuyó un 27 por ciento desde el 2000, y no se ha recuperado, aun cuando la productividad laboral aumentó significativamente en los sectores líderes de crecimiento en los últimos diez años, es decir desde el 2013 hasta la fecha.
Aunque se evidencian mejoras en la política de competitividad y en el clima de inversión, debemos trabajar un mejor producto desde la escuela, para que se puedan crear fortalezas en la calidad de los egresados, y así lograr los necesarios encadenamientos que comprendan las zonas turísticas y de procesamiento de exportaciones y las de manufactura y la agricultura. Esta debe ser una meta a ponderar en forma constante, para cumplir con las expectativas del Plan Decenal que culmina el próximo año.
El fortalecimiento de la calidad de la educación en los niveles Inicial, Primario y de Bachillerato; la aplicación de políticas de capacitación laboral a través del INFOTEP, los politécnicos y los institutos técnicos, podrían ayudar a crear más y mejores puestos de trabajo. En los planes decenales del MINERD y del INFOTEP se contemplan estas metas en forma reiterada, pero no vemos las evaluaciones para saber por dónde andan. Lo que acabamos de decir nos preocupa en forma tormentosa, por tratarse de un asunto al que nos debemos renunciar.
La nación necesita promover una política fiscal equitativa, eficiente, transparente y sostenible, para ello es necesaria una mejora en el sistema educativo y rescatar el decálogo de políticas del Plan Decenal de Educación en los niveles discutidos y aprobados en el Foro Presidencial que se desarrolló previo a su elaboración y aprobación definitiva.
El país ha dado pasos importantes para fortalecer el manejo de la deuda y contener los déficits desde 2013 hasta la fecha, con la mira de mantener la relación deuda/PIB, dentro de los niveles sostenibles. El actual sistema tributario se ve obstaculizado por la baja recaudación fiscal en relación al PIB y por la dependencia excesiva de los impuestos indirectos que tiende a ser regresiva. Al mismo tiempo las exenciones fiscales exceden 6.7 del PIB. Sobre este tema, debemos preguntarnos acerca del pacto fiscal que previó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una revisión de las exenciones mientras se protege a los más pobres, ayudaría a ampliar la recaudación fiscal para financiar servicios públicos esenciales y promover la inclusión social.
Ese sería un formidable argumento para lograr apoyo popular, frente a los empresarios que exhiben una visión acumuladora de capitales.
Los retos claves y que nos desafían incluyen la financiación adecuada de servicios públicos básicos, tales como agua y saneamiento, incluyendo la generalidad medioambiental, enfatizando en la basura con la implicación de su manejo; así como una educación, y salud de calidad. Se hace necesaria una reorientación de las partidas presupuestarias, para alcanzar resultados de calidad y fortalecer los sistemas del manejo de las finanzas públicas. Esta es una prioridad necesaria y urgente, para lograr una política fiscal eficiente y transparente.
Estos últimos los hemos colocado como retos esenciales que trascienden el área educativa para el segundo decenio del siglo XXI y lo hacemos conscientes de que la educación es una herramienta ideológica al servicio del Estado.
