El informe Latinobarómetro 2016 desafortunadamente nos marca con indicadores negativos en el mal de la corrupción, no solo en el ámbito político, sino en muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, a pesar de los alarmantes índices de corrupción que actualmente se registran nuestro país, debemos reconocer que contamos con sólidas normativas que nos han permitido tipificar estos actos, constitucionalizarlo y definir los procedimientos y herramientas para superarlos.
El Partido de la Liberación Dominicana es la organización política que desde el poder, ha hecho mayores contribuciones para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Constituyendo así la reafirmación de la voluntad y el compromiso de sus administraciones, en especial, la del Ex presidente Leonel Fernández, de no desmayar en la lucha incansable contra el fenómeno de la corrupción.
En el artículo 146 de la Constitución del año 2010, es donde por vez primera se establecióen forma clara y precisa en un texto constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los órganos del Estado; la obligatoriedad de la declaración jurada; la pena de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción; y la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución.
Es oportuno recordar, que en los gobiernos del ex presidente Fernández se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Ley de Función Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley de Libre Acceso a la Información Pública; la Ley Contra el Lavado de Activos; la que instituye el Código de Ética del Servidor Público; la creación de Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la reforma y modernización de la justicia; y la elaboración del nuevo Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal. Todos en su conjunto, conforman el poderoso entramado legal que junto a una serie de medidas, procuran hacer más transparentes las transacciones de compras y contrataciones en todas las instituciones del Estado, al tiempo que, prevenir, perseguir y condenar los actos de corrupción en la administración de la cosa pública.
El propósito de la creación de este ordenamiento jurídico es que sea eficiente, capaz de contener, disminuir y erradicar las conductas corruptas en la administración pública, en su aplicación, debe evitarse siempre cometer el error de politizar la corrupción porque esta acción contamina los procesos generando impunidad. Siempre habrá oportunidad de mejorar, todavía estamos a tiempo.
