Opinión

El presidente Danilo Medina, luego de observar la ley que declararía Loma Miranda como parque nacional, comienza a moverse entre fuerzas sociales contradictorias a las cuales, obviamente, no podía complacer al mismo tiempo.

Esos sectores sociales que han comenzado a ponerse en movimiento con acciones de rechazo a las observaciones hechas por el jefe del Estado, en algún momento de la historia política dominicana han tenido sus contradicciones. Pero nada, ese fenómeno sociopolítico deberá ser analizado en otro artículo.

Esas fuerzas sociales que legítima y legamente se están pronunciando en contra de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo hay que garantizarles su derecho a disentir y hacer uso de ese recurso ciudadano consagrado en nuestra Constitución.

Ahora bien, es necesario que ellos terminen de entender que con las observaciones recomendadas por Presidente Danilo Medina a la legislación, no se pone en peligro el futuro del país ni tampoco el destino de la civilización occidental. La vida continua.

Esos grupos de ecologistas, medioambientalistas, medios de comunicación, comunicadores, religiosos, profesionales y grupos de la sociedad civil deben razonar que el proceso no ha terminado, y que deben esperar calmadamente, que sí siguen así, la desesperación se volvería contra ellos.

La prisa en obtener lo deseado sería la antítesis de la celeridad en conseguirlo. Quienes los agitan deben comprender eso, asimilar eso , entender eso . ¿Y cómo es posible que no lo entiendan, asimilen y comprendan si todo es tan sencillo, tan fácil, tan claro?.

Sinceramente, señores, es penoso leer y escuchar los calificativos de izquierdistas, religiosos y agitadores que en este país se bridan a manos llenas, en contra del primer mandatario de la nación del país luego de observar la referida ley.

Considero, que esos pronunciamientos han sido innecesarios, abusivos e irrespetuosos contra un presidente que lo único que ha hecho es hacer uso de una facultad constitucional contenida en nuestra Carta Magna.

Pienso además que, en una sociedad regida por una Constitución que declara un Estado Social, Democrático de Derecho, en el cual las instancias institucionales están disponibles para dirimir y canalizar, los conflictos sociales y políticos se tenga que acudir a calificativos y acciones tan rastreras y degradantes como los usados por algunos personajes pertenecientes a esos grupos contra el jefe de Estado.

Es una pena que esos colectivos no hayan encaminado sus desacuerdos legítimos por los escenarios instituciones adecuados y en cambio estén implementando desgraciadamente métodos de lucha desfasados y repudiados por la mayoría de la sociedad.

¿Lo obliga alguien a eso?

¿Se vieron en la obligación de hacerlo?

¿Lo hicieron por voluntad propia?

No lo sé. Pero lo cierto es que esos grupos han aparecido como actores fundamentales de una comedia mal dirigida.