Opinión

A José Francisco Durán (Cuco) le descargaron a quemarropa once tiros de pistola Carandai, una tibia mañana del mes de abril de 2014, mientras recorría el acostumbrado trayecto para llevar a su sobrina al Colegio La Colmenita del tranquilo Luperón, un exclusivo barrio de clase media, localizado al norte capitalino.

Cuando la ráfaga de balas asesinas fue descargada a corta distancia por un tirador que bajó de una motocicleta y se acercó a la ventanilla del vehículo que conducía Cuco, éste empapado de sangre abrazó a su sobrinita para protegerla de los proyectiles que dañaron sus órganos vitales.

Con la muerte de Cuco, un varón de mediana edad de fuerte contextura física, que dedicó su vida al oficio de la mecánica automotriz, desapareció el principal testigo de una balacera que cobró la vida del joven Carlos Manuel Coronado, delivery de un centro de diversión, y dejó herido a José Ramón Martín Méndez, su propietario del establecimiento, durante un asalto perpetrado en presencia de los clientes del negocio, que se divertían en un aguinaldo navideño el 19 de diciembre de 2010.

Cuco salvó la vida esa noche navideña. No estaba para morir en esa fiesta. Pero su desgracia comenzó cuando fue llamado como testigo de ese acontecimiento sangriento que tiñó de rojo la época más alegre del año.

Desde el momento en que prestó declaraciones como testigo presencial de la agresión armada, Cuco comenzó un verdadero calvario, pues a partir de ese momento empezaron las amenazas de muerte en su contra. El señalado como testigo clave para que las autoridades esclarecieran los hechos y enviaran la prisión a los principales imputados.

Durante su calvario, Cuco y su familia no recibieron la protección que merecía como un sujeto que participaba en un proceso judicial que era investigado para evitar que un crimen quedara impune.

Cada día el sombrío manto de la impunidad cubre a los autores de delitos que se cometen contra víctimas y testigos para que abandonen los procesos penales por intimidación, amenazas, compra de silencio, prisión arbitraria, fabricación de expedientes penales falsos y asesinatos.

Así es nuestra justicia penal, se ocupa más de garantizar los derechos de los delincuentes, que de resguardar los derechos fundamentales de las víctimas, los testigos, los jueces penales, los fiscales y demás sujetos procesales.

Durante siglos, los criminólogos y penalistas concentraron su atención en la persona y en los derechos del autor del delito. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo humano hay que acentuar el lado de la víctima, puesto que el objetivo de la seguridad ciudadana es proteger a quienes puede sufrir o han sufrido las consecuencias de un delito.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este martes presenté un proyecto de Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos Procesales, a fin de garantizar su integridad física antes y durante de un proceso judicial.

Los sujetos procesales son piezas claves a los fines del derecho penal y que en ocasiones son amenazados o intimidados por el imputado y los familiares, con el propósito de que se abstengan de declarar durante la fase del proceso.

El sistema penal podría colapsar si no se toman las medidas legales que faciliten y promuevan la protección y seguridad de estos actores del proceso judicial.

Son destinatarios de la protección prevista en esta pieza legislativa, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual en un proceso penal, incluyendo fiscales y demás sujetos principales y segundarios.

Estoy esperanzado de que el Congreso de la República convierta en ley la iniciativa de mi autoría, ya que el Estado está inmerso en una reforma de la justicia penal, a través de la creación de marcos legales que fortalezcan y actualicen la lucha contra el crimen organizado y demás delitos que afecten a la población.