Julio César Santana
Hacia comienzos de los años 90 un grupo de economistas latinoamericanos, a raíz de la propuesta del llamado Consenso de Washington (1989), liderados por el Instituto de Economía Internacional del Banco Mundial, propone tres vertientes de reformas estructurales, a saber: reforma presupuestaria (disciplina fiscal y reorientación del gasto público), liberalización del comercio internacional (liberalización financiera y comercial, tasas de cambio unificadas, apertura a la inversión extranjera directa) y liberalización del mercado doméstico (reforma tributaria, privatización, desregulación y aseguramiento de los derechos de propiedad). Entre 1989 y 1995 distintos tipos de reformas son implementadas en casi todos los países latinoamericanos, siguiendo el marco orientador de las recomendaciones del Banco Mundial.
Como es conocido, hacia la segunda mitad de los 90s, las insuficiencias e ineficiencias del camino transitado se hicieron sentir con mayor o menor fuerza en casi todas las naciones. A partir de ese momento se hizo un esfuerzo en mejorar el Consenso de Washington, adicionando a la propuesta original varias componentes decisivas: la reforma institucional (política, legal, regulatorias y anticorrupción), flexibilidad del mercado laboral dentro del marco de la reforma de liberalización del mercado doméstico, la observancia de los acuerdos OMC, estándares y regulaciones financieras, apertura prudente de la cuenta de capital y regímenes de cambios no intermedios, esto último en el marco de la propuesta de liberalización del comercio internacional.
Uno de los elementos nuevos de mayor relevancia fue el de la reforma social con dos variables definidas: la creación de redes de seguridad social y la reducción de la pobreza.
República Dominicana inició, en sintonía con los demás países latinoamericanos, este desafiante proceso de reformas. En realidad, la mayoría de las acciones emprendidas, al margen del interés de las potencias de producir un mayor grado de adaptación de las economías emergentes a las características del nuevo sistema de comercio internacional, eran reclamadas por los nuevos desafíos del desarrollo económico y social, los cambios en el contexto global y las ineficiencias y/o rezagos estructurales en muchos ámbitos clave del crecimiento y modernización de las economías de bajo o mediano desarrollo relativo.
Entre las principales reformas emprendidas por nuestro país se destacan, en el orden político, las siguientes: Constitucional, del sistema electoral, los partidos (en curso) y el Congreso. En cuanto a las reformas institucionales cabe mencionar la judicial, de administración pública, presupuestaria y de compras estatales (reformulación del sistema administrativo financiero del Estado), descentralización política y fiscal, y de regulación de los sectores de servicios públicos.
Uno de los hechos más relevantes de este proceso de modernización política e institucional, que se intensifica a lo largo de la pasada primera década del Siglo y prosigue en la presente, es la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Todavía mucha gente no llega a entender la transcendencia de esta reforma institucional, a nuestro juicio la más relevante en lo que va de siglo.
En primer lugar, está el tema del alcance de las funciones o competencias institucionales del MEM. Como sabemos, y no sólo por la Ley 100-13 sino también por la Ley Orgánica No. 247-12 de Administración Pública, a él corresponde la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios en los ámbitos energético y minero, dos de los más relevantes en términos de cumplimiento de las metas de mediano y largo plazo consagradas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y en los planes plurianuales del sector público.
Es de conocimiento general que las metas de gran calado del desarrollo no pueden cumplirse sin recursos y la minería dominicana, según estimados conservadores, tiene reservas probadas de minerales existentes por un valor que supera los US$60,000 millones, calculados a precios de 2013.
Actualmente el país también explota Ámbar y Larimar, piedras semipreciosas utilizadas en el diseño de joyería. El potencial minero se localiza en Pedernales, con bauxita, carbonato de sodio y piedra caliza; Barahona, con sal, yeso y Larimar; Azua, con yeso, mármol, carbonato de calcio y piedra caliza; Samaná, con mármol y granito; Puerto Plata, con ámbar, y Dajabón, con piedra caliza y granito. República Dominicana cuenta con el segundo depósito de oro más grande en América y sus reservas de plata, níquel, bauxita, mármol, piedra caliza y granito son muy considerables.
El país, por iniciativa del MEM, ha iniciado un ambicioso programa de exploración en busca de gas natural y petróleo. En este sentido, un paso de gran notabilidad política y estratégica ha sido la creación de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, con la intervención de Schlumberger, la más grande y prestigiosa empresa en ese ámbito y actor obligado cuando se trata de esfuerzos de organización e interpretación de data especializada y de actividades exploratorias esperanzadoras.
El MEM tiene ante sí el gran reto de seguir cuantificando los cuantiosos y diversos yacimientos mineros del país en tierra y mar a los fines de planificar su explotación salvaguardando el interés nacional, el medio ambiente y la integridad de las comunidades del Distrito Minero. Cabe recordar que, habiendo sido bendecidos por la naturaleza con una dotación de recursos de minería metálica y no metálica formidable, también “…podemos ufanarnos de ser uno de los países del continente que tiene más datos de su geología y de sus potenciales recursos minerales, mapeados y georeferenciados”, al decir del ministro Castillo.
En este mismo orden, el potencial de energías renovables que puede traducirse en sustantivos ahorros financieros para el Estado y en una reducción importante de la dependencia de la importación de combustibles fósiles, es realmente sorprendente. Este es el principal objetivo de la estrategia energética del país: priorizar la inclusión de los recursos energéticos renovables para reducir las emisiones de dióxido de carbono y comprimir la dependencia de los energéticos fósiles por medio del aprendizaje, la aplicación de nuevas tecnologías energéticas, sustentables y competitivas. Numerosos estudios constatan la existencia de un gran potencial eólico, solar, de biomasa en sus vertientes de cultivos energéticos, subproductos agrícolas, forestales, pecuarios, industriales y de origen municipal, además del potencial hidráulico y geotérmico.
Como en reiteradas ocasiones lo ha planteado el ministro Pelegrín Castillo, la dependencia energética adquiere crecientes connotaciones geopolíticas, donde la energía se ha transformado en una nueva forma de poder político internacional. Es evidente que los propietarios de los recursos energéticos (petróleo y gas principalmente) buscan utilizarlos como armas de negociación política para hacer valer y consolidar sus intereses particulares.
En segundo lugar, la Ley 100-13 define claramente todos los roles del MEM, a saber: Rol Rector, el cual se cumple a través de la formulación, dirección y supervisión del cumplimiento de la Política Sectorial en función de la política General del Gobierno; Rol Regulador, que define e implementa la estructura legal que abarca el ámbito, los deberes y derechos concernientes a las actividades de energía y minas; Rol Promotor, que se ejecuta en forma compartida a través de los organismos adscritos, las direcciones y departamentos de staff, las áreas sustantivas (viceministerios), otros ministerios e instituciones públicas, los órganos de asesoramiento y otras entidades.
También el Rol Fiscalizador, que se refiere a la supervisión, monitoreo y fiscalización (examen, inspección, comprobación), especialmente en lo que respecta a las actividades de la gran y mediana minería en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional y, finalmente, el Rol Subsidiario, que ya se ha iniciado a través del despliegue de iniciativas de coordinación de acciones enfocadas a la remediación de pasivos ambientales y a la ejecución de proyectos y programas de impactos comunitarios (Foro Frontera de Energía y Minas y Cultivando Agua Buena).
Obviamente, a la hora de poner el interés nacional por encima de los intereses de los grupos económicos nacionales o extranjeros, lo cual no significa de ningún modo no tomarlos en cuenta, el rol rector y las potestades regulatorias y fiscalizadoras cobran la mayor relevancia estratégica, práctica y operativa.
Regatear al MEM sus facultades como regente de la política sectorial energética-minera y como principal formulador y propulsor de las reglas de juego que definen el marco normativo en materia de energía, minería, infraestructuras energéticas, prospección, concesiones, exploración, contratación de servicios, seguridad energética, equipamientos y medios tecnológicos, equivale a proponer crear una entelequia institucional con el objetivo soterrado de mantener privilegios, posiciones de mercado oligopólicas, monopólicas o cuasi monopólicas, estructuras de sobreprecios escandalosas y condiciones de negociación realmente lesivas al interés nacional.
Por otro lado, no se hace nada con establecer un marco normativo si no se tiene la capacidad y la determinación de fiscalizarlo, es decir, de auditarlo, evaluarlo, monitorearlo e inspeccionarlo siguiendo prácticas y estándares mundiales.
Por último, la administración del Presidente Medina, como quizás nunca antes, está empeñada en dar una solución definitiva al problema eléctrico. El Presidente ha dicho que “sin electricidad no hay desarrollo”, es decir, no puede consolidarse un desarrollo industrial competitivo ni aspirarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Tiene que ver el MEM con esta determinación gubernamental de saldar la “deuda eléctrica” con los votantes? Nuestro Gobierno, se propone formular y ejecutar un Pacto Eléctrico con la firme convicción de que debemos construir un consenso alrededor de unos lineamientos estratégicos y de acción inmediatas y que, donde no haya acuerdo, garanticemos la solución desde la perspectiva de lo que más conviene al país.
Veamos. La solución del problema eléctrico supone por necesidad la reducción de las vulnerabilidades derivadas de la dependencia del suministro energético externo. No sólo aumentar la generación: se trata también de ampliar la base de las fuentes energéticas de generación, de menores costos relativos y ambientalmente menos agresivas, haciendo hincapié en aquellas soluciones que descansen en el uso creciente del potencial energético propio.
¿Puede hacerse esto sin el concurso protagónico del MEM? Podemos formular la pregunta de otra forma: ¿pueden las medidas que pudieran adoptarse en el plano eléctrico ser efectivas sin conjugarlas con las que pudieran ser avanzadas desde el MEM para optimizar los recursos energéticos y económicos de la Nación, y sin fortalecer la estructura del sector energético apuntando a efectos económicos, sociales y ambientales positivos? ¿Tiene oportunidad de éxito un Pacto Eléctrico sin definición de una política energética?
Sí, podríamos seguir esa ruta pero ignorando la reforma de la que hablamos (MEM) y santificando el orden viejo con un ministerio nuevo (MEM).
Esta reflexión nos conduce nuevamente al tema de la seguridad energética, que es uno de los alcances troncales de las atribuciones de ley del nuevo ministerio. No puede disertarse sobre esa seguridad sin diversificación del suministro, diversificación geográfica, gestión eficiente, rentable y sostenible, integración y capacidad de restablecer caídas mediante nuevas o renovadas redes eléctricas, gasoductos y oleoductos, disposición en todo momento de reservas estratégicas, fortalecimiento de la capacidad de refinación, protección societaria e institucional y dotación de un marco normativo completo, estable, transparente y eficaz, entre otros elementos importantes.
Las bases fundamentales del futuro desarrollo energético sostenible del país son la seguridad y la eficiencia energética, elementos que sostienen los diferentes pilares o áreas de influencia del quehacer del Ministerio. Como ha señalado el Ministro Pelegrín Castillo “…la base de la seguridad energética implica un desarrollo futuro donde los agentes económicos locales tengan una mayor influencia sobre las variables de decisión, para lograr un mayor acceso a las fuentes de energía, de parte de todos los grupos sociales”. En otras palabras, la seguridad energética conlleva a reducir la dependencia de las fuentes de energías importadas, pero desde la perspectiva de una política energética de carácter sistémico cuya formulación corresponde obviamente al MEM.
