Opinión

El ser humano, por el simple hecho de serlo, posee, intrínsecamente, prerrogativas esenciales que conocemos como derechos humanos, es decir, libertades esenciales que les permiten desarrollarse, las que reflejan características comunes: Universalidad, inalienabilidad, interdependencia e indivisibilidad.

Estas garantías se insertan en los ordenamientos internos de los Estados en los denominados derechos fundamentales y son mecanismos jurídicamente reconocidos para su tutela efectiva.

El derecho al trabajo forma parte de los derechos humanos fundamentales y hace referencia a la posibilidad de participar libremente en las actividades de producción y prestación de servicios a la sociedad, por el cual se recibe una remuneración o pago.

De conformidad al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Art. 6, el derecho al trabajo “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”, siempre en condiciones de respeto a la dignidad humana como valor esencial.

En 1999, el entonces Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, acuñó el concepto de “Trabajo Decente” para englobar la idea del trabajo digno, en el contexto de un informe para la 87va. Conferencia Internacional del Trabajo.

La idea del trabajo decente fue expresada de la siguiente manera: “El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.

De manera que para la OIT, un trabajo decente es aquel que se realiza en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

La libertad implica que exista libertad sindical, negociación colectiva y la lucha contra el trabajo forzoso; la igualdad plantea la lucha constante contra la discriminación en el empleo por razones de raza, etnia, origen nacional, religión, edad o género; la seguridad implica la necesidad de un sistema de seguridad social y protección contra los riesgos laborales y el desempleo; y, finalmente, el aspecto de la dignidad procura convertir al hombre en el sujeto esencial dentro de la cadena de producción, dentro de un clima laboral competitivo y respetuoso de la esencia del ser humano.

De manera que el trabajo decente o digno implica; La garantía de una remuneración justa; la protección social; buenas condiciones y seguridad en el lugar de trabajo; posibilidades de desarrollo personal; reconocimiento social e igualdad en el trato para hombres y mujeres.

El preámbulo de la Constitución dominicana expresa que el trabajo es uno de los pilares que sustenta la concepción de la igualdad con visión social; de igual modo, el trabajo es una de las piedras angulares del Estado Social y Democrático de Derecho, que consagra el Art. 7 de la Carta Magna.

Al tenor delo marco constitucional, el derecho al trabajo es un derecho social de orden prestacional, que obliga al Estado a asumir un rol activo en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan y fomenten la creación de empleos dignos que permitan satisfacer las necesidades nacionales. De igual forma, exige del Estado dominicano, acciones puntuales para garantizar su ejercicio efectivo: La igualdad y la equidad de género, la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la no discriminación para acceder al empleo, condiciones de seguridad, salubridad e higiene en los puestos de trabajo y el derecho a un salario justo. Así lo dispone el Art. 62 del texto constitucional.
El derecho al trabajo es, además, una función social del Estado y un deber fundamental de los ciudadanos.

Como deber fundamental, el trabajo se enmarca dentro del orden de responsabilidades jurídicas y morales establecidos en el artículo 75, numeral 7, de la Constitución, referente a los deberes fundamentales.

En este orden, el indicado apartado, establece como un deber de las personas: “Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad”.

Como función social, el trabajo es comprendido como la manera en que un país puede progresar y desarrollarse como sociedad unificada.

En el año 2012, la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT, publicó el 8vo. Número de la publicación “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe” centrada en los avances y desafíos en la medición del trabajo decente.

En este informe, la CEPAL y la OIT, destacan que “el principal objeto de la medición del trabajo decente consiste en proporcionar a los mandantes —gobiernos, trabajadores y empleadores— herramientas para evaluar los progresos de cada país en materia de trabajo decente”, y por tanto deben enfocarse en aspectos fundamentales como la situación de todos los trabajadores con énfasis en los trabajadores más vulnerables, la incidencia de la pobreza de los trabajadores, identificar los factores que obstaculizan o promueven el progreso hacia el trabajo decente, entre otros.

Una de las grandes prioridades del Estado dominicano es la planificación del empleo y esto implica un acercamiento real entre las necesidades del mercado laboral y la mano de obra que necesita calificarse. Esto es, el Estado con las universidades y las escuelas técnico-vocacionales deben sentarse a planificar las demandas del mercado laboral.

Esa falta de planificación es lo que se expresa en el Editorial de la página 8A del Listín Diario, de fecha 5 de mayo de 2015, titulado: La Juventud que busca empleos, donde se expresa las grandes inquietudes y desesperanzas de miles de jóvenes que salen de las universidades y que esperan por un puesto de trabajo. Ese es el gran reto. Ese es el gran desafío. ¿Cómo generamos empleos productivos y bien remunerados para la juventud dominicana? Sobre todo porque sabemos que el trabajo digno es la puerta hacia el progreso social.