La definición y puesta en práctica de una política migratoria que preserve la soberanía y autodeterminación del Estado Dominicano, resalta como el mayor logro de los tres primeros años de la cuarta administración gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana.
Para muchos entendidos, el establecimiento de una política migratoria que marque el porvenir y repercuta en los planos local e internacional, era el anillo que faltaba para conformar la cadena de éxitos representada por la configuración de un modelo económico concebido y puesto en práctica de 1966 a 1975, responsable del mayor crecimiento de América Latina de los últimos 50 años: 2.8 promedio del PIB de RD anual contra 1.7% del resto de AL, según reporta el BID.
El modelo de referencia basado en la agropecuaria y agroindustria, en la manufactura y las zonas francas, en la minería y en el turismo y los servicios, no sólo ha asido revitalizado en los gobiernos del PLD, sino también recobrado en sus orígenes, gracias al relanzamiento logrado con las zonas francas y la minería.
Aunque todavía por aplicar en toda su extensión, la política migratoria en práctica tiene la virtud de haber sido concebida por uno de los órganos surgidos en las administraciones peledeístas, el Tribunal Constitucional, que con el respaldo del máximo liderazgo (Leonel-Danilo), ha concitado el apoyo irrestricto de casi la totalidad del pueblo dominicano.
De una economía dependiente hasta 1966 de los tradicionales azúcar, café, cacao y tabaco en rama, pasó a ser una economía sustentada en la manufactura y las zonas francas, la minería metálica con enorme potencial en la minería no metálica y el turismo y los servicios, relegando la agropecuaria y agroindustria a complementaria.
Se le califica de “virtuoso” porque fue gracias a ese giro que la República Dominicana convirtió la “década perdida” de los ochentas para casi toda América Latina, en una oportunidad de crecimiento posibilitando acumular un 5.5 % del PIB promedio anual para los últimos 50 años.
El modelo tiene la capacidad de ajustarse, pues cuando uno o dos de sus componentes básicos entra en crisis, los demás los compensan con crecimiento.
De no haber sido por la intervención milagrosa del Tribunal Constitucional que produce la sentencia 168-13 en la que se diseña una política migratoria para el país, en agosto del 2013, estuviéramos todavía sometidos a un limbo en ese punto nodal del presente y futuro de la nación.
Esto así porque tanto el gobierno como el liderazgo nacional concentrado en Leonel-Danilo no sólo fue tomado por sorpresa con la sentencia del TC, sino que también tenían dudas de si había llegado el momento de romper con el autochantaje de organismos internacionales controlados por los principales socios económicos y políticos del país, con base local de la sociedad civil muy bien situada en control de medios de comunicación, que había concebido la “solución haitiana” a costa de los dominicanos.
La sentencia 168-13 es prolija en respaldos legales y documentos históricos que normaron, en su momento, las relaciones migratorias entre los Estados de Haití y República, pues se remonta inicios de la formación de ambos estados y sus nexos protocolares y legales.
Destacan en esas referencias la Ley 199, del 20 de diciembre de 1939, que establece el Modus Operandi entre la República y Haití, aprobada por los congresos de ambos Estados, que dice lo siguiente:
“Art. 1º.- Desde la firma del presente instrumento la frontera domínico-haitiana será cerrada a todo individuo perteneciente a uno u otro país que no se encuentre provisto: a) – dé una carta de identificación regularmente expedida por las autoridades competentes de su país, la cual además de las fotografías del individuo, deberá contener las indicaciones siguientes: un número de orden, el nombre y el apellido completos, la edad, el sexo, los últimos domicilio y residencia y las características físicas particulares del interesado; b) – de un permiso de admisión regularmente expedido por la Legación o el Consulado del país a donde desee ir dicho individuo, y el cual permiso reproducirá las indicaciones de la carta de identificación mencionada y fijará la destinación del interesado; y c) – de un permiso entregado por la policía del país de dicho individuo, en el cual se haga mención de la carta de identificación y del permiso de admisión expedidos a favor del mismo”.
Esta Ley tiene su base en la Resolución No. 413 del 16 de noviembre de 1932, Gaceta Oficial No. 4525, que aprueba la Convención sobre Condición de los Extranjeros, suscrita en la VI Conferencia Interamericana de La Habana, Cuba, que firman todos los Estados, incluido Estados Unidos de América.
La cuestión migratoria, principalmente la referida a los vecinos haitianos, siempre ha sido preocupación de los gobiernos del PLD, como lo ponen en evidencia dos acciones de su primer gobierno (1996-2000):
En 1999 el gobierno dominicano diligencia con el gobierno de haitiano la firma de un “PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LOS MECANISMOS DE REPATRIACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA REPÚBLICA DE HAITÍ, SUSCRITO EL 2 DE DICIEMBRE DE 1999[1]…” que deja claramente establecido lo siguiente:
a) Las autoridades dominicanas de migración se comprometen a no realizar repatriaciones durante horas de la noche, es decir, entre 6:00 p.m. y 8:00 a.m., igualmente no harán repatriaciones durante los domingos y días feriados de los dos países, excepto entre las 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
b) Las autoridades dominicanas de migración evitarán la separa¬ción de familias nucleadas (padres e hijos menores) en los procesos de las repatriaciones.
Más tarde, en febrero del 2000, la administración peeldeísta, previendo que la migración de haitianos se estaba saliendo de control, logra ponerse de acuerdo con el gobierno haitiano y se firma entre ambos estados un nuevo protocolo que rige la contratación de mano de obra por cualquiera de los Estados, donde se establece lo siguiente:
Artículo 2
Para tener derecho a ser contratado dentro del territorio de la otra Parte o para cruzar legalmente la frontera con fines de ocupar un empleo en el territorio de la otra parte, cada nacional migrante de una de las Partes deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) Tener un documento legalmente reconocido que lo identifique como nacional de la otra Parte así como poseer el o los documentos de viajes exigidos por las leyes de ambas Partes o convenidas entre ellas;
A tales fines los Gobiernos de ambas Partes se obligan a dotar de esos documentos a sus nacionales.
b) Tener una carta de intención por parte de alguna persona física, una empresa, o una organización de la sociedad civil, si fuere el caso, siendo necesario completar el proceso con un contrato de trabajo que habrá de comprometer al trabajador y al empleador, y deberá hacerse de conformidad a la legislación del país receptor y conforme a las normas y a los convenios internacionales que rigen la materia.
La situación generada por la sentencia 168-13 motivó una ronda de consultas y acciones conjuntas de Danilo-Leonel, de la que muy poco se conoce en el público, para morigerar, en lo que fuera posible, la sentencia 168-13 y complementarla con iniciativas legales que le hicieran práctica, pero además para humanizarla ante los ojos críticos de la comunidad internacional y desarmar de argumentos a sus aliados locales, quienes han terminado tan mal, que se duda de su patriotismo.
La Ley de Naturalización que prosiguió a la sentencia 168-13, lo mismo que el Decreto de Regularización de extranjeros residentes en el país, son el fruto de esas consultas de los dos grandes líderes nacionales del momento.
El camino ha estado lleno de abrojos y trampas, pues los que concibieron el plan internacional contra el país movieron los altos organismos mundialistas y regionales (ONU, OEA, CARICOM y Unión Europea) para tratar de doblegar la voluntad del Estado Dominicano.
Y fue aquí donde se creció el liderazgo Danilo-Leonel que le ha hecho frente en todos esos escenarios con la férrea voluntad de que sobreviva los derechos de soberanía y libre determinación de los dominicanos.
Las intervenciones de Danilo ante la CELAC en La Habana y en conversaciones directas con el secretario general de la ONU, de Leonel en el seno mismo de la OEA y en órganos especializados de la ONU y de la Unión Europea, y de los responsables de la diplomacia dominicana no ha dejado dudas de la firme determinación del pueblo y gobierno dominicanos.
La primera que resalta de este relato de realizaciones de los que han dirigido el Estado Dominicano en los últimos 50 años, es la de que debemos hacer conciencia de haber forjado un modelo económico eficiente que ha posibilitado el crecimiento. El modelo necesita de “ajustes” como los que ejecutan las administraciones de los últimos 11 años, en particular en los últimos tres años, que procura humanizarlo y acercarlo más a la base de la estructura social.
Que si bien el modelo no se cuidó de una justa redistribución de la riqueza, el liderazgo responsable del PLD ha hecho conciencia de ello y desde 2004 viene ejecutando acciones de políticas social de envergadura como la seguridad social, el programa solidaridad y progresando con solidaridad, la asistencia masiva a la agropecuaria y sus estructuras medianas y pequeñas, y otras que procuran compensar la falla.
Y en segundo orden, ahora que se pretende descubrir lo que es un hecho cierto desde hace varis décadas, que el pueblo dominicano es esencialmente conservador, hacer conciencia que fueron los líderes del conservadurismo, en particular el doctor Joaquín Balaguer, los que echaron las bases del exitoso modelo económico que encamina a la nación por sendas de progreso. Y que han sido las administraciones peledeístas las que aprovecharon la herencia para consolidarla y mejor definirla.
Si esto último crea ronchas en el pensamiento más liberal y de izquierda, y aún en una intelectualidad infestada de antibalaguerismo y antileonelismo con fementido nacionalismo que sirve a los grandes intereses del capitalismo local e internacional, van a tener que vivir con ello por mucho tiempo más, hasta que se compruebe si fuimos capaces de abandonar el subdesarrollo o quedarnos entrampados en esa condición.
