Opinión

El desorden que caracteriza el transporte urbano de pasajeros en la República Dominicana tiene ahora una nueva expresión que amenaza la tranquilidad de un sector tradicional y altamente díscolo.

Apoyados en una aplicación informática, la empresa transnacional conocida como Uber, se ha instalado en el país, como lo hacen las miles de personas que en forma individual o asociada, y en cualquier momento, deciden montar un tarantín rodante para ganarse la vida.

En cualquier esquina, un grupo de propietarios de vehículos en cualquier condición, se organiza, se instala y asume el control del espacio público y de algún trozo del desordenado transporte de pasajeros.

Así ha llegado Uber, aunque sus promotores la promuevan como una expresión de modernismo, y de economía para los usuarios.

Comenzaron a operar sin la autorización del organismo gubernamental responsable del control y supervisión de las empresas de taxis, utilizando personas que no son profesionales de la actividad, en vehículos que tampoco están registrados por la autoridad oficial, ni tienen la identificación de automotores del transporte.

El Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) advirtió que la compañía de transporte Uber, no cuenta con permisos o licencias para operar aquí.

Desiderio Ruiz, presidente del CART, informó que esa empresa está en una situación irregular, por lo que la entidad reguladora del sistema de taxis citó al responsable, que podría ser sometido a la justicia porque la ley 76-00, que administra y regula el sistema de taxis, contempla penas privativas de libertad en caso de su violación.
Aprovechando el desorden, se introduce una «solución» similar a la de los motoconchistas, y grupos de automovilistas en el concho, valiéndose de uno de los recursos utilizados por las personas para asegurar la subsistencia o avanzar en sus proyectos de vida, el pluriempleo.

Un registro de propietarios y sus vehículos que enlazados electrónicamente, dedicarán parte de su tiempo a movilizar personas en un tema particular, fuera del control de las autoridades, quizás por aquello de «a mar revuelto, ganancia de pescadores».

Pero resulta que el de los taxis, junto con el transporte interurbano, es de los pocos negocios que operan en el tránsito con regulaciones más o menos efectivas, y donde se reportan menos problemas, lo que quieren aprovechar los empresarios de Uber, minimizando costos y riesgos.

Otra cosa sería, disputarle las rutas a los «sindicatos» que manejan el concho y las voladoras en Santo Domingo y ciudades del interior, así como también las rutas inter urbanas que controlan al margen de las empresas con más tradición y organización en el servicio.

Los dominicanos que nos desenvolvemos en la metrópolis vivimos sometidos a un stress de insospechables consecuencias para la salud, pues los congestionamientos ya no son de horas pico, sino de todo el día.

En esas circunstancias, y como traído por las greñas se nos presenta UBER, una nueva opción que si resultara eficaz en lo que se refiere a políticas públicas podría ser de provecho para los consumidores y para algunos desempleados, incomparables en número con los posibles desplazados.

Uber es una multinacional norteamericana dedicada a la renta de vehículos cuyos conductores brindan un servicio privado cuyas operaciones han sido fuente de conflicto en los diversos países donde se ha instalado, algo muy fácil de comprobar en la Internet, con solo teclear su nombre.

Su modus operandi basado en una aplicación tecnológica, le ha granjeado dificultades que radican fundamentalmente en la competencia desleal.

Se ha visto en Europa y en los países latinoamericanos, el mismo panorama que se viene sucediendo, en nuestro país como si fuera una réplica.

Las autoridades nacionales están obligadas a exigir el respeto a lo que en materia de seguridad vial concierne, lo que contemple la Ley de Tránsito vigente 241 y sus Leyes Complementarias, no solo lo relativo al fisco como se ha venido hablando desde el litoral de los defensores de la libre empresa.

Uber ha perdido muchas batallas en su haber, y podría perder otra en la República Dominicana si sus propietarios y representantes insisten en violar la ley, o en actuar como sindicalistas choferiles del patio.

El momento es propicio para volver a llamar la atención sobre el proyecto de ley que pretende establecer un nuevo ordenamiento en lo relativo al desplazamiento y la seguridad vial, para que no quede fuera ningún aspecto importante y se establezcan claras lineas de autoridad, de suerte que en lo sucesivo nadie encuentre resquicio para violentar lo establecido, o que en su defecto, reciba las sanciones que correspondan.
Más que en el negocio de los transportistas, hay que pensar en los pasajeros.