Opinión

En lo que ha parecido ser un asalto oportunista al poder de parte de la derecha Brasileña, Dilma Rousseff se encuentra actualmente al borde de su destitución definitiva, o como bien destaca el título de éste artículo, a un paso del precipicio. Tal situación se presenta tras aprobarse el pasado miércoles la celebración del proceso acusatorio final, previsto para el 29 del presente mes de agosto.

Obviando el canal idóneo que la democracia prevé para acceder al poder y que en efecto garantiza la legitimación por parte del pueblo, la clase conservadora de Brasil, políticamente representada por una coalición de partidos encabezados por el PMDB y su actual presidente interino, Michel Temer, ha optado por arrebatar al Partido de los Trabajadores la dirección del Estado,alegando malas prácticas que en teoría deben ser probadas durante el impeachment. Sin embargo, en un juego retorico de acusaciones, el Senado concluyó que la primera mujer mandataria del país ¨no respetó las normas presupuestarias¨ con argumentos no muy claros.

Así lo hacía constar el abogado defensor de la presidenta actualmente suspendida, José Eduardo Cardozo, al manifestar que en éste proceso se procura apartar a una mandataria electa legítimamente por el pueblo, sin poder probar los hechos que le imputan, tal y como lo exige la Constitución. No obstante, en una sesión de aproximadamente unas 20 horas, que podría tildarse de maratónica, los votos a favor de proseguir con el proceso de destitución superaron 59 a 21 a los que apelaban por la reposición de Rousseff, rebasando la mayoría simple de 41 votos. En consecuencia, un proceso legal que estaba previsto para extenderse por un plazo de hasta 180 días, ha sido acelerado al punto de poder culminar en menos de cuatro meses, si tomamos en cuenta que la suspensión formal tras la aprobación de la impugnación fue efectiva el 12 de mayo.

La prisa por parte de los congresistas opuestos al gobierno de Dilma, podría estar motivada por las presiones del actual presidente interino, quien ha solicitado manifiestamente a los senadores que avancen el proceso de enjuiciamiento, que le permitirá en cuanto antes poner en marcha las medidas económicas que requiere Brasil, según su programa de gobierno.

Michel Temer, un conservador cuyos intereses se alinean al sector privado, ha generado grandes expectativas entre el empresariado y los banqueros, lo que se ha traducido en un repunte de la Bolsa de Sao Paulo y la cotización de la moneda brasileña. El inconveniente de un casi inminente gobierno de Temer, está en la reinserción de una agenda neoliberal que a nivel mundial ha sido masivamente crítica, así como la aplicación de políticas públicas que reduzcan las conquistas sociales y aumenten la brecha de la desigualdad.

Estas recetas económicas, propias de los gobiernos conservadores al servicio de la clase dominante, han sido extensamente analizadas y criticadas por economistas de la talla de Paul Krugman, Thomas Piketty y Joseph Stiglitz.

La clase conservadora no le ha perdonado al PT los éxitos obtenidos a través de sus icónicos programas sociales, con conquistas que han brindado un equilibrio ante el cúmulo de poder por parte de un pequeño porcentaje de la población, por lo que, con el acceso al poder tras la destitución de Dilma Rousseff, culminarían con 13 años de gobierno progresista al servicio del común de los brasileños, uno cuyos principales errores no son precisamente lo que hoy le está costando la gestión del Estado.

Así se explica que, entre sus detractores, las acusaciones contra Rousseff sean tan variadas y poco articuladas, como sostener que tiene falta de habilidad para gobernar; que aplicó arbitrariamente políticas de intervención económica; o que, simplemente no debe retomar el poder, sin importar de qué se le acuse. Desde un primer momento, la mandataria ha sido firme en negar las acusaciones, tildando de intento de golpe y conspiración los aprestos para su enjuiciamiento político.

Como bien analizábamos en el trabajo publicado la semana pasada, a pesar de la impopularidad por la que atraviesa la gestión del PT bajo la presidencia de Dilma, Michel Temer cuenta con una amplia taza de rechazo que ha llevado a que un 70% de los brasileños prefiera la celebración de nuevas elecciones, a un simple traspaso o arrebato del poder por parte del PMDB.

Hasta el momento Rousseff se ha opuesto a la posibilidad de renunciar, por entender que tiene el derecho de encabezar un gobierno para el cual fue soberanamente electa con más del 54% de los votos, para un mandato que no culmina sino hasta el 2018. Sin embargo, el veredicto del próximo 29 se perfila desde ya como ¨La crónica de una muerte anunciada¨, por no existir en la oposición la voluntad de que prospere la objetividad, y menos de admitir concesiones que permitan la reposición del gobierno en suspensión.

Es un hecho que la crisis económica, producto tanto de la caída en los precios del crudo como de la reducción en las ventas de materia prima, han jugado un papel de principalía en la evolución del proceso. La corrupción, por su parte, ha sido un cáncer que ha hecho metástasis en el sistema político brasileño, no sin antes permear al empresariado, que se ha beneficiado de lujosos contratos del Estado a través del sistema de sobornos.

Michel Temer no escapa a esa realidad, y a pesar de prometer medidas económicas que encaminen a Brasil hacia una nueva etapa de progreso, la dimisión de tres de sus Ministros y las delaciones que le señalan como uno de los beneficiarios de la enredada trama de Petrobras, amenazan con llevarse por efecto de gravedad sus aspiraciones de consolidarse en el poder.