La disposición expresada por el Presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas y toma de posesión ante las Cámaras Legislativas el pasado 16 de agosto, entre sus variados aspectos auspiciosos, presenta la novedad de su intención de afrontar la siniestralidad en el tránsito mediante un Consejo de Seguridad Vial.
Desde el nacimiento de la República, es la primera vez que un mandatario hace referencia al tema, sin dejar dudas de la suficiente voluntad política para intervenir en la problemática, tal como lo demanda la sociedad y lo exigen las estadísticas.
Aunque todavía no están claros algunos conceptos, la señal evidentemente es positiva para el país, que ocupa en el ranking mundial una posición poco afortunada de tasa de mortalidad a causa de traumatismos por incidentes de tránsito.
Desmontar los fatídicos indicadores de morbilidad, mortalidad y accidentalidad viaria no será una tarea fácil, e indiscutiblemente requerirá el concurso entusiasta de todos los ciudadanos, de alguna manera usuarios de las vías públicas.
Existe un proyecto de ley en discusión en las Cámaras Legislativas, que contempla una entidad denominada INTRANT, Instituto de Tránsito y Transporte, que subordina la Seguridad Vial a las políticas del transporte, lo cual de entrada no garantiza la sostenibilidad de los objetivos planteados.
Sin embargo, el hecho de implantar por decreto la formación de un consejo rector de dichas políticas, separadamente de la Autoridad Única del Transporte, genera cierta confianza en la comprensión del tema y mayor esperanza en el diseño de una pieza suficientemente bien estructurada como para pautar prácticas realmente efectivas y perdurables.
Otro aspecto a destacar en el discurso del Presidente Danilo Medina, es el reconocimiento de la urgente necesidad de aplicar un Plan Nacional de Seguridad Vial como instrumento para disminuir la siniestralidad en la circulación.
Las buenas prácticas de políticas públicas en la materia, aconsejan que esta iniciativa sea previamente consensuada con los diversos sectores de la vida nacional con la finalidad de armonizar y lograr resultados exitosos, y el concurso de toda la colectividad.
Desde su primer mandato, el presidente Medina ha prometido gobernar con la gente y para la gente, compromiso reiterado en su toma de posesión para los próximos cuatro años; y sus ejecutorias y previsiones en áreas fundamentales como la alimentación, la salud, la educación y el manejo de la economía llevan a suponer que también en el aspecto de la Seguridad Vial, se pondrá el suficiente ahínco y esmero.
La transparencia y el consenso también han estado dentro del estilo del gobernante que auspicia las veedurías y que rehúye la discusión de sus propuestas.
Durante los cuatro últimos años la meta del gobierno, orientada a las necesidades primordiales, implicó la intervención por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en miles de kilómetros de las infraestructuras viales con trabajos de construcción y reconstrucción.
“Esto incluye más de 3,200 kilómetros de carreteras, 3,400 kilómetros de reconstrucción de calles y 2,275 kilómetros de caminos vecinales y carreteras rurales”.
Y en el próximo cuatrienio, entre otros proyectos, está previsto concluir 10 importantes obras: La circunvalación de Baní, la circunvalación sur de San Juan, la de Azua, la de Cabarete, la prolongación de la circunvalación norte de Santiago, la carretera Navarrete – Puerto Plata, el tercer tramo de la Circunvalación Juan Bosch en Santo Domingo, el paso a desnivel de la Avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste, la carretera Hato Mayor- El Puerto- Bayaguana y la Circunvalación de San Francisco de Macorís.
Paralelamente, continuarán las brigadas en todo el país, mejorando los caminos vecinales para asegurar vías dignas para el transporte de personas y mercancías.
En este enfoque, no deberíamos perder de vista que, en nuestro país, la buena calidad del pavimento también se constituye en un factor de riesgo, si no la acompañamos de las previsiones y normativas que aconsejan la seguridad vial.
Muestra de ello, son los numerosos accidentes con altísimos saldos de víctimas, ocurridos precisamente en las vías terrestres de mejores condiciones estructurales en las diversas regiones del país, donde usuarios o autoridades no han tenido el comportamiento apropiado en términos de seguridad, o simplemente ha faltado previsión.
A los 70 mil millones de pesos en créditos a los productores agropecuarios previstos para este cuatrienio, habría que sumar la millonaria inversión en construcción y rehabilitación de cientos de kilómetros de caminos vecinales y carreteras rurales, con un impacto significativo en la comercialización, el consumo y los precios.
La mejoría en las infraestructuras, con miles de kilómetros de carreteras, caminos vecinales, impacta en la disminución de la pobreza rural que en el periodo pasado se redujo en 11%, dijo el Presidente Medina.
“…seguir modernizando nuestro país y uniéndolo de norte a sur y de este a oeste, para que ningún dominicano quede fuera del tren del progreso, es una loable tarea, no exenta de riesgos que pueden ser prevenibles, al menos en lo atinente a la movilidad humana.
Para las familias que cada mes tienen que destinar entre un 20% y un 25% de sus ingresos para ir al trabajo o llevar sus hijos a la escuela, la mejora del transporte es una urgente necesidad, y que se pueda reducir este gasto hasta en un 30%, una contribución importante a la calidad de vida de millones de personas.
La innovación de un Sistema Integrado de Transporte Público con un mecanismo de pago único, que permita regular los costos, a implementar en el gran Santo Domingo para luego continuar con las demás ciudades del país, merece una mención especial.
A partir de los corredores troncales, se desarrollaría el Sistema Urbano de Buses Alimentadores, integrando a los operadores privados en un nuevo modelo de negocio, que garantice las inversiones y promueva un servicio de calidad.
El Gobierno además promovería la creación de empresas, a través de la capacitación y formalización del sector transporte, convirtiendo los actuales operadores independientes en entidades organizadas que garanticen el servicio y la calidad de vida de los choferes, que pasarían, de trabajar 16 horas al día, a una jornada más humana con el sustento garantizado a través de un trabajo digno y los beneficios de la seguridad social.
Desde luego, la rentabilidad de estas inversiones está íntimamente ligada a la seguridad vial, pues los percances viales anualmente se llevan una proporción del Producto Bruto Interno, equivalente al presupuesto de varios ministerios.
El presidente Medina habla de una auténtica política de transporte público y de mejorar la coordinación interinstitucional de las competencias de las antiguas instituciones del sector.
Al mismo tiempo contempla el Plan Nacional de Seguridad Vial para la prevención de accidentes de tránsito, mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que coordine a todos los organismos involucrados en la solución de esta gran problemática.
Como medida transitoria, en las próximas semanas el mandatario emitirá un decreto para la creación de la autoridad única de transporte, con la superar la disgregación y las duplicidades.
En espera de la aprobación de la nueva ley de transporte, vialidad y seguridad vial, este decreto mejoría la coordinación, integrando las responsabilidades de los dispersos organismos en un único ente regulador.
De esta manera, la autoridad única comenzará a trabajar con las instituciones y los operadores privados. “Y veremos así el principio del fin del problema del transporte en el país”.
Tenemos que solidarizarnos con las iniciativas sin precedentes del presidente Medina, siendo creativos como aconsejara el profesor Juan Bosch, para que contribuyamos a una solución ágil, real y definitiva en lo atinente a la Seguridad Vial, y que nuestras vidas y las de los millones de turistas que nos visitan, no sigan a expensa de un transporte, de un desplazamiento terrestre, rodeado de graves peligros.
