Opinión

Brasil y el riesgo de la destrucción

El juicio político con el cual se acaba de interrumpir el segundo período gubernamental de la presidenta Dilma Rousseff, en Brasil, es una estocada mortal al desarrollo democrático de ese país, y a su economía, en el cual se ha utilizado un mecanismo invocando herramientas jurídicas, pero forrado de un cuerpo político, de manera estratégica por el control del poder. Pues sin lugar a dudas, en este detalle reside el riesgo a que se ha empujado a la economía y a la democracia que conduce directamente a la destrucción de ambas, pero que puede tener un efecto de contagio y trascender en la región de América Latina.

Debemos recordar que este mismo mecanismo de interrupción del periodo gubernamental ya había sido practicado en Honduras y Paraguay, donde ambos congresos, sin argumentos sustentables, atrofiaron la democracia y la economía. Nada han resuelto estos golpes de Estado forrados de mecanismos jurídicos que cuestionan el nivel de avance en el continente, pues la historia se repite en Brasil.

Estas destituciones tienen como denominador común que detrás están los sectores más conservadores de esos países, lo que pone en evidencia la existencia de sectores oscuros que cada vez toman mayor fuerza para oponerse al progreso democrático y económico de estas naciones. Pero en el caso de Brasil, estos sectores ultraconservadores han aprovechado la grave crisis institucional y la profundización de la crisis económica, la cual se ha expresado en una polarización, en lo social y en lo político.

Es en ese contexto que se puede identificar situaciones multifactoriales que explican la dimensión de la crisis económica y política que viabilizaron el golpe de Estado técnico, utilizando la vía legal. En efecto, resulta inocultable la presencia de la crisis económica, inducida por el desplome de las exportaciones hacia China, la insostenibilidad de las desgravaciones fiscales, desde el 2010, la cual impactaba en las cuentas públicas, y los disgustos del sector empresarial, así como los aumentos en la tarifa eléctrica que desataba el descontento de la población.

Este malestar que se había generado en la economía brasileña, fue canalizado por los sectores opuestos al gobierno de Rousseff para resaltar las insatisfacciones de los servicios públicos, combinada con los ajustes fiscales que el gobierno introdujo de manera imprevista. Sin lugar a dudas, que esto provocaba que la población comenzaba a rechazar al gobierno desde el 2012 en un 7%, cuya desaprobación a la gestión crecía en un 26% al inicio del 2015 y que se disparaba a un 69% en el primer trimestre del 2016, situación que fue capitalizada por la oposición para promover un juicio político en el seno del congreso, donde existe una composición de 28 partidos, los cuales asumieron la decisión de provocar una salida forzosa a la presidenta Dilma Rousseff.

Es ese cuadro que explica la crisis política de Brasil que ha provocado la destitución de la presidenta Rousseff, legitimada por más de 54 millones de ciudadanos, pero que 61 personas se autoproclamaron con derecho a desligitimar a la democracia y crear las condiciones para su destrucción y arrastrando a la economía.

La situación es de tal magnitud que lo que prevalece en Brasil no es cómo empujar la economía hacia su recuperación, sino un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno donde las acusaciones tienen más importancia que las causas reales de la crisis en la economía.

Visto todo el proceso de aplicación del denominado impeachment para legitimar la destitución de la presidenta Rousseff, ahora sale a relucir que no existen razones demostrables que hayan conducido a justificar el juicio político que condujo a interrumpir el ejercicio gubernamental legitimado. No hubo prueba de corrupción, no se demostraron violaciones constitucionales. Por igual, no se pudo demostrar que la Presidenta orquestaba una estructura de corrupción alrededor de la empresa estatal, Petrobras.

Dado que la economía transita por la vía de la crisis, esto para nada justifica un juicio de carácter político, pues dicha crisis es que genera la crisis política que la oposición ha convertido en una dimensión que lo único que ha conducido es a crear las bases para la detrucción. La crisis económica brasileña es la misma que transitan todas las economías, como es el déficit fiscal, aumento en dos dígitos de la inflación, 14.5%, contracción en sus exportaciones, recesión en el crecimiento del PIB, distorsión coyuntural entre la política monetaria y fiscal, devaluación de su moneda y caída de la inversión extranjera directa.

Independientemente de cualquier eventualidad interna que haya activado las alarmas de crisis en la economía de Brasil, una valoración objetiva y detenida sobre las causales de crisis, a la luz de la razón ha de ponderar que el mayor catalizador del escenario de crisis está explicado por la situación de estancamiento que ha venido atravesando la economía mundial, un sistema financiero interno con débil regulación, permitiendo que los intereses cobrados sean los más elevados de la región, exceso en el coeficiente de deuda externa y un sistema tributario que permite que se evadan más de US$575,000 millones vía paraíso fiscal, equivalente a un 20% del PIB. Esta es la realidad cruel de la crisis económica y política de Brasil.

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