El pasado mes de octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reunió al conjunto de los países de la región, con el propósito de adoptar una estrategia para la implementación de la agenda regional de género en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El instrumento político-técnico adoptado, que contempla los compromisos de los Gobiernos latinoamericanos con la igualdad de género, se ha denominado la Estrategia de Montevideo, y conmemora el 40 aniversario de la adopción de la primera agenda regional de género, aprobada en la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, celebrada en La Habana, Cuba en 1977.
Al aproximarse la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, fecha inspirada en nuestras Hermanas Mirabal, se hace imprescindible la reflexión en torno a las discusiones que han llevado a la Estrategia de Montevideo, en especial el llamado a garantizar a las mujeres una vida sin violencia.
De acuerdo al Banco Mundial, la violencia de género afecta más a las mujeres entre 15 y 44 años, que el cáncer, los accidentes de tránsito, la guerra y la malaria. Las mismas estadísticas indican que 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en el curso de sus vidas.
Una agenda efectiva para abordar este flagelo, pasa por la definición de políticas sectoriales y transversales que garanticen a las mujeres sus derechos en torno a su diversidad. Para ello, el empoderamiento de la mujer en torno a sus derechos y a su capacidad económica, deben ocupar el primer y segundo lugar en la lista de prioridades a abordar, porque como hemos dicho antes, donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan.
En la actualidad, el panorama económico, político, ambiental y social incierto y desfavorable que enfrenta América Latina y El Caribe, es a la vez una oportunidad para generar “políticas públicas para alcanzar la igualdad sustantiva”, tal y como lo afirma la CEPAL.
La violencia contra la mujer requiere de acciones impostergables, ya que se trata de una violación al derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Se requieren inversiones económicas para implementar las políticas necesarias, ya que “la inacción en esta materia genera altos costos para la sociedad”.
La CEPAL afirma que “en el caso de la violencia de género, el impacto en la economía es mensurable y obliga a tener en cuenta que el desarrollo de una sociedad depende también del ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.”
De igual manera debe considerarse el costo hacia la familia, ya que cada feminicidio acarrea consigo una triple tragedia: la muerte de la madre, la desaparición del padre y la ausencia de ingresos para que los niños y niñas puedan sobrevivir. Es lo que nos ha impulsado a la implementación de un Protocolo de Atención a Niños y Niñas víctimas de feminicidios, que asegure una oportuna atención psicológica, un acompañamiento afectivo y una atención a su bienestar integral.
Estamos ante un complejo entramado de causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, no solo en nuestro país, sino también en toda la región, que hace relevante la inversión que el Estado realiza para enfrentar este flagelo.
En definitiva, se requiere de una cambio cultural que condene toda expresión de violencia de género, sin importar su dimensión. Es una tarea de toda la sociedad, que toma nuevo impulso en la Estrategia de Montevideo, como un renovado compromiso contra las brechas que existen en la lucha por la igualdad de género y una vida libre de violencia para todas las mujeres.
