Opinión

Como se sabe, dentro de la clasificación general de la ciencia, la economía es una ciencia fáctica, que a su vez, es una ciencia social porque está referida a hechos de la vida diaria. Estos hechos son las relaciones humanas entre individuos en su afán egoísta de satisfacer sus necesidades ilimitadas con recursos escasos en la medida que estas necesidades puedan ser cuantificadas en términos de riqueza, es decir, en su expresión más simple en dinero.

Por igual, sabemos que un sistema económico está formado por millones de personas que se dedican a muchas actividades económicas, en donde se desarrolla un conjunto de leyes, modelos que explican la realidad, de modo que a partir de ellos se pueden hacer predicciones de lo que puede ocurrir si se mantienen las condiciones iniciales. En todo caso esto tiene una sustentación en lo que se conoce como la teoría económica que es la plataforma del análisis económico, el cual proporciona a los economistas un esquema de la forma como funciona un sistema económico, es decir, las causas y efectos de los fenómenos económicos.

El avance y profundización de la teoría económica ha dado paso al surgimiento de múltiples disciplinas que se ocupan de analizar los fenómenos sociales que encuentran explicaciones desde una visión económica.

En efecto, de manera silenciosa, pero firme, aparece una corriente que explica las causas y efectos de las acciones de los individuos para delinquir, a lo cual se le ha denominado la economía del crimen, impulsada por economistas que se han formado como abogados, o viceversa.

Como disciplina del saber, la economía del crimen viene a preocuparse de tres elementos fundamentales que son de inquietud ante la ola generalizada y creciente de la delincuencia de manera universal, pero como manifestación contundentes en economía emergentes. Esos tres aspectos han sido del interés, tanto de la teoría microeconómica, así como de la teoría macroeconómica, las cuales se sustraen al incentivo que tiene el individuo para delinquir, los costos financieros y el mercado del crimen, la conjugación de estos elementos es lo que constituye el crimen organizado.

Bajo ese enfoque es que la teoría económica interpreta que la agrupación de las distintas conductas delictivas en una oferta global de crimen y, por otro lado, la monetización de los costos y beneficios no pecuniarios se han ido consolidando dentro de la vertiente teórica de la economía del delito. En tal sentido, se entiende que uno de los principales incentivos que tiene el individuo para delinquir es la sanción esperada y la probabilidad de arresto del infractor.

En relación a los costos que representa la criminalidad, la economía del crimen explica de manera contundente que el aumento del crimen tienen consecuencias negativas para las finanzas públicas ya que para contrarrestar el crimen se requiere redefinir la politica criminal de un país, por tanto, aportar más recursos financieros.

En tal sentido, se entiende que el gasto público en seguridad, justicia y sistema carcelario, ha de incrementarse fruto de la modificación de la conducta delictiva, pero a su vez, está la preservación de la vida humana, el miedo, la intranquilidad, situación que impacta de manera directa en las actividades productivas y el incremento de los precios de los bienes para garantizar la certidumbre y seguridad, caso de los inmuebles.

Por el lado de la existencia de un mercado del crimen, la teoría de la economía del delito interpreta que la existencia de la oferta agregada del crimen, que promueve las actividades ilegales, resulta de la sumatoria de todos los infractores y sus conductas individuales y sus disponibilidades para cometer un crimen a cualquier precio. Aunque estos elementos procuran tener una explicación de carácter económico, para el análisis de los asuntos criminales se remontan al siglo XVIII, en realidad como área de corriente de estudio para la economía, como elemento de reflexión, se ubica para mediado de la década de 1970.

Los doctrinarios de la economía del crimen encuentran que la conducta delictiva del individuo parte de un patrón de racionalidad para delinquir, que les permite planificar sus actos y que toman decisiones sobre la base de calcular los costos y beneficios subjetivos, donde se convencen de que las ventajas superan cualquier eventualidad negativa de dicha actuación. En tal sentido, el individuo actúa consciente de que delinquir es la opción más beneficiosa que cualquier alternativa de generar ingreso, por igual, lo relativo a la respuesta que el sistema penal de justicia, o más bien, el esquema de sanciones existente, y que el delincuente lo vincula con las expectativas acerca de su desempeño en el ámbito legal.

Para la economía del crimen, la respuesta del sistema penal y una mayor probabilidad de arresto de los delincuentes y la magnitud e intensidad de las sanciones impuestas tienden a incidir en el incremento o disminución de los actos delictivos.

Pero es que se llega a la conclusión de que cuando un individuo realiza actos delictivos con una frecuencia intensa se está frente a un individuo enfermo, capaz de cometer cualquier acto criminal sin arrepentimiento de nada, incapaz de someterse a la obediencia e irreverencia de la ley, al tiempo que situación socioeconómica no justifica su decisión para delinquir.